Más videocámaras, la apuesta de Bariloche por la seguridad

Transitar por las calles de la ciudad y ver cada tanto, intercaladas con los postes de alumbrado, otras columnas aun más altas que sostienen ojos atentos de vigilancia “en 360” ya es un detalle más, integrado a la vida urbana.

Justamente dejar atrás la categoría de “novedad” y pasar inadvertidas es tal vez el mayor triunfo “cultural” de las videocámaras, que aportan información permanente a la Policía, a Protección Civil, al Splif y también facilitan imágenes a la Justicia, que las solicita a razón de “20 ó 25 oficios por día”.

El dato fue aportado por el subsecretario de Protección Civil, Raúl Quinteros, que aseguró que la presencia de las cámaras ya está incorporada por la población y también en cierta forma por los autores de delitos o de otras infracciones como las de arrojar basura, iniciar incendios o cometer faltas de tránsito.

“Está probado que el sistema funciona –aseguró Quinteros-. Observamos un desplazamiento en los robos e infracciones a los sitios que quedan sin cámaras y por eso la idea es lograr una cobertura cada vez mayor”.

Hace unos pocos años la gestión municipal se medía, por ejemplo, en función de las cuadras de asfalto construidas, el mantenimiento de las plazas o los cestos de basura colocados. Hasta que hoy un poco por la moda, por accesibilidad tecnológica y otro poco por la preocupación que genera la inseguridad, la presencia del Estado también se mide en cantidad de cámaras.

Atento a esa tendencia, el intendente Gustavo Gennuso subrayó en su último discurso de apertura de sesiones que actualmente hay casi 100 equipos de videovigilancia instalados en toda la ciudad y su objetivo es llegar a los 200 en un plazo de dos años.

Quinteros explicó que con ese número sería suficiente, porque Bariloche tiene unos 400 kilómetros de calle y está comprobado que cada una puede cubrir con buena calidad de imagen entre 2 y 4 kilómetros. Aunque de ser necesario puede escudriñar qué pasa a 10 kilómetros. “Desde la cámara de la rotonda Diarco se distingue a una persona que esté en el refugio Lynch del cerro Catedral. No el rostro, pero sí la ropa que lleva”, ejemplificó Quinteros.

Este servicio no existía en el municipio hace una década y comenzó a tomar forma en 2013, cuando la entonces intendenta María Eugenia Martini envió al Concejo el primer proyecto para instalar cámaras de control callejero y topó con la resistencia y la desconfianza de los bloques opositores.

Quinteros dijo que hoy existen 80 cámaras operativas, 14 “en condiciones de ser instaladas” (de las cuales 8 fueron donadas por juntas vecinales) y otras 20 en proceso de licitación.

Explicó que la extensión de este tipo de redes de observación se generaliza “a nivel mundial” y la tendencia es que la gestión de la seguridad “sea cada vez más cercana al ciudadano, es decir que no dependa de Nación o provincia, sino que se involucren los municipios, y hasta las juntas vecinales”.

Gennuso lanzó el año pasado la iniciativa de crear la “guardia urbana” municipal, pero encontró poco eco. Quinteros dijo que desistieron en ese momento para no generar una nueva carga presupuestaria cuando el municipio estaba en plena campaña y era incierta la identidad del nuevo gobierno. Ahora con la reelección asegurada se preparan para reflotar la idea.

Sobre las cámaras, el funcionario dijo que no hay una voluntad represiva de por medio. “No es vigilar y castigar, no es ‘te estoy mirando para que no hagas esto o aquello’ -afirmó–. Es aportar control y orden en el buen sentido. Evitar hechos vandálicos que perjudican a todos”.

Según la estadística que lleva Seguridad del municipio, los “eventos” registrados por las cámaras instaladas en la vía pública durante el último año fueron en un 14% accidentes vehiculares, 11% incendios, 2% violencia de género, 4% vandalismo, 3% robos, 9% disturbios y 35% “preventivos”.

