Polémica por la urbanización de la ladera de un cerro de Bariloche

A pesar de que el registro de demandantes de lotes sociales crece día a día, el municipio no brinda desde hace largo tiempo soluciones habitacionales de forma masiva y el tratamiento en el Concejo del único proyecto orientado a ese fin quedó frenado por decisión del Ejecutivo.

Los titulares de la urbanización Las Morenas Cerro Ventana pretenden la obtención de parámetros de uso de suelo para un desarrollo urbanístico sobre la ruta 40 sur, que el municipio aprobaría a cambio de la cesión de unos 300 lotes bajo la figura de “renta diferencial de la tierra”, también llamada “plusvalía”, para destinarlos a la construcción de viviendas sociales.

Los inversores están representados por el agente inmobiliario Domingo Di Tullio y ya firmaron un convenio con la municipalidad, que ahora necesita la aprobación del Concejo. Gennuso envió en diciembre el respectivo proyecto de ordenanza, pero esta semana pidió que se suspenda la emisión de dictamen.

El jefe de Gabinete, Marcos Barberis, explicó ayer que lo frenaron para hacer “correcciones” en la iniciativa. Explicó que en paralelo hay otro proyecto similar en la Unidad Coordinadora y que pidieron a los concejales que no se trate, porque van a enviar un texto “reformulado”.

Las diferencias tendrían que ver con quién se hace cargo de dotar a los lotes de los servicios básicos. Un tema tema sensible, en el que se juegan varios millones de pesos. También habrían surgido críticas porque las tierras extra para aplicar a la plusvalía urbana comprometerían las reservas fiscales y espacios verdes.

El presidente del Instituto Municipal de Tierras y viviendas, Javier Giménez, reconoció que esos aspectos no están resueltos del todo. El municipio aspira a que el costo de los servicios lo asuma el privado y de eso dependería el número de lotes que pasarán al dominio público.

El convenio habla también de una cesión de los inversores de un lote de 37 hectáreas para destinarlo “al uso específico de remediación del vertedero municipal”. Todo esto sería todavía motivo de negociación y por eso el Ejecutivo pidió postergar el tratamiento en el Deliberante.

Las idas y vueltas generan mayor incertidumbre entre los miles de aspirantes a un lote social que ya están inscriptos en el registro y cuya nómina no para de crecer, debido a la crisis habitacional y a la fuerte restricción que atraviesa el mercado de alquileres, según reconoció Giménez.

El funcionario dijo que “se multiplican los casos de gente que no puede alquilar más y eso agranda el registro. Todos los días hay nuevas inscripciones”.

A pesar de esa sobredemanda el municipio no tiene soluciones para dar. El propio Giménez admitió que por ahora se limitaron a ordenar el registro, los criterios de adjudicación y a determinar prioridades, pero el municipio está impedido de generar lotes porque carece de tierrras, “aunque si uno mira, en la ciudad tierra hay, pero está toda en manos privadas”.

Lee También

El municipio de Bariloche negocia con un desarrollador privado la generación de 600 lotes sociales

Reconoció que por la misma razón todavía en Bariloche no hubo mayores avances del plan provincial de Suelo Urbano, que sí firmó convenios con otros municipios, donde se entregarían los primeros lotes antes de fin de año.

El mismo texto del proyecto Las Morenas enviado por Gennuso al Concejo reconoce en el primer párrafo de la fundamentación que “el problema del acceso a la tierra en nuestra ciudad es alarmante”, califica de “enorme” el déficit habitacional y cita estudios según los cuales la crisis afecta a “10 mil hogares”, lo cual representa el 25% del total de hogares de la ciudad.

Admite también que muchas de esas 10 mil familias viven hoy “en condiciones de hacinamiento, precariedad, sin acceso a servicios ni regularización dominial”.

En principio, además del desarrollo inmobiliario que proyectó para sus propio rédito, el emprendimiento Las Morenas generaría 640 lotes “de interés social”, de los cuales unos 300 pasarían al patrimonio municipal y el resto los comercializaría a precio acordado y accesible, según explicó Giménez.

El funcionario reconoció que la disponibilidad del Instituto con el proyecto Las Morenas atenderá un porcentaje muy menor la demanda existente. Por eso habló de una experiencia “piloto”, que el municipio buscaría replicar con otros loteos privados que están en gestación.

Admitió que los tiempos de análisis y aprobación son lentos y no cumplen del todo con las expectativas. Dijo también que los lotes de Las Morenas ya están comprometidos en buena parte, con organizaciones de interesados que no tienen otro modo de acceder a la tierra y que el municipio alienta esa fórmula, antes que la del aspirante individual.

“La crisis habitacional es inmensa y la mejor manera es ésta: la gente se inscribe en el Instituto y nosotros los orientamos para que se agrupen, aunque sea en asociaciones de hecho”, explicó.

Dijo que el listado tentativo de adjudicatarios ya está conformado, pero los nombres “no se publican antes de enviarlo al Concejo. Cuando se apruebe la ordenanza recién ahí corresponderá ese paso”.

Agregó que deben “pasar los filtros” y cumplir condiciones precisas, entre ellas un mínimo de 4 años de residencia en la ciudad y no tener otro lote en propiedad.

Giménez admitió que Bariloche carece de unidades suficientes para acompañar la demanda habitacional y existe en la ciudad “una tensión permanente entre crecimiento y sostenibilidad”.

Sobre el programa Suelo Urbano que lleva adelante la provincia dijo desconocer los detalles, aunque reveló que ya hubo gestiones para asegurar por esa vía el tendido de servicios en loteos ya existentes, como el de de El Frutillar Norte. Supone además ue el gobierno provincial a través del IPPV, “estará gestionando con privados” la adquisición de tierras.

Según Giménez, la dotación de servicios básicos a los lotes de carácter social es un limitante igual o mayor a la de conseguir los terrenos. Explicó que hoy el costo de una parcela de 200 metros cuadrados ronda los 200 mil pesos, pero llevarle servicios demanda una inversión de “entre 800 mil y un millón de pesos”.