No es confianza

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En la entrega del sábado pasado, esta columna se preguntaba en el título si Neuquén «es confianza». El texto explicaba que, por una intención de penetración subliminal de esa consigna oficial, lo que se pretende es convencer a la ciudadanía de que el gobernador Jorge Sobisch es sinónimo de confianza, o bien de que es «confiable», como la tarjeta del Banco Provincia. También de que es igualmente confiable para hacerse cargo, en el 2007, de la Presidencia de la República.

Al cabo de una semana en la que el autor, estimulado por unas cuantas y contundentes patadas en la cabeza, pudo aclarar sus ideas respecto de la confiabilidad de Sobisch, esta columna está en condiciones de contestar por la negativa a aquel interrogante. O sea, Neuquén no es confianza.

Hay, en la historia transcurrida desde que –hace 14 años– Sobisch asumió su primer mandato, abundantes elementos de juicio para negarle al gobernador la confianza que reclama. Han sido comentados en este espacio más de una vez.

Pero he aquí que el lunes pasado, el Movimiento Popular Neuquino que Sobisch preside publicó una solicitada en la que detalla «25 propuestas concretas» para la reforma de la Constitución provincial aprobada en 1957 (advierta el lector que estas «propuestas» son informadas al gran público después de la elección de los convencionales).

De movida nomás, hay una declaración de principios consistente en la «ratificación de límites provinciales» que, suponemos, el senador Miguel Pichetto habrá leído atentamente. Como los republicanos madrileños ante el primer avance de Franco sobre Madrid, los neuquinos decimos «no pasarán» (más allá –o más acá, según desde donde se lo mire– del meridiano diez).

Inmediatamente después –y en la misma letra chica–, el MPN se abraza al Vaticano proclamándose antiabortista. No lo dice en esos términos, pero en sibilina prosa habla de la «inviolabilidad de la vida, dignidad e integridad física y moral de la persona desde su concepción». En línea con esa declaración, la ley 2.471, que declara la necesidad de la reforma, habilita la modificación del artículo 3, que define a Neuquén como una provincia «laica».

En ese mismo capítulo inicial, de «principios y declaraciones», se propone una «cláusula de vigencia del orden constitucional y de las instituciones democráticas, previendo la nulidad absoluta de los actos que se realicen en su contra». Es una cláusula mediante la cual, y en otras palabras, el MPN alude implícitamente a su participación en una dictadura militar y asegura a la ciudadanía que no lo volverá a hacer. Pero cuesta creerlo.

Uno de los pocos artículos que, estando a la ley 2.471, no pueden ser tocados es el 114. Establece que «el gobernador y el vicegobernador podrán ser reelectos por un nuevo período inmediato posterior, no pudiendo volver a ser elegidos para ninguno de esos cargos sino con el intervalo de un período legal». Hasta aquí, bien. Pero resulta que, en el capítulo de la solicitada titulado «régimen electoral», se plantea la «imposibilidad de reelección indefinida de todos los cargos electivos, limitando la reelección a sólo dos períodos consecutivos». De acuerdo con este enunciado, un cargo electivo –como es el del gobernador– podría ser ejercido durante tres períodos, o doce años, sin solución de continuidad. Se haría viable, por lo tanto, otra reelección en el 2007.

El senador Pedro Salvatori dijo que ese párrafo de la solicitada es un error porque, según él, debería decir «un período» y no «dos». Pero, en realidad, lo que mueve a desconfiar es que esa propuesta de la solicitada implica el propósito de modificar un artículo –el 114– que, como ha sido dicho, no puede ser tocado.

El capítulo del «régimen económico» es el más difícil para el oficialismo, porque en la parte que se refiere a los hidrocarburos, cuya explotación es declarada monopolio del Estado, fue ignorado por el apoyo que Sobisch dio a la privatización de YPF, a cambio de los 614 millones de dólares recibidos del régimen de Carlos Menem (con quien el mandatario neuquino dijo entonces que tenía «una afinidad muy especial»).

En lugar de manifestarse públicamente partidario de la privatización, Sobisch aplicó la política del «laissez faire» y, en estos días, ha llegado al extremo de mostrar algún pensamiento supuestamente estatista, al reivindicar su política de no privatizar el banco provincial. En este caso, desconfiar significa advertir que no se trata de una política de principios con respecto al rol del Estado sino de que, mientras sea estatal, el BPN servirá como una caja del gobierno.

La propuesta número 19 de la solicitada alude como al pasar, respecto de los recursos naturales, a «la obligación de concesionarios y permisionarios». Dicho de otra manera, al mencionar a los «concesionarios» pretende blanquear las concesiones para la explotación de los hidrocarburos. Es una demostración más de que el oficialismo es incapaz de sincerarse con la sociedad y, por ejemplo, decir que fue y es partidario de la privatización. Para ser confiable, hay que decir la verdad.