Esta última categoría agrupa las actitudes que por alguna razón llaman la atención del vigilador y generan un alerta para intervenir. Por ejemplo conductas sospechosas que anticipan un posible robo, “consumo de estupefacientes”, un conductor que circula de manera peligrosa o el inicio de un posible incendio.

Los operadores del centro de monitoreo trabajan en colaboración permanente con la Policía y tienen vínculo inmediato con los sistemas 911 y 103, que canalizan llamadas de emergencia.

Quinteros explicó que para la instalación de nuevas videocámaras el municipio hace un “análisis geográfico” con participación de las juntas vecinales, comisarías y otras organizaciones, para detectar lugares “con mayor movimiento de personas o algún tipo de riesgo”.

Las cámaras empleadas son de tipo “domo”, con visión en 360 grados y características “antivandálicas”, es decir que resisten piedrazos y hasta disparos de bajo calibre. Permiten la visión nocturna, detección de rostro, zoom 36/72 y tecnología para seguimiento automático “smart tracking”. Esta última función permite programarlas para que se detengan y observen comportamientos predeterminados, sin intervención del operador.

El municipio también anunció la incorporación de cámaras aptas para lectura de patentes. Otro plan es el de “corredores escolares seguros”, para realizar “visualizaciones específicas” en los horarios de movimiento de alumnos cuando entran y salen de clases.

Los visualizadores trabajan 24/7

Trabajar como “visualizador” en el centro de monitoreo no es un algo complejo, pero exige cierto entrenamiento y especialización. El municipio cuenta con unas 20 personas preparadas para cumplir esa tarea, que hacen turnos rotativos en equipos de seis observadores y un supervisor. El esquema cubre las 24 horas durante los 365 días del año y cada agente puede monitorear en simultáneo entre ocho y doce cámaras.

La tarea está regida por un protocolo que establece la duración de los turnos (45 minutos de atención y 15 de descanso), y también lo que “debe y no debe hacer” el visualizador para que las imágenes tengan luego validez probatoria.

Entre los trabajadores que realizan esa tarea hay algunos que son estudiantes de ingeniería y varios tienen además aptitud para instalar cámaras y equipos, o efectuar reparaciones. Otros cumplen funciones complementarias en la recepción y respuesta de los oficios judiciales, que ingresan en gran volumen. Quinteros dijo también que en el plantel hay exagentes de “fuerzas de seguridad”.

Señaló que la cobertura de vacantes se hace en base a un “perfil” determinado, con participación de Recursos Humanos y el registro de empleo municipal. Exigen secundario completo, riguroso examen psicofísico y certificado de antecedentes penales.

Las imágenes grabadas por las cámaras se preservan en todos los casos durante 90 días, con una puntillosa clasificación. A veces se llegan a guardar un año, cuando hay hechos delictivos, choques o personas atropelladas.

Es una ayuda pero no alcanza

La expansión de la red de videovigilancia municipal recoge en general opiniones positivas.

Federico Thomas es empleado en una óptica y dijo que las cámaras “son útiles para la seguridad de todos. Está bueno porque te sentís respaldado”. Daniela Palma observó que “son importantes para frenar la inseguridad” y destacó que dentro del local en el que trabaja (un lavadero) hay también cámaras para disuadir posibles robos.

Horacio, un taxista, dijo que las cámaras “están buenas porque los ladrones se cuidan más, lo mismo que la gente que pasa semáforos en rojo”, aunque consideró que resulta insuficiente “si no hay presencia de inspectores y más fiscalización en la calle”.

Una evaluación parecida aportó Roberto Paillacoy, dirigente vecinal. Dijo que desde la junta que integra compraron una cámara para que el municipio la instale en la esquina 9 de Julio y Moreno y “pasaron ya cinco meses pero la inseguridad continúa, se registran hurtos y otros delitos”.

Según Paillacoy, “no alcanza con poner cámaras si no hay en paralelo más presencia policial”.