Muchas causas, escasas condenas

Una investigación reciente da la razón a los escépticos sobre la corrupción en nuestro país. El trámite de las causas es lento y fácilmente complicado por estrategias defensistas de los acusados. La lentitud en las pericias por falta de recursos materiales o humanos y la paralización de las causas ante cada recusación, apelación o pedido de nulidad hacen que de todos los procesos iniciados una ínfima cantidad llegue alguna vez a una condena. Y la impunidad del delito favorece su repetición a lo largo del tiempo, en todas las escalas. Según publicó la semana pasada “La Nación”, entre 1983 y el 2007 en el país se abrieron 750 causas por presuntos hechos de corrupción en la administración pública. Pero de ese total sólo siete terminaron en sentencias, con apenas diez condenados. El trámite judicial de las causas por corrupción lleva en promedio unos 11 años y un 60% de los pocos casos que llegaron a juicio aún no fue resuelto, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro para la Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y la Oficina de Coordinación y Seguimiento en Delitos contra la Administración Pública (Ocdap) del Ministerio Público. El estudio mostró que de 21 expedientes sobre hechos de corrupción relevados, el promedio de duración es de 137 meses, es decir, más de 11 años. “Aunque un panorama así ya es alarmante, la situación todavía es más grave pues ese promedio está compuesto por 21 expedientes de los cuales sólo 15 llegaron a la etapa de juicio, que es aquella comprendida desde el momento de radicación de la causa en tribunal oral hasta su finalización por cualquier causa”, indicó. Entre los casos que llegaron a juicio, la gran mayoría no tuvo resolución al momento de finalizar el relevamiento, tres fueron declarados prescriptos por violación del plazo razonable y en sólo tres se realizó juicio oral o abreviado. El relevamiento determinó que el tiempo transcurrido entre la comisión del hecho y su judicialización fue en promedio de 40 meses. (Ver infografía) En este sentido, el informe advirtió que “los primeros momentos posteriores a la comisión de un delito son fundamentales a la hora de efectuar la recolección de elementos probatorios”. “Cuanto más tiempo pasa, más posibilidades existen de modificar el cuadro probatorio o de que elementos relevantes para la acreditación del hecho desaparezcan”, indicó el estudio. La causa contra María Julia Alsogaray sobre negociaciones incompatibles se llevó a juicio casi cinco años después y el caso Riccillo, sobre malversación de caudales públicos, que fue cometido en 1994, recién fue judicializado en 2000. Asimismo, se estudiaron las demoras en el proceso, ciertas deficiencias en la investigación y la actitud de los abogados defensores que, según el informe, “consiguen dilatar los trámites a partir de reiterados planteos, lo que les permite finalmente pedir la prescripción”. (Redacción Central)

Informe completo en http://acij.org.ar/blog/2012/09/06/informe-sobre-causas-de-corrupcion-en-argentina/