Más de 9.500 infractores al aislamiento en Río Negro

Más de 9.500 personas fueron imputadas en Río Negro por violaciones al aislamiento dispuesto por el Covid 19, que están incluidas en unas 7.550 causas penales.

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La mayoría -más de 6.000- ya aceptaron cumplir con algún aporte o labores de reparación, que se dieron en hospitales o comedores. El monto desembolsado ya rondaría los 10 millones de pesos.

El ministerio Público alentó acuerdos en el marco del llamado “criterios de oportunidad”, que están sumando unos 5.000 entendimientos entre el imputado que admite la violación de las pautas fijadas -en este caso, enmarcado en los artículos 205 y 239 del Código Penal- y asume “reparar el perjuicio ocasionado a través de un aporte en horas de trabajo comunitario, dinero o bienes en favor de la sociedad”.

El resto todavía no concluyó con su resolución o, directamente, fue archivado porque la infracción fue menor, no pudo sostenerse, como también, un porcentaje tendrá su continuidad en juicio porque el imputado no aceptó un acuerdo o la violación forma parte de otros delitos penales mayores, como robos, daños y lesiones, por ejemplo.

Con 9.552 infractores alcanzados, el Ministerio Público informó de 7.550 legajos tramitados por incumplimientos -que se centran en el 2020, con 76% de las causas– y un 70% fueron resueltos por el mencionado entendimiento entre partes, arrojando unos 10 millones de pesos ingresados a los hospitales, centros de Salud, comedores y merenderos. Una parte de los compromisos fueron tareas comunitarias.

Lejos Bariloche registró el número mayor de infracciones y, consecuentemente, causas que rondan el millar, con unos 4,6 millones desembolsados por los imputados.

Esta cantidad combina diferentes variantes, desde el incumplimiento a la cuarentena de los vecinos al despliegue y actitud policial frente las violaciones, pasando por la predisposición de las fiscalías. En el caso de Bariloche, la actuación de fuerzas nacionales fue importante y esas violaciones se tramitaron en la Justicia Federal.

Por su parte, Roca, Cipolletti y Viedma caen en los registros de causas por violaciones, entre 300 y 400, y los aportes dinerarios -hasta ahora, de las acordadas- oscilan entre 500.000 a 600.000 pesos, en cada una.

Otras ciudades muchos menores superaron esos rangos, como Choele Choel, con cerca de un millón de pesos, con menos de 200 expedientes, y Río Colorado, llegando a los 800.000 pesos, con casi 400 trámites de “criterio de oportunidad”.

Catriel refleja un caso particular, con más de 1.500.000 pesos, a pesar que las causas solo fueron medio centenar. Ocurre que su intendenta Viviana Germanier resolvió una carga local, consistente en el secuestro del vehículo y un costo de recuperación de 50.000 pesos.

Por su parte, los resarcimientos acordados entre fiscales e imputados oscilan de 1.000 hasta 140.000 pesos, variando por las “posibilidades económicas” del infractor y la particularidad de la violación, detectándose que las cantidadores mayores responden a las fiestas clandestinas.

Los aportes -mayormente- fueron a hospitales, representando el 75%, mientras el resto se destinaron a comedores y escuelas, siempre según el entendimiento de las partes.

Algunos se centraron en ordenes de compras, con destinos específicos, o directamente entregas de bienes, como 10 pares de zapatillas en favor de un comedor de Bariloche; pisos y refrigerador para otro de la misma ciudad; frutas y verduras para familias carenciada de Comallo, una cocina para el centro de Salud de El Manso y, entre otros, tareas de pinturas en la Brigada Rural de Río Colorado.

“Salidas alternativas”

El Ministerio Público resaltó que el 70% de las causas se buscaron “salida alternativas vinculadas con el reconocimiento del hecho y su solución pacífica”. La evaluación -explicó- “comenzó con las las condiciones de quien infringía” las pautas fijadas, “si tenía antecedentes penales, que actividad realizaba y si ya había sido advertido anteriormente”.

El otro análisis consiste en si hecho es “de bajo impacto en el interés público”, tras lo cual, “los fiscales ofrecen” un acuerdo, que es lo llamado “criterio de oportunidad”, a partir que los imputados pueden “reparar el perjuicio ocasionado a través de un aporte en horas de trabajo comunitario, dinero o bienes materiales en favor de la sociedad».

Se recuerda que el artículo 96 del Código Procesal refiere al “criterios de oportunidad” como la “posibilidad de prescindir totalmente o parcialmente de la acción penal o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho”.

Los dos artículos del CP enmarcados en estos casos son el 205, que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años” quien “violare las medidas adoptadas” “para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, mientras que el 239 fija “prisión de quince días a un año” para la persona que “resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.