Las quejas por el aumento del boleto en Bariloche ya se ventilan en la Justicia

Los aumentos sucesivos que dispuso el intendente Walter Cortés pasaron por alto el llamado a audiencia pública y los análisis de costos previstos en el contrato. A pedido de un concejal, la Justicia penal deberá examinar si hubo delitos.

El último incremento del 20% aplicado por el intendente Walter Cortés sobre el precio del boleto de transporte generó una ola de rechazos que se reflejó en las redes y que también llegó a la Justicia, por las supuestas violaciones en el procedimiento que derivaron en una “maniobra de apropiación de dinero” de los pasajeros por parte de la empresa Mi Bus a través de un mecanismo “ilegal”.

La denuncia penal fue realizada por el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) y sería replicada por grupos de usuarios que se interesaron en formalizar su adhesión. También elaboraron una nota para presentar ante el Ejecutivo y el Concejo para protestar por la violación de los procedimientos reglados para la fijación de la tarifa.

Hace una semana Cortés impuso por resolución un nuevo precio del boleto a partir del 1 de agosto, que llevó el mínimo a 1.061 pesos (956 para residentes) y representa un 20% de aumento respecto del aplicado a fines de junio. A su vez ya anticipó una nueva suba que entrará en vigencia el 1 de septiembre, cuando el boleto de Mi Bus para las primeras secciones pasará a costar 1.487 pesos (1.115 para los barilochenses).

La resolución de Cortés no explica cómo se arribó a esos montos, y el por qué de las fechas de aplicación, a pesar de que él mismo en abril pasado había impuesto la regla de que los aumento serían bimestrales (hasta entonces eran cada seis meses) y en función de una fórmula que combinaría la evolución del precio del combustible, el índice de precios al consumidor y los salarios de convenio de UTA.

Costa Brutten acusó a Cortés de “contradecir la ley” al modificar la tarifa por resolución sin llamado a audiencia pública y sin estudio de costos, como lo establece el contrato de concesión con Mi Bus.

La intervención de la justicia penal fue reclamada por el concejal Leandro Costa Brutten. (archivo)

Su imputación abarca no solo al intendente sino a Pedro Ponte como “propietario de la empresa Mi Bus” y pidió a la fiscalía de turno que investigue los posibles delitos de defraudación y de incumplimientos de deberes del funcionario público.

Dijo haber efectuado en fase previa realizó una presentación administrativa ante el intendente “que nunca fue contestada”. Observó que los aumentos de tarifa fueron “incausados e ilegales”, impusieron un “sobrecosto” a los pasajeros que sin cumplimentar el procedimiento establecido y pidió que la Justicia disponga la devolución de los montos cobrados sin legitimidad.

“El trámite legal que corresponde para obtener una modificación del cuadro tarifario deberá ser cumplimentado según lo que determina el contrato de concesión, con audiencia pública, siendo ilegal, nulo de nulidad absoluta y sin efecto toda otra interpretación y mecanismo”, argumentó el concejal.

Dijo que “los sobrecostos ilegales cumplimentados y el que pretende llevar nuevamente adelante a partir del 1 de septiembre resultan extremadamente graves” porque establecen modificaciones de tarifa en el servicio de colectivos “beneficiando a la empresa concesionaria y perjudicando a los transportados”.

Pidió la intervención de la Justicia ante el “accionar ilícito” del intendente, al entender que sus resoluciones sobre la tarifa de transporte componen “actos que exceden sus funciones, devienen inexistentes y contrarios a derecho”. Lo calificó como un “avasallamiento grave”.

Además de tarifa, subsidios del municipio

Costa Brutten dijo que es “un claro caso de abuso de atuoridad” y que debería terminar en una reparación económica para los usuarios. Cuestionó la conducta seguida por Cortés en relación al contrato de transporte y dijo que además de las tarifas abusivas que aplica desde abril, enter las más caras del país, “en los ocho meses que lleva de gobierno ya le entregó a MiBus subsidios por más de 1.000 millones de pesos, cuando en campaña decía que los iba a eliminar. Están los videos”.

La concejal Roxana Ferreyra, integrante de la comisión de Seguimiento del Transporte, dijo que en la última reunión que mantuvieron no se habló una palabra sobre el precio del boleto, cuando hasta la asunción de Cortés esa comisión tenía participación directa en los análisis de costos y en cada revisión tarifaria.

También consideró que Cortés no puede de ningún modo aplicar subas tarifarias sin respetar el procedimiento y anticipó también que realizaría presentaciones por la violación de normativas. Entendió que la situación demandaba la intervención del Tribunal de Contralor.


El último incremento del 20% aplicado por el intendente Walter Cortés sobre el precio del boleto de transporte generó una ola de rechazos que se reflejó en las redes y que también llegó a la Justicia, por las supuestas violaciones en el procedimiento que derivaron en una “maniobra de apropiación de dinero” de los pasajeros por parte de la empresa Mi Bus a través de un mecanismo “ilegal”.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $3000 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative
Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios