Exintendente de Cinco Saltos irá a juicio acusado de corrupción: un empresario «arrepentido», clave

German Epul y un exfuncionario están acusados de armar una licitación a medida para sacar rédito de la administración pública. La fiscalía pedirá penas de prisión efectiva. 

 Casi dos años de investigación necesitó el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti para encaminar la causa contra el exintendente de Cinco Saltos German Epul acusado de “armar” una licitación a medida para sacar rédito de la administración pública.

Según la denuncia que lleva adelante el fiscal jefe Gustavo Herrera, Epul dirigió una licitación para la compra de adoquines para beneficiar a una empresa que finalmente no entregó los materiales. La obra no se hizo y ese dinero se utilizó para comprar una máquina para realizar los adoquines. La fiscalía adelantó que pedirá penas de prisión efectiva.

Epul, intendente por JSRN entre 2015 y 2019, fue acusado en 2022 junto al exsecretario de gobierno Diego Palacios y al director de la empresa, Nazareno Lozano. Pero meses después y tras las declaraciones del empresario, el fiscal le ofreció un acuerdo a cambio de declarar en el juicio: se trata de un testimonio clave en el proceso.

El pedido tramitó como criterio de oportunidad, que es una salida alternativa al conflicto prevista en el código procesal penal. Sin embargo, lo que sucedió podría encuadrarse en la figura del testigo arrepentido, previsto en una ley nacional para causas de corrupción. La diferencia es que el criterio de oportunidad desvincula al imputado y la ley nacional prevé una reducción de la pena.

Lozano aseguró que Palacios lo obligó a participar de una licitación para la compra de adoquines sabiendo que no cumplía con los requisitos mínimos; ni siquiera estaba inscripto como proveedor del municipio.

Perseguían otro objetivo: comprar una adoquinera con fondos municipales a través de la empresa para participar de licitaciones en otros municipios.

De la investigación se desprende que la empresa ganadora de la licitación no dio cuenta de la calidad de los materiales según las normas IRAM:  uno de los requisitos que disponía el propio pliego.

Al proceso, también se habían presentado dos empresas, que, si bien cotizaron los costos en un monto mayor, efectivamente cumplían con todos los requisitos previstos en la normativa municipal.

Para los representantes del Ministerio Público, el exjefe comunal abonó los materiales incumpliendo las ordenanzas locales toda vez que los pagos debían realizarse contra entrega de los adoquines.

En conclusión, según la acusación, la empresa adjudicataria, que se denominaba Nalozano S.R.L, no realizó la entrega en la cantidad y la calidad estipulada produciendo un perjuicio millonario para el Municipio de Cinco Saltos.

Entre las evidencias recolectadas durante la investigación, la fiscalía adelantó que convocará a juicio a 16 testigos entre los que se encuentran exfuncionarios municipales, referentes de la empresa Nalozano y policías que intervinieron en la investigación. Además, se deberán analizar múltiples documentos municipales que acreditan los pagos realizados y la normativa legal comunal.


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