Walter Cortés logró apoyo unánime para la emergencia económica y habitacional de Bariloche

El gobierno municipal de Bariloche logró hoy apoyo unánime de todos los bloques para sancionar la declaración de emergencia económica y habitacional, durante una sesión especial que fue seguida en primera fila por el intendente Walter Cortés, quien aceptó varios recortes y cambios en el proyecto original.

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La emergencia económica -que también quedó caratulada como “financiera, fiscal y de servicios”– quedó limitada a un plazo de seis meses, en lugar del año completo que establecía el texto inicial. La habitacional si será por doce meses. En ambos casos se podrán renovar con intervención del Concejo y no a sola firma del intendente, como había sido la pretensión del gobierno.

La emergencia en su capítulo habitacional es en realidad un decálogo de excepciones y facilidades que el municipio asume para habilitar nuevos desarrollos inmobiliarios, con la condición de que aporten tierras para loteos sociales.

Cortés apuesta a resolver así -al menos en parte- la demanda multiplicada de vecinos que no tienen dónde vivir, debido al alto precio de los terrenos y de los alquileres. Su aspiración es desplegar en un breve plazo un paquete de no menos de 1.000 lotes, que se distribuirían de acuerdo al registro de demanda que administra el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas.

Los planteos urbanísticos que resulten evaluados y aprobados bajo la nueva normativa deberán estar ubicados hacia el sur y el este de la ciudad. Por su “fragilidad ambiental”, quedaron excluidas la delegación Lago Moreno, el área Catedral, y también la ladera norte del cerro Otto, cuando el primer proyecto de Cortés no hacía esas distinciones.

Otro de los cambios demandados por los bloques opositores y que fue agregado a la emergencia es que cada uno de los proyectos inmobiliarios privados que se evalúen bajo el nuevo criterio deberán pasar por el Concejo, donde recibirán “urgente tratamiento”.

Los desarrolladores deberán ejecutar a su cargo las obras de infraestructura para llevar servicios básicos no solo a sus propios loteos sino a las tierras cedidas al municipio. Esto último fue considerado necesario pero no suficiente por el concejal Facundo Villalba (Primero Río Negro), porque el tendido de redes no garantiza el “suministro” de agua y luz, que depende de obras más grandes, de captación, transporte y potabilización.

Otra de las cláusulas de la emergencia elimina las evaluaciones por “rangos”, que establece el código urbano, con sus audiencias públicas obligatorias. Pero mantiene la evaluación de los proyectos por parte de la Unidad Coordinadora, donde hay representantes técnicos de todos los bloques.

Menos tierras para equipamiento comunitario

Entre las condiciones impuestas a los emprendedores privados, la ordenanza aprobada hoy reduce del 15% al 11% las áreas de reserva fiscal y de espacio verde que deberán garantizar, para ampliar a cambio la cuota destinada a lotes sociales, que será del 15% “del suelo comercializable” y que podrá ser de ubicación “extrapredial”.

La concejal Natalia Almonacid (JSRN) evaluó en detalle los cambios aplicados, pondera la flexibilidad del oficialismo, y aclaró que la baja en las áreas de reserva obligatorias no es inocuo y tendrá consecuencias “que los vecinos deben saber”, porque luego los mismos beneficiarios de los lotes irán a reclamar “equipamiento urbano” -como escuelas, comisarías o centros comunitarios- y el municipio tendrá escasez de tierra para esos fines.

“Entiendo que hoy tenemos una crisis habitacional, pero es bueno saber que esta ordenanza implica tener menos plazas, menos instalaciones comunes -advirtió- Es una apuesta fuerte que hace el oficialismo. Pero no es menor el régimen diferenciado”.

Tanto Almonacid y Villalba como otros cuatro concejales habían retaceado el quórum la semana pasada, en el primer intento del partido PUL por aprobar la emergencia. Varios de ellos se refirieron a lo ocurrido aquel día y señalaron que no se podía aprobar el proyecto en esos términos y bajo la “presión” de manifestantes con bombos y banderas del sindicato de Comercio. Hoy esa movilización no se repitió, aunque numerosos vecinos interesados en las soluciones habitacionales siguieron la sesión, y también se presentó Cortés con varios miembros de su gabinete.

Nuevos créditos, garantizados con coparticipación

Del articulado original de la ordenanza desaparecieron la adhesión a la ley de emergencia provincial y también varias cláusulas que habilitaban al intendente a renegociar contratos, incluido el transporte urbano, para lo cual “tiene facultades por Carta Orgánica” y no necesita una ordenanza, según señalaron varios concejales.

Si se mantuvieron los artículos que permiten las compras directas, sin licitación ni concurso, y con prioridad para proveedores locales cuando sus precios no superen en más de un 10% a los foráneos.

También abre la posibilidad al Ejecutivo para que tome créditos, acuerde operaciones de “leasing” y emita “instrumentos financieros” destinados a la cancelación de deuda tomada por el gobierno anterior. Le permite también garantizar esos empréstitos con la coparticipación del impuesto inmobiliario.

Otro ítem agregado a instancias de la oposición impone el mandato expreso al Ejecutivo de buscar el “equilibrio” de las cuentas públicas y “eliminar el déficit operativo”. Crea además una “comisión de seguimiento” de la emergencia, con representación del Ejecutivo, el Concejo y el Tribunal de Contralor.

El presidente del Concejo, Gerardo del Río, destacó que con la emergencia ya declarada el gobierno podrá empezar a trabajar en los loteos sociales, que fueron su principal promesa de campaña. Dijo que con el Código Urbano que ahora queda parcialmente suspendido se tardaba “entre dos y tres años” en aprobar proyectos inmobiliarios, cuya plusvalía beneficiaría a los demandantes de tierras que no tienen otra opción.

Del río confió en dar ahora “respuestas rápidas para descomprimir una situación que castiga a los vecinos cada vez más”.