Walter Cortés busca apoyo para declarar una amplia emergencia en Bariloche
Es económica, financiera, fiscal, de servicios y habitacional. Plantea contrataciones directas y revisar el contrato del transporte. Pide agilizar desarrollos inmobiliarios. Necesita 8 votos y tiene solo 3 concejales.
Encontraron al hombre que estaba desaparecido en Bariloche.
El Ejecutivo municipal de Bariloche presentó ayer el proyecto de ordenanza para declarar la emergencia económica, financiera, fiscal, de servicios y habitacional, con el propósito de lograr su aprobación esta misma semana, en una sesión especial convocada para este miércoles.
No es una misión fácil porque solo tiene tres concejales y necesita una mayoría especial de ocho votos para transformarlo en ordenanza.
Los primeros sondeos fueron poco amables con la aspiración del intendente Walter Cortés y su referente en el Concejo (y presidente de ese cuerpo) Gerardo Del Río. El contenido del proyecto generó dudas y recelos variados entre los principales bloques de oposición. También surgieron críticas de algún empresario pyme que alertó sobre posibles “negociados”.
Esto último se relaciona con la flexibilidad que la ordenanza otorgaría al Ejecutivo para salirse del mecanismo de la licitación y los concursos, y reemplazarlos por contrataciones directas sin monto tope. También porque habilitaría importantes beneficios para el despliegue de emprendimientos inmobiliarios privados, a condición de que faciliten tierras para loteos sociales.
A diferencia de otras gestiones, que también asumieron en diciembre y de inmediato promovieron y lograron la aprobación de sus proyectos de emergencia, Cortés lo había anunciado en cada entrevista y en cada discurso, pero luego sofrenó su impulso. Cuando ya lleva cumplidos más de dos meses como intendente, recién esta semana envió el proyecto al Deliberante.
En los últimos días ya había circulado un borrador entre los bloques opositores, en el primer intento de buscar los apoyos indispensables.
Los principales condicionantes de la demora tuvo que ver con la dificultad para definir los alcances de la excepción (que se extendería por un año) y sobre todo el riesgo de exponerse a un fracaso si el oficialismo no logra reunir los votos, como ocurrió a nivel nacional.
La intención del gobierno del PUL es ahora la de avanzar decididamente con la iniciativa y conseguir una aprobación exprés esta misma semana y antes de las sesiones ordinarias.
El proyecto enviado a los bloques para su evaluación (que coincide con el ingresado por mesa de entradas) establece en su primer artículo la adhesión de Bariloche a la ley provincial 5.688 que declaró el estado de emergencia en materia económica y fiscal. Luego declara la propia emergencia municipal en lo económico, fiscal, financiero, de servicios y habitacional.
El articulado que sigue habilita al Ejecutivo a renegociar contratos de servicios, obras y suministros, a “priorizar el pago a proveedores del servicio de tránsito y vial”, a realizar contrataciones directas para la provisión de bienes de capital y otros insumos y a renegociar la concesión del transporte urbano “con ratificación posterior del Concejo Municipal”.
Pero la mayor parte del texto (16 artículos) están enfocados en la cuestión habitacional. En lo esencial, propone agilizar la aprobación de planteos urbanísticos privados, les impone la realización de las obras de infraestructura necesaria, incluso para los “espacios cedidos” con destino de loteos sociales, y encomienda al Concejo darle tratamiento “urgente” a los parámetros técnicos para viabilizar esos emprendimientos.
También define que el 15% de la tierra “comercializable” en esos nuevos fraccionamientos deberán ser destinados a “lote social”, con la aclaración de que podrá ser tierra “extrapredial”. Y crea además un “fondo de desarrollo urbano para la emergencia habitacional”, que se integrará con la coparticipación del impuesto inmobiliario, el 20% de lo recaudado por derechos de construcción, el producto de la venta de lotes sociales y el recupero de créditos otorgados por el municipio con ese fin, además de otros aportes de programas provinciales o nacionales.
Lejos del consenso y se necesitan 8 votos
El presidente del bloque Incluyendo Bariloche, Leandro Costa Brutten, cuestionó la metodología elegida por el oficialismo y su intento de buscar la aprobación de la emergencia “sobre tablas” esta misma semana. Consideró improbable que pueda cumplir con todos los pasos y menos aun conseguir los votos.
Dijo que “generar excepciones para los privados a cambio de lotes sociales no es la solución” para las carencias habitacionales que padecen miles de barilochenses. Sostuvo también que la emergencia no puede consistir en “habilitar a los desarrolladores inmobiliarios para que lleven adelante sus negocios”.
Costa Brutten criticó a Cortés por haber generado una corrida de interesados que abarrotaron el Instituto de Vivienda cuando habló de ofrecer lotes sociales con servicios “a 28.000 pesos por mes”. A su entender “el problema del intendente es la improvisación”.
En términos parecidos, la titular del bloque de JSRN, Natalia Almonacid, consideró que el proyecto de emergencia que propone el PUL “es amplio y bastante incongruente”. Lo definió “básicamente como la ley ómnibus de Cortés, sin un plan de Gobierno”. Ratificó que solo prosperará si obtiene un mínimo ocho votos, sobre el total de once.
Costa Brutten dijo que no pueden darle un tratamiento pormenorizado a la emergencia si el Ejecutivo sigue sin brindar información sobre “qué tipo de acuerdos tiene Cortés para ofrecer lotes a 28.000 pesos mensuales y también cómo se compone la deuda de 16.000 millones de pesos que acarrea el municipio, según dijo hace más de un mes en conferencia de prensa”. También se preguntó cómo hará el municipio “en emergencia” para abonar los aumentos de sueldos y las recategorizaciones comprometidas con el Soyem “cuando no están previstas en el presupuesto”.
El concejal de Incluyendo dijo que no son partidarios de declarar ninguna emergencia que incluya delegación de poderes, porque el Concejo “está a disposición para tratar cualquier tema que manden, incluso parámetros para cualquier proyecto inmobiliario, con la urgencia que sea necesaria, como ocurrió todo el verano”.
Aseguró que antes de fijar posición definitiva inició una ronda de consultas y envió el proyecto a referentes empresarios, sindicatos y juntas vecinales. Entre ellos, el empresario Pyme Gabriel Trujillo expresó públicamente su opinión en contra de la emergencia. “Es muy preocupante, si sale sería gravísimo -afirmó-. Detrás de esto hay intereses y no son los del pueblo. La ordenanza tiene un fondo de libre disposición y un manejo con las tierras con negociados tremendos, que serían imposibles de controlar. Hay que preguntarse si esta es la porquería que queremos para la ciudad”.
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