Más contradicciones del Gobierno: subsidios para los que más tienen
Crecen desproporcionalmente las partidas presupuestarias hacia este destino pero son los segmentos de alto poder adquisitivo los que mayormente se ven beneficiados. Progresismo invertido.
La crisis generada por la cuarentena impacta de lleno en la economía de nuestro país. Y esto se agrava con la pobreza perforando el techo del 40% de la población y la falta de trabajo que existe en el mercado laboral.
Frente a este escenario el Gobierno anuncia un aumento de la ayuda para los sectores más vulnerables de la sociedad que son los que peor la están pasando en esta coyuntura.
Pero paralelamente, a la administración Fernández le cuesta tomar decisiones clave en materia económica para revertir esta situación y se empantana es discusiones estériles que desembocan en la utilización poco eficiente de los escasos fondos públicos con los que cuenta. En este momento de extrema gravedad social quien debe recibir ayuda debe ser aquella persona o familia que verdaderamente lo necesita. Hoy, con algunas partidas de subsidios, esa consigna no se está cumpliendo.
Las transferencias corrientes del Estado Nacional de carácter económico (subsidios) a empresas públicas, Fondos Fiduciarios y al sector privado totalizaron en el primer trimestre del año los 162.800 millones de pesos, cifra que representa un incremento interanual del orden del 174% muy por arriba de lo que fue la inflación para este mismo período.
Desgranando los datos oficiales se observa que los subsidios a la energía en este primer trimestre del año fueron los que más crecieron: se triplicaron respecto del mismo período de 2020 y representan dos de cada tres pesos de los subsidios totales que destina el Estado a la economía.
Esta dinámica encendió algunas luces de alerta hacia el interior del Ministerio de Economía, desnudando relatos y miradas existentes. La Administración Pública Nacional (APN) abona actualmente subsidios por la importación, generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas; por el consumo residencial de garrafas; al transporte automotor, ferroviario y aerocomercial; y a otros (sector agropecuario e industrial, provisión de agua y saneamiento y otras empresas públicas). De estas transferencias, las que tienen un mayor peso son las destinadas a abaratar los servicios energéticos, disociando el costo de la electricidad y el gas del precio pagado por los hogares.
Un reciente estudio elaborado por la Consultora Ecolatina señala que los subsidios vienen elevándose al ritmo del retraso tarifario, generando una distorsión de precios poco sostenible que eventualmente deberá corregirse, aunque más no sea parcialmente.
Pero si bien aporta sostenibilidad a la dinámica de las cuentas públicas, subir las tarifas de gas o electricidad no es algo inocuo: tiene impactos sobre los ingresos de los hogares, reduciendo su capacidad de consumo, y, además, sobre la dinámica inflacionaria. Desde este punto de vista puede comprenderse el motivo para postergar las actualizaciones, ya que las mismas agravarían la caída del salario real en una economía muy golpeada. Y a la vez, sumarían tensiones a una inflación que no da tregua.
Sin embargo, del otro lado del mostrador, se esgrime que es posible segmentar a los usuarios, con la intención de incrementar el pago únicamente de aquellos sectores que puedan afrontarlo. Este contrapunto es fundamental, ya que, dadas las características de los subsidios energéticos en la actualidad el diseño de la transferencia es universal (todos perciben este beneficio).
“En primer lugar, esto significa que el monto recibido por los usuarios de menores recursos representa un porcentaje mayor de sus ingresos, en tanto las tarifas tienen un peso mayor en su canasta de consumo. Sin embargo, a la vez, quienes más poder adquisitivo poseen reciben una mayor porción de subsidios totales, en tanto utilizan más gas y electricidad. Este problema de equidad podría ser resuelto diferenciando a los usuarios”, destaca el trabajo de Ecolatina.
En este sentido señala el escrito que, considerando las experiencias del IFE y la Tarifa Social Eléctrica, las bases de datos de AFIP y de Anses, entre otros, pareciera viable técnicamente la segmentación de los subsidios y así lo argumenta el ministro Guzmán en su interna por quebrar el relato kirchnerista.
Este procedimiento agudizaría la progresividad y ayudaría a corregir los beneficios que toma el segmento pudiente de la sociedad sobre dicho gasto. Sin embargo, la implementación de este esquema sigue postergándose, provocando que el desfasaje entre las tarifas y la inflación del resto de productos sea cada vez mayor.
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