Ningún senador de la región muestra el patrimonio

Poder Ciudadano reclama que “se investiguen a fondo” los supuestos sobornos en el Senado. El banco de datos que impulsa la ONG choca con la negativa del 90% de los legisladores.

BUENOS AIRES (ABA) - Ninguno de los seis senadores nacionales de la región aportaron la declaración jurada con la evolución de sus patrimonios al banco de datos de Poder Ciudadano, a pesar de que dicho organismo les viene reclamando esa información desde noviembre del año pasado.

Los integrantes del MPN, Silvia Sapag y “Pipe” Sapag se negaron a acceder al requerimiento. La primera remitió a que se consulte su página Web, en tanto Felipe Sapag consideró innecesario dar explicaciones. Por su parte, el justicialista neuquino, Daniel Baum, afirmó que contestaría recién el mes que viene.

No muy distinto es el panorama de Río Negro. En este caso, Remo Costanzo (P.J) respondió que en febrero va a ver qué hace, el radical Horacio Massaccesi primero se negó y ahora dice que está analizando el tema, en tanto Edgardo Gagliardi anunció que no va a responder el pedido.

En concreto, sólo ocho de los 72 integrantes de la Cámara Alta presentaron sus declaraciones juradas.

“Decir (como hizo Silvia Sapag) que el detalle patrimonial está en la página Web no es satisfactorio, porque los datos son muy incompletos en relación a lo que solicitamos en nuestras planillas. Por otra parte, si los que prometieron acercar su información en febrero no lo hacen difundiremos públicamente tal incumplimiento”, enfatizó el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Carlos March, a “Río Negro”.

Mañana al mediodía, la fundación realizará un acto que consistirá en rodear el Palacio de Tribunales con una bandera argentina, y se escucharán los discursos de Luis Moreno Ocampo y del escritor Ernesto Sábato. El lema convocante será: “Para que las causas del Senado se investiguen a fondo y que la ley se cumpla”.

Razón de peso

Aunque pueda parecerlo, no será una protesta en oposición al fallo del juez Carlos Liporaci (que desestimó procesar a los 11 senadores sospechados) sino contra la forma en que se arribó al mismo: “Existe la percepción en la sociedad de que la falta de mérito dictada por Liporaci no responde a una investigación a fondo...Una cosa es si se llega a una definición tras agotar todas las instancias, y otra es un trámite a todas luces tan superficial”, explicó el director de Poder Ciudadano. March destacó que el motivo central de la convocatoria es que “los responsables de la investigación sepan que existe una sociedad atenta a lo que hace la justicia”.

El especialista de la ONG consideró que la manifestación está al margen de si los fiscales resuelven o no apelar la medida: “El magistrado puede seguir investigando más allá de si la fiscalía presenta o no un recurso, o puede interactuar con los otros dos jueces que investigan enriquecimiento ilícito o el tema de los ñoquis en el Senado”.

Sin entrar en el análisis del tema técnico, desde Poder Ciudadano consideran inadmisible un pronunciamiento como el de Liporaci respaldado nada más que en declaraciones testimoniales y unos careos, “sin tomar en cuenta herramientas fundamentales como el análisis de los movimientos de cuenta de los acusados”.

Moreno Ocampo -presidente de Poder Ciudadano- no sólo hará una referencia al affaire del Senado (y a un entramado que exige el pago de un “peaje” para aprobar una ley), sino también a un monitoreo que se efectuará con quienes aspiren a integrar el “nuevo Senado”.

Dentro de 30 días, Poder Ciudadano espera contar con el banco de datos de los actuales senadores que en septiembre se completará con el de todos los candidatos para las elecciones del mes siguiente. “Sin olvidar el daño que se le hizo a la institución aspiramos a la meta de un voto informado”, apuntó March.

Aunque hasta ahora, entre casi el 90 % de los senadores reina la indiferencia.

Bullrich pide control de planes

La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, advirtió hoy que se tomarán medidas “muy drásticas” para controlar la distribución de Planes Trabajar e impedir que se extorsione a los beneficiarios en el partido bonaerense de La Matanza, donde ayer dirigentes sindicales de izquierda encabezaron un nuevo corte en la ruta 3.

Bullrich, ante la renovación del conflicto que comenzó la última semana de octubre pasado, aclaró que no se reducirán los 8.500 planes de empleo provisorio asignados a ese partido, y dejó en claro que se cumplirán los términos del convenio firmó en noviembre y que puso fin al conflicto.

La funcionaria volvió a confrontar en forma directa con el concejal frepasista Luis D’Elía, quien integra además la Federación de Tierra, Vivienda y Habitat, a quien acusó de “montar una organización que le sacaba la plata a la gente”, es decir, de exigir dinero para garantizar el acceso a los Planes Trabajar.

Bullrich apuntó directamente a la Federación al señalar que dirigentes de esa organización están “involucrados” en el presunto pedido de pago de un bono a los desocupados. (DyN)


Comentarios


Ningún senador de la región muestra el patrimonio