La idea de crear una empresa estatal para el Puerto San Carlos cosechó rechazos en Bariloche
Durante la audiencia pública, algunos oradores consideraron que el proyecto de Gustavo Gennuso es "una entrega más" y cuestionaron el plazo por 70 años.
La audiencia pública contó con diez oradores. Foto: gentileza
Con más críticas que voces a favor, se llevó a cabo la audiencia pública sobre el proyecto del intendente Gustavo Gennuso para crear una Sociedad del Estado que administre el desarrollo del puerto San Carlos y la explotación de la costanera y la isla Huemul.
La iniciativa que ya se envió al Concejo Municipal establece que el municipio otorga el “usufructo y el derecho de superficie por el plazo de 70 años” y contempla además del puerto, la isla Huemul, Gaviotas y Gallinas, todas ellas en el lago Nahuel Huapi.
Al comienzo de la audiencia que contó con diez oradores, las autoridades municipales proyectaron un breve video donde se resalta la necesidad de implementar el proyecto. «Sin el puerto perdimos las posibilidades de navegar el lago», decía una voz en off y agregaba: «Necesitamos seguir creciendo, poner en valor el puerto que generaría hasta mil puestos de trabajo directos e indirectos«.
La jefa de Gabinete Marcela González Abdala definió el proyecto como «una recuperación de la costa del lago». «Se trata de una puesta en valor de espacios públicos. La sociedad estatal tiene como fin resguardar los bienes del municipio, pero ademas desarrollar un polo de desarrollo turístico. La sociedad del estado es más eficiente para cumplir ese objetivo: las tierras quedan en manos del estado y se puede aprovechar su usufructo», dijo.
Puerto deportivo
Carlos Madero fue el primero en exponer, cuestionó el abandono del puerto desde hace 31 años y propuso la puesta en marcha de un puerto deportivo para los barilochenses.
«Se pueden hacer escuelas de vela, eventos importantes con la sociedad. Hoy en Bariloche hay cerca de 2.000 botes menores que no tienen donde amarrar porque los clubes están saturados», planteó.
Dijo que en una primera etapa, podrían ingresar 350 embarcaciones y 500, en una segunda. «Significaría un ingreso para el estado de unos 2 millones de dólares en venta de amarras. Es una obra que parece una locura, pero no lo es», expuso y agregó: «La navegación es de tres meses en Bariloche. Le solucionaríamos a los vecinos el problema de tener el bote en su casa porque podrían tenerlos en el puerto con un valor aproximado de mantenimiento de 5.000 pesos por mes. En otros clubes, hoy están pagando por la misma amarra entre 27 y 30.000 pesos mensuales».
A su turno, Elba Ocampo aseguró estar presente por sus hijos y sus nietos para que «en el futuro puedan disfrutar del lago». Definió el proyecto del ejecuto como «una entrega más».
La mujer recalcó que «este proyecto nos va a dificultar acercanos a la costa el día de mañana. El lago es para todos, no para un grupo selecto que económicamente puede. Por eso estoy aqui».
Y fue más allá: «Ni los concejales, ni los legisladores, ni el intendente tienen atribuciones de entregar lo que nos les pertece. Los lagos, las montañas son de todos y nos estamos quedando sin nada. Va a ser un negociado. El futuro de nuestros hijos nietos esta hipotecado. Van por todo lo nuestro«.
Críticas a los 70 años
Enrique Mogensen consideró necesario «poner operativo el Puerto San Carlos», pero se distanció de la metodología y el procedimiento del proyecto del intendente.
«Al cerro Catedral lo dieron por 30 años. Pasan las décadas y se nos van quitando los resortes de Bariloche. No podemos volver a comerter el mismo error y otorgar plazos interminables a 70 años, como el de esta ordenanza. Puede traer perjuicios«, advirtió Mogensen.
Entendió que «el puerto debe ser operativo para todas las excursiones. No solo la de Isla Huemul. Toda las excursiones deben salir del Puerto San Carlos. Dicen que no conviene porque insume más tiempo. Bariloche tiene un millón de turistas al año y un 70% hacen estas dos excursiones que salen entre 9 y 10 mil pesos. Los tres litros más de nafta que usarían no incide mucho».
También recalcó que «una sociedad del estado demanda más gasto público. Y las decisiones las tomará el partido político que gobierne. Hay casos buenos, como Invap. Y otros como Aerolíneas que pierde más de mil millones de dólares al año. Esta herramienta hace que el partido político que gobierna haga lo que quiera».
Mogensen propuso, en cambio, crear una sociedad mixta entre el estado e inversores privados ya que «se fiscalizan y se controlan mutuamente». Insistió con la necesidad de hacer una licitación nacional e internacional por un plazo no mayor a 25 años, renovable.
Sergio Herrero, el presidente de la junta vecinal del barrio Malvinas, fue otro de los oradores. En primer lugar, cuestionó la ausencia del intendente. «Es una vergüenza que no venga a estas disertaciones. Estamos subastando las joyas de la abuela para ver qué nos queda antes de que nos vayamos. Es una locura: tuvieron el puerto cerrado un montón de tiempo y ahora se les ocurre armar a 70 años», cuestionó.
Se refirió también a las denuncias de la funcionaria saliente Viviana Gelaín que denunció un circuito recaudatorio paralelo. «Tuvimos una semana especial donde hubo denuncias de una de las manos derechas de este gobierno hablando de cuestiones paralelas de dinero. ¿Le vamos a dar credibilidad a esto por 70 años? Con todo lo que ya vendieron y dieron como el Catedral», continuó Herrero.
Recordaron un juicio en proceso
Federico Martinez, integrante de Participación Ciudadana Bariloche, recordó que e 1987 se llamó a licitación para la construcción del Puerto San Carlos. Dijo que empresarios de Bariloche invirtieron millones de dólares.
«Se hizo en el marco de un compromiso para que barcos y excursiones lacustres salieran y llegaran a ese puerto. Por eso se decidió financiar. Con otra resolución, decidieron que no salieran desde ahí. Y nos quedamos con un puerto que no tenía la fluidez de tránsito lacustre indispensable para financiar la obra», especificó.
Agregó que en 2008, la intendencia del parque nacional Nahuel Huapi licitó las excursiones a Puerto Blest. Turisur accedió a la concesión por 30 años desde Puerto Pañuelo.
«Fueron todas decisiones que la municipalidad fue consintiendo. En abril del 2013 se decide expropiar y el puerto San Carlos pasa a ser parte del estado. Argumentaban que no se habían pagado los cánones ni se habían hecho determinadas obras. Hoy está en juicio para determinar si fue bien -o mal- expropiado», puntualizó Martínez.
Destacó también que «vamos a ser los ciudadanos quienes terminemos pagando con nuestros impuestos. Y ya tenemos otros juicios millonarios por malas gestiones que, se suman al faltante de obras importantísimas como agua, cloacas, transporte y vertedero. Todo eso se soluciona con inversiones».
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