Alcoholemia: tareas comunitarias para recuperar vehículos secuestrados en Cipolletti

Es un proyecto que presentó una concejal por la cantidad de vehículos que no se retiran . La principal causa es la incapacidad financiera de los infractores.

El depósito de autos secuestrados se incrementó notablemente durante la pandemia en Cipolletti. La principal causa, explican desde los organismos públicos, se debe a la dificultad por parte de los ciudadanos a pagar las multas contravencionales que en la mayoría de los casos son por alcoholemia.

Por eso, el oficialismo municipal elevó un proyecto para que quienes no cuentan con capacidad financiera para afrontar la sanción realicen tareas comunitarias como forma de pago. Deberán acreditar mediante una declaración jurada que no están en condiciones de pagar la multa.

Los trabajos podrán ser desde albañilería hasta construcción. Se fijará un valor por hora de acuerdo a cada rubro y un cronograma de trabajo. La contraprestación podrá ser el total de la multa o parte de ella. Dependerá de los ingresos que declare el infractor.


El proyecto fue presentado por la concejala Lorena Yensen de Juntos Somos Río Negro.  La presidenta del bloque oficialista explicó que en muchos casos los infractores asumen la responsabilidad, pero expresan la imposibilidad de afrontar el monto resuelto por el Juzgado de Faltas.  Yensen precisó que el proyecto se trabajará en el corto plazo y que podría convertirse en ley en el primer semestre de este año.

Las multas que impone el juzgado de Faltas en determinadas infracciones de tránsito, alcoholemias positivas o por negarse a un  control, se sanciona con montos elevados que rondan en promedio los $140.000.  «Junto con la jueza del Juzgado de Faltas hemos visto una problemática cada vez más creciente en la ciudad que es la cantidad de infractores que no pueden asumir, ni costear el monto de la sanción.

«En ese caso hemos regulado la posibilidad de hacer trabajos comunitarios en cambio del valor de la multa, esto significa que el infractor va tener que realizar horas de trabajo en alguna obra de la ciudad y de esa manera afrontar el costo de la multa. Y así cerrar esos expedientes administrativos que involucran vehículos secuestrados que no pueden devolverse porque no se termina de abonar la multa impuesta», dijo la concejala.


La situación genera que los vehículos queden retenidos por días, meses y hasta años quedando el proceso inconcluso, acarreando el perjuicio legal, económico y hasta ambiental tanto para el municipio como para el infractor. Además de las limitaciones vinculadas al incumplimiento como son la renovación de licencias de conducir que no pueden actualizarse ya que existe una deuda pendiente con el municipio.  
Según Yensen «es necesario reglamentar la normativa ya que sería beneficiosa tanto como para el contraventor como para el Estado y la comunidad en general ya que el proceso sería más ágil y justo para todas las partes».  


De aprobarse la ordenanza cambiaría el artículo 95 del Código de Procedimiento de Faltas y Contravenciones Municipales y pasaría a denominarse «Trabajo comunitario: modalidad y alcance». La ordenanza establece que las horas de trabajo deberán compararse con el valor de trabajo oficial en el caso del servicio comunitario.

También, se deberá realizar un seguro a cargo del infractor para cubrir los accidentes personales que pudieran surgir. El mismo será compensado luego de realizar la tarea.

 
Además, aquel que manifieste que no puede pagarlo deberá presentar una declaración jurada que acredite la situación socioeconómica que atraviesa y que exprese la vulnerabilidad económica del infractor.  


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