Menores que matan

Puesto que casi todos coinciden en que, como dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sería “lógico” bajar la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a 14, una medida que ya cuenta con la sanción del Senado pero que aún no ha sido debatida en Diputados, no es demasiado probable que el tema figure en la campaña electoral, lo que puede considerarse un alivio en vista de la voluntad de unos y otros de aprovecharlo con el propósito de conseguir más votos. Aunque antes de la intervención un tanto sorprendente de Cristina voceros oficiales procuraban hacer pensar que los únicos interesados en el asunto eran los partidarios de la derecha represiva –el gobernador de Tucumán, José Alperovich, llegó al extremo de hablar de “una puja patética e infanticida en la oposición”–, parecería que tanto la presidenta como el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, entienden muy bien que es muy grave el problema planteado por la violencia asesina de delincuentes juveniles y que es forzoso hacer mucho más para enfrentarlo. Con todo, si bien es claramente necesario que sean encarcelados los menores más violentos por tratarse de la única manera de impedir que sigan matando, también lo es mantenerlos separados de delincuentes mayores tanto para su propia seguridad como para posibilitar su eventual rehabilitación, ya que recluirlos en cárceles comunes sólo serviría para que se eduquen en un ambiente dominado por los códigos brutales del hampa. La Argentina dista de ser el único país en que abundan los motivos para temer que sean cada vez más los menores que han perdido todo respeto por la vida ajena, pero es uno de los pocos en que la legislación correspondiente sigue siendo llamativamente laxa, acaso porque no se dan instituciones públicas adecuadas que, además de privarlos de la libertad que les permitiría continuar delinquiendo, a menudo bajo las órdenes de criminales adultos, servirían para por lo menos brindarles oportunidades de aprender un oficio útil para que andando el tiempo puedan reinsertarse en la sociedad. La falta de seriedad así reflejada parece deberse a la visión sensiblera del problema de los que, por motivos que tienen más que ver con los prejuicios ideológicos que con los hechos concretos, insisten en que los menores que cometen crímenes gravísimos son todos víctimas de una sociedad injusta y que por lo tanto la única solución consistiría en un cambio harto improbable de las estructuras sociales del país. Aunque por razones evidentes es muy difícil estimar la incidencia en el delito de fenómenos culturales, sería casi inconcebible que la permisividad que se inspira en ciertas teorías socioeconómicas no tuviera influencia alguna en la conducta de los jóvenes. En los países de cultura occidental como la Argentina, es muy fuerte la tendencia a minimizar la responsabilidad personal de cada uno, trasladándola al Estado o a la sociedad en su conjunto. Así, pues, el aumento de la criminalidad será consecuencia de la pobreza, de la “exclusión” y de la falta de oportunidades para menores apenas alfabetizados. Un tanto paradójicamente, quienes piensan de este modo suelen advertirnos contra el peligro de “criminalizar la pobreza”. Sin embargo, en épocas en que todos los países eran mucho más pobres de lo que son en el actualidad, escaseaban los delitos realmente graves cometidos por menores, en buena medida porque los adultos, por magros que fueran sus ingresos y por difícil que les fuera sobrevivir, no estaban dispuestos a tolerar desviaciones de un código ético que según las pautas actuales era muy pero muy severo. En el fondo, es una cuestión de la autoridad no del gobierno de turno, de la Justicia o de las fuerzas de seguridad locales sino de quienes sirven de modelos para los menores. Cuando ellos insisten en que todos son responsables de sus propios actos y que, si cometen errores, todos tendrán que enfrentar personalmente las consecuencias, la tasa de criminalidad suele reducirse, pero de difundirse la idea tentadora de que dadas las circunstancias en última instancia es natural que los chicos pobres y “excluidos” se transformen en delincuentes, demasiados caerán en la tentación de optar por lo que a su entender sería un estilo de vida tan legítimo y, en el ambiente en que se han criado, tan prestigioso como cualquier otro.