La ayuda social del municipio de Bariloche rinde poco porque “la inflación hace estragos”

El buen momento turístico generó beneficios económicos que mejoraron el contexto general respecto de la parálisis registrada durante la pandemia. Pero aun así la demanda de ayuda social en Bariloche mantiene mantiene niveles altos porque la inflación “hace estragos” en los bolsillos.

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Así lo señaló el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Ferrari, quien refirió que en la actualidad el municipio distribuye unos 3.000 módulos alimentarios por mes. Ese número contrasta con el volumen alcanzado en lo peor del aislamiento obligatorio por Covid (un techo de 25.000 módulos), pero también con los 800 a 1.000 que repartía antes de marzo de 2020.

Ferrari dijo que la emergencia que les tocó enfrentar en la pandemia no es parámetro válido, porque en aquel momento se suspendieron los cruzamientos y controles para evitar que haya gente con doble programa.

Recordó que en 2020 “la ciudad estaba cerrada” y muchos se sumaron a la demanda porque quedaron desempleados o aun sin perder el trabajo, no cobraban el sueldo.

En aquel momento llegó a haber taxistas, trabajadores de la cultura y otros trabajadores cuentapropistas que en gran cantidad se sumaron como demandantes de ayuda social.

Según el funcionario, la inflación “galopante” es hoy el principal drama que les toca enfrentar. Señaló que aún el trabajador de changas, el vendedor callejero que “vive con la diaria”, se encuentra con que “el litro de leche aumenta todos los días” y debe recurrir al Estado para garantizar una subsistencia mínima.

El municipio aceitó el chequeo de información en la página de Anses para acreditar que el solicitante no tenga empleo en blanco o cobre otros beneficios. Pero no siempre ese mecanismo es efectivo porque ocurre con frecuencia que si un trabajador tuvo empleo durante un par de meses en temporada, la Anses tarde hasta seis meses en darles la baja.

Ferrari dijo que tiene en preparación un informe sobre el tema que estaría listo en los próximos días y adelantó que “hoy el entramado que se observa en los barrios es crítico por varias razones”. Señaló por ejemplo que “la gente deja de comprar indumentaria, higiene, todo lo que no es indispensable, y eso deriva en enfermedades y otros problemas. Algo que también se empieza a ver desde el sistema de salud”.

Las buenas temporadas turísticas que se sucedieron a partir del invierno 2021 generaron un impulso importante en la economía de la ciudad, pero aun así la crisis no deja de pasar facturas. Ferrari dijo que hay sectores en los que esa bonanza “no derrama”, y la ayuda social tiene sus límites.

“El área nuestra nunca va a solucionar el problema de los pobres -explicó-. Podemos poner una red para contener, pero lo que cambia la situación es la macroeconomía. Y con esta inflación es perder y perder, correr siempre da atrás. El 70% de las llamadas que recibo son para preguntarme por algún puesto de trabajo”.

Dijo que por eso hoy la secretaría tiene puesto el foco en fomentar la contratación de cooperativas para “trabajos de poca calificación” como la pequeña obra pública o el aprovechamiento de los residuos forestales. Y orientado especialmente a jóvenes.

Ferrari hizo hincapié en la incapacidad del turismo para mover la rueda en beneficio de todos. “Pueden generar trabajo de jardinería, parquización, demandar pintores, por ejemplo. Pero eso tiene sus límites y hay sectores importantes a los que no llega”.

También mencionó el gran número de jubilados que cobran la mínima y que tampoco llegan a fin de mes. Por eso muchos de ellos son receptores regulares de módulos alimentarios. El municipio los distribuye hoy, a razón de uno por mes, a través de los centros de articulación territorial, sin intermediación de las juntas vecinales (como ocurría en plena pandemia), lo cual facilita el seguimiento y los controles.

Los precios en ascenso constante también complican el panorama del Estado municipal a la hora de las compras. Según Ferrari varias licitaciones recientes para la adquisición de alimentos quedaron desiertas. Los potenciales oferentes no “cotizan” por el perjuicio que les genera cobrar a plazo (los tiempos administrativos impiden acortarlo a menos de 30 días) y también por las restricciones de oferta.

Ferrari dijo que los proveedores “por más que tengan voluntad a veces prefieren no arriesgarse, porque en algunos alimentos básicos como aceite, azúcar o harina hay productos con precio subsidiado, pero la oferta es limitada. Si se presentan a la licitación con ese precio y después no lo consiguen, el mismo producto de marca no subsidiada les cuesta casi el doble”. Ese juego termina por entorpecer las licitaciones y las compras del Estado.