El gobierno de Bariloche reactiva su proyecto para modernizar el puerto San Carlos
El puerto ubicado a pocos metros del Centro Cívico estuvo explotado a medias por un concesionario durante casi tres décadas, hasta que el municipio le rescindió el contrato en 2015. Desde entonces se encuentra semiabandonado, al igual que la isla Huemul.
Gennuso no quiere dejar su gobierno sin reactivar el puerto San Carlos. Foto: archivo
Luego de un letargo de varios meses, el Ejecutivo municipal decidió otorgar nuevo impulso al proyecto que presentó el año pasado para recuperar y definir nuevos usos en toda la franja costera del área céntrica, incluido el puerto San Carlos y la isla Huemul, que quedarían bajo la órbita de una sociedad del Estado.
El intendente Gustavo Gennuso presentó a comienzos de abril un proyecto de ordenanza reformulado que recoge algunas de las críticas y observaciones recibidas el año pasado, y la comisión de Gobierno y Legales del Concejo lo incluyó en el orden del día de sus últimas dos reuniones.
El proyecto original data de julio de 2022, fue evaluado en la comisión de Economía del Concejo y a comienzos de noviembre fue sometido a audiencia pública. También hubo una evaluación crítica de la asesoría letrada del Deliberante, que derivó en algunas de las modificaciones.
Gennuso tiene el propósito de no terminar su gestión en diciembre próximo sin dejar encaminado el nuevo modelo de gestión para el Puerto San Carlos, que incluye la incorporación de un privado para el gerenciamiento del complejo.
Se trata para el intendente de uno de sus proyectos emblema, ya que el puerto céntrico estuvo explotado a medias por un concesionario durante casi tres décadas, hasta que el municipio le rescindió el contrato en 2015. Desde entonces permanece semiabandonado, lo mismo que la isla Huemul.
El asesor del Ejecutivo para esta iniciativa, Joaquín Escardó, dijo que en el “reformulado” buscaron incorporar algunos de los aportes escuchados en la comisión de Economía del Concejo, la audiencia pública y los dictámenes técnicos y que “podría haber más”, porque no se trata de un proyecto cerrado.
Lo que no se modificó, como concepto central, es la creación de una “sociedad del estado” para administrar el puerto y su área circundante. El municipio le otorgaría a esa entidad el “derecho real de usufructo y de superficie por el plazo de 70 años” de los terrenos del puerto y la costanera, “que podrán renovarse por igual término”.
Muchos consideraron que ese plazo es excesivo, pero Escardó señaló que es el que prevé el Código Civil para los derechos superficiales. Dijo que no desapodera al municipio de ninguna propiedad. Explicó que el inmueble afectado seguirá siendo público y recordó que, por imposición de la Carta Orgánica, “las tierras que lindan con el lago no pueden venderse sin que medie una consulta popular”, que habilite la enajenación con una mayoría superior al 50%.
Explicó que la sociedad del Estado sí podría establecer una o más “concesiones” a término para el desarrollo y explotación de distintas actividades como servicios náuticos, servicios gastronómicos, pista de patinaje o alquiler de kayaks, entre otros. Las actividades ya existentes en el área, como el skatepark, permanecerían sin cambios.
Nuevas exigencias
En el nuevo articulado el Ejecutivo agregó cláusulas que no existían en el original, como la que obliga a los operadores de todas las “propuestas” de uso en el área del Puerto San Carlos SE a ejecutar “red de agua potable completa, sistema contra incendios, red eléctrica y alumbrado público, red cloacal, tratamiento de efluentes en función de la carga del suelo y la cantidad de usuarios, estudio particularizado de no contaminación de napas o factibilidad de vuelcos, según corresponda, y red pluvial con desagües y drenajes”.
Además, deberán asegurar la implantación de “arbolado, espacios verdes y tratamientos de paisaje”, así como el respeto irrestricto del “libre acceso a espacios públicos, costas y transitabilidad en los bordes del cuerpo de agua”.
El texto corregido especifica también que deberá existir “evaluación del impacto ambiental en todo proyecto que así lo requiera, un enfoque respetuoso de la interculturalidad, perspectiva de género y diversidad sexual y cupos de empleo de género, trans y discapacidad”.
Escardó dijo que muchas de esas cláusulas igual no podrían ser eludidas porque están en la legislación general del municipio, pero decidieron incluirlas para evitar sospechas de cualquier perjuicio sobre los derechos comunes de la población, y porque “lo que abunda no daña”.
La figura elegida
Refirió que “el lugar necesita mucha inversión y de lo que se trata es de promoverla” con este instrumento. La constitución de una sociedad del Estado para administrar el puerto recibió muchas críticas, pero Escardó dijo que es la figura más apta.
“Se evaluaron cuatro opciones: un ente, una sociedad del Estado, una sociedad mixta y una sociedad anónima. Pero esta es la mejor, porque claramente asegura que los bienes públicos van a seguir siendo del Estado. Y además cumple con la necesidad de que sea una figura con autonomía, para administrar el espacio, y para que intervengan múltiples actores”. Dijo que Puerto Madero, en Buenos Aires, es una sociedad anónima, compartida entre el Estado nacional y el de la ciudad capital. “Era lo mejor, según se vio, para efectuar un desarrollo inmobiliario, pero no es el caso nuestro”, dijo Escardó.
Otro de los agregados del proyecto en su versión 2023, que ahora deberán evaluar los concejales, dice expresamente que “quedan prohibidos” en el área otorgada en usufructo a Puerto San Carlos SE (lo que incluye la isla) la explotación de “casinos, discotecas, clubes nocturnos, desarrollos inmobiliarios, hotelería e industrias de cualquier tipo”.
Otro tema no libre de polémicas será el de la oportunidad. Ya el año pasado hubo quienes señalaron que los proyectos de esa envergadura deberían ser planteados al comienzo de un ciclo de gobierno, cuando existe “la mayor credibilidad por parte de la ciudadanía”, y no cuando el intendente está en el final de su mandato, con una credibilidad muy desgastada”.
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