La Defensoría insistirá con el cese de los aumentos de CALF y una revisión de la concesión

El defensor Ricardo Riva apelará el rechazo del recurso por parte de la jueza ejecutiva María Victoria Bacci

“Estamos analizando si apelamos la decision del rechazo a la cámara, o vamos por otra vía, como nos dijo la jueza”, dijo ayer el Defensor del Pueblo, Ricardo Riva.

La Defensoria destacó que el fallo de la jueza María Victoria Bacci rechazó la presentación de amparo para que la municipalidad y CALF realizaran un nuevo contrato acorde a la legilación y con la consulta comunitaria “en base a una cuestión procedimental, no se metió a analizar nada de lo que planteamos”, sostuvo.

Agregó que se buscaba llevar a la población la tranquilidad de que “el reclamo sigue en pie, que el vecino no piense que se quedó acorralado, no hay una decisión tomada sobre las tarifas”, indicó.

Riva rescató que el amparo, que fue rechazado por la jueza como la vía de reclamo, fue considerada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2016 como la idónea para frentar las tarifas de gas, en la acción que inció el Centro de Estudios para Igualdad y Solidaridad (CEPIS).

El Defensor indicó que existen otros antecedentes en otras jurisdicciones en los que se actuó como se solicitó en este caso: de retrotraer los aumentos y realizar el proceso de cumplimiento obligatorio de llamar a audiencias públicas y discutir el cuadro tarifario y en este caso, la composición de lo que se cobra en las boletas de la cooperativa eléctrica a partir del nuevo contrato de concesión firmado el año pasado.

La jueza Bacci no vio ilegalidad en el proceso que cuestionó la Defensoría, consideró que no había visos de inconstitucionalidad y por ello no aceptó analizar el recurso en su juzgado, no ordenó el cese de las subas de luz autorizadas por la comuna y sugirió hacer la presentación en otro ámbito.

Para la Defensoría correspondía este tipo de presentación para obligar a la comuna a rehacer el contrato de concesión y frenar las subas de tarifas, pero no descartó una presentación en otro fuero diferente.

Ni la municipalidad ni la cooperativa Calf se pronunciaron públicamente ante la demanda de la Defensoría en la que reclamó transparencia, audiencias públicas y rehacer el contrato de concesión por considerar que tiene cláusulas ilegales o aspectos inconstitucionales.


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