Impulsan un “fondo de reparación” provincial para Bariloche por el cerro Catedral
Está escrito en la Carta Orgánica Municipal vigente desde hace 16 años y legisladores tomaron el tema para impulsarlo. Se estima que Río Negro debe pagar unos 4.000 millones de pesos.
"Detectamos que nunca se había hecho la inscripción", dijo Marcela González Abdala. Foto: archivo
La provincia de Río Negro acumuló una deuda histórica con el municipio de Bariloche por la renta que generó el cerro Catedral mientras lo tuvo bajo su control y debería saldarla mediante un fondo de reparación estimado en unos unos 4.000 millones de pesos. Esa es la tesis que plantean el legislador barilochense Ramón Chiocconi y sus pares del bloque Unidad Ciudadana.
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Los parlamentarios, en un proyecto de ley presentado esta semana, se hacen eco de un mandato establecido hace ya 16 años por la Carta Orgánica Municipal.
Chiocconi sostuvo que la villa turística y el centro de esquí que funcionan en el cerro Catedral, está “indisolublemente asociado” con Bariloche y ambos deben funcionar como una sola unidad económica, en lo cual existe probablemente un acuerdo unánime entre todos los sectores políticos.
Pero el legislador se mete con la demora en la que incurrió la provincia en transferir el cerro al municipio, después de que en 1985 la llamada ley Nápoli lo sustrajo de la Administración de Parques Nacionales con el fin último de cederlo a Bariloche.
La provincia debía actuar como necesario intermediario, pero se quedó con el cerro durante 25 años, siempre bajo administración radical. Durante ese lapso llegó a licitar y adjudicar la explotación del complejo, en 1992, y recién lo transfirió a la municipalidad en 2010.
Por esa dilación, según Chiocconi, solo la sumatoria de los cánones que cobró la provincia a las concesionarias rondarían en valores actualizados unos 4.000 millones de pesos.
Insistió en que el paso del complejo Catedral por manos rionengrinas “era simplemente un estadío temporal”, hasta la sanción de una ley que ampliase los límites del ejido de Bariloche para incorporar las 1.290 hectáreas del cerro. Esa ley se sancionó finalmente en 2004, aunque el cerro no fue traspasado hasta seis años después.
Para el legislador, la compensación económica en favor de la comunidad barilochense sería “un acto de justicia social y reconocimiento histórico”.
Chiocconi citó la Carta Orgánica Municipal, cuya disposición transitoria 18 dice que “el pueblo de Bariloche, a través de sus autoridades, reivindica el derecho excluyente sobre el cerro Catedral y las tierras circundantes como porción inalienable de su patrimonio, y reclama la compensación económica por todos los años en que la provincia explotó el cerro Catedral cuando ello debía ser realizado por el Estado municipal”.
Chiocconi recordó que la actual gobernadora, Arabela Carreras, presidió la convención redactora de aquel texto y debería ser consecuente con ese mandato. También refirió que el intendente Gustavo Gennuso y los demás funcionarios del municipio “tienen la responsabilidad” de cumplir con la Carta Orgánica.
Un cálculo millonario exigen a la provincia
Para calcular el volumen del resarcimiento, el legislador propuso enfocarse en el canon anual pagado por la empresa Ski World y sus sucesoras al Estado provincial en el período 1992/2010. Pero ante una consulta puntual de este medio dijo que “hubo otros ingresos” que también deberían reportar un rédito para Barilcohe, como las licencias comerciales en la montaña y los derechos de publicidad. Chiocconi definió a estos últimos como “un tema controvertido”.
Dijo también que para reconstruir los montos de dinero y llegar al número de 4.000 millones, que está “actualizadó a hoy por el índice de precios al consumidor de Viedma”, realizó un estimado conservador, porque “es difícil acceder a esa información”.
El articulado de su proyecto dice que el fondo de reparación histórica para Bariloche debería liquidarse a favor del municipio en un plazo no mayor de 30 días después de la cuantificación fehaciente. Pasado ese período deberá “actualizarse nuevamente” según las variaciones del IPC. Define además como autoridad de aplicación al ministerio de Economía de la provincia y establece que los montos serán “inembargables y libres de todo débito”.
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