Con cruces políticos, los concejales de Bariloche rechazaron el nuevo escalafón municipal
Solo el oficialismo votó a favor pero no alcanzó para aprobar el proyecto que impulsó el intendente Gennuso. El gremio Soyem también estaba dividido con esta iniciativa.
Los concejales advierten que la discusión sobre la modalidad de la revisión tarifaria debe darse en el Concejo Municipal. Foto: archivo
El proyecto destinado a establecer un escalafón y carrera administrativa para los trabajadores municipales de Bariloche, que llevó siete años de elaboración, fue rechazado hoy por los concejales en una estrecha votación, que estuvo precedida por un debate en el que abundaron los cruces políticos.
Ese tramo de la sesión fue seguida por un numeroso grupo de trabajadores que festejaron el desenlace, aunque no estuvieron la secretaria general del Soyem Brenda Morales y sus compañeros de comisión. Una asamblea previa ya se había manifestado en contra del escalafón promovido por el intendente Gustavo Gennuso en acuerdo con la conducción gremial. Varios concejales lo tomaron como un dato central para definir sus posturas.
El rechazo del proyecto en una votación de 6 a 5 representó un serio revés político para el gobierno, que lo había presentado al escalafón como el producto de un largo análisis y una herramienta clave para “ordenar” la gestión administrativa y la relación con el personal.
El oficialismo de Juntos Somos Río Negro tiene cinco concejales y decidió forzar el tratamiento del escalafón en la sesión de hoy, en la búsqueda de un sexto voto que nunca llegó. En contra se pronunciaron los dos concejales del Frente de Todos (uno de ellos trabajador municipal) y los bloques unipersonales de Podemos, Bariloche por el Cambio, el partido PUL y Unidad Ciudadana.
El concejal Pablo Chamatrópulos (Podemos) definió al escalafón como “un enorme desafío político” que busca atender a los trabajadores “en sus legítimos derechos”. Pero dijo que haber destinado tanto esfuerzo de elaboración y discusión para acordar el texto responde “una visión endógena, formalista y enciclopedista del Estado”, cuando no existe la misma dedicación para resolver los problemas externos y “más graves” de la ciudad.
Consideró que si a lo largo de siete años se hubieran destinado “70 u 80 reuniones” (como ocurrió con el escalafón) a buscar soluciones para el transporte urbano “seguramente estaría resuelto”.
Cuestionó que el gobierno haya invertido “una enorme energía en este proceso interno” y aun así no logró el acuerdo con el Soyem. También atacó el esquema económico según el cual “el 60% de los recursos del municipio se destinan a gastos corrientes” y puso como ejemplo el cerro Catedral, que genera un canon millonario, pero el 50% de ese dinero está asignado por ordenanza al funcionamiento del ente regulador.
Con o sin escalafón aprobado, Chamatrópulos llamó a no perder de vista que Bariloche “arrastra muchos problemas que ya no tienen muchas de las ciudades más pobres del mundo”.
El concejal oficialista Carlos Sánchez había abogado antes por la aprobación y dijo que el escalafón, aunque no sea una prioridad para la comunidad, salva una omisión y cumple con un mandato fijado por Carta Orgánica. Consideró que aportaba una mejora para los trabajadores en general.
Su intervención fue aplaudida con entusiasmo por los funcionarios del Ejecutivo y empleados jerárquicos que presenciaron la sesión. Otros trabajadores de menor rango y referentes de la lista Blanca del Soyem (que perdió las últimas elecciones) celebraban las intervenciones de los opositores.
El voto no oficialista que en la previa asomaba como el más accesible para acompañar el proyecto era el de Ariel Cárdenas (de Bariloche por el Cambio), quien al final se inclinó por la negativa luego de explicar que acompañaba “el espíritu” del proyecto porque “busca ordenar”, pero que sólo era viable “si todos están de acuerdo”. Subrayó que votaría en contra porque “no se llegó a un consenso”.
Temperatura política
Julieta Wallace (FdT) inició su mensaje con un ataque directo a los funcionarios presentes. “¿Qué hace todo el gabinete sentado acá en lugar de estar trabajando?”, preguntó. Solo consideró excusada a Marcela Abdala, jefa de Gabinete, quien está de licencia por su candidatura a legisladora. Pero apuntó contra el resto, entre los que se encontraban la vicejefa Gabriela Rosemberg, el secretario de Hacienda Diego Quintana y el subsecretario de Tránsito y Transporte Daniel Pincheira.
Wallace dijo que “se ponen en situación de exigir a los trabajadores que vayan a laburar y ellos no están trabajando”. La concejal recordó que los empleados municipales no avalaban el proyecto y consideró que avanzar igual “crearía una conflictividad que se tiene que evitar”.
Wallace expuso algunas objeciones técnicas al escalafón diseñado por el Ejecutivo y leyó una carta aportada por una trabajadora municipal según la cual el proyecto debía ser desaprobado porque “no hay organigrama actual que sirva como base, se pierde el concepto de igual remuneración por igual tarea para los ingresantes, deja muchos cabos sueltos y no genera una carrera sino un laberinto que el Ejecutivo crea para acomodar a sus militantes”.
El concejal Gerardo del Río (PUL), quien en otros casos ha votado con el oficialismo, esta vez se decidió por el rechazo porque le pareció indispensable “respetar la voluntad de los trabajadores”. Recordó que una asamblea masiva rechazó los términos acordados por la conducción gremial, que no estaba presente en el debate.
Lo mismo dijo Marcelo Casas (FdT) quien reivindicó su condición de trabajador municipal y dijo haberse decidido luego de reunirse con quienes estaban en contra y a favor, y evaluar sus razones. A su entender, lo que volcó la balanza es lo resuelto por la asamblea gremial, a la que consideró “vinculante”, a diferencia de lo sostenido desde el gobierno.
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