Más convivencia, más riesgo de violencia: alerta en la Justicia

Una lamentable realidad es admitida por funcionarios del Poder Judicial: el aislamiento social obligatorio por el coronavirus implica más tiempo de convivencia y para algunas mujeres y niños, eso significa mayor riesgo de sufrir violencia familiar.

Por eso, la Justicia rionegrina reglamentó su esquema de trabajo para las próximas dos semanas, poniendo especial atención en ese tipo de situaciones.

“Los casos de violencia doméstica se consideran cuestiones urgentes que ameritan movimientos de excepción a la cuarentena”, explicaron desde el área de Comunicación del Poder Judicial.

Ante esa realidad, el Superior Tribunal de Justicia dispuso que los juzgados de Familia de toda la provincia cuenten con guardias pasivas, es decir sin concurrencia al lugar de trabajo, pero a disposición para tener que hacerlo si se presenta una urgencia.

El artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial enumera cuales son los “asuntos urgentes”. Incluye medidas cautelares, las acciones de garantías individuales, acciones derivadas del derecho de Familia cuando se involucre a niños, niñas y adolescentes o personas con capacidad restringida y denuncias sobre violencia familiar y de género, entre otras.

En la Acordada emitida el jueves por la noche, el STJ y la Procuración General decidieron establecer guardias pasivas para magistrados, magistradas, funcionarias y funcionarios determinados, que deberán permanecer en sus hogares, pero atentos a novedades surgidas desde los respectivos edificios del Poder Judicial o unidades policiales.

Además, se resolvió que, en caso de urgencia, los respectivos Jueces delegados del Superior Tribunal de Justicia o el Procurador General pueden convocar a magistrados o funcionarios que no se encuentren en guardias. A tal fin deben tener activados sus teléfonos públicos y privados. Asimismo, el Fiscal del caso puede convocar a los cuerpos técnicos auxiliares de OITEL, OFAVI y Unidades Operativas dependientes de la Procuración General.

En el ámbito penal, todo delito que tenga detenidos implicará la actuación de un fiscal, que decidirá los pasos a seguir. Si se le imputan cargos, deberá intervenir un juez y entonces se habilitarán las salas de audiencias del Poder Judicial.

Serán los propios magistrados y funcionarios designados los encargados de operar el sistema videograbado para llevar a cabo la audiencia. Ingresarán, entonces, en las excepciones de servicios esenciales que prevé el decreto presidencial y la Acordada del STJ.