“No se señaló un solo argumento positivo de esta reforma que beneficie a la población”

Uno de los aspectos más llamativos de la reforma de la Justicia impulsada por el gobierno es el nulo apoyo popular que ha obtenido. Ningún partido político o entidad gremial o social se ha manifestado públicamente de acuerdo con ella. Por el contrario, hasta una ONG aliada como el CELS se sintió obligada a formular algún cuestionamiento para no quedar pegada con una propuesta de tan peligrosos alcances para la sociedad. Y no es que la sociedad esté satisfecha, bata palmas con la actuación de la Justicia y no estime necesario que se introduzcan modificaciones urgentes para que su accionar trasunte en un servicio útil, eficaz y accesible para quienes requieran de ella. Es que la sociedad advierte que esta reforma no tiende a una verdadera mejora ni tampoco está inspirada en ese objetivo. No se ha podido señalar un solo argumento positivo que beneficie a la población. Y es por eso que nadie se ha atrevido a respaldarla, a excepción del oficialismo y sus laderos . En ocasiones similares, aun tratándose de leyes conflictivas, siempre se alzó alguna voz complaciente de apoyo. Sin ir más lejos, hasta la muy cuestionable ley de reforma de las ART logró el respaldo de los empresarios, sin perjuicio del lógico repudio de los trabajadores. Pero en este caso ninguna voz se escuchó para expresarse en respaldo de la pomposamente llamada “democratización de la Justicia”, un tramposo título para tratar de disfrazar un proyecto que nada tiene que ver con ese enunciado. Por el contrario, en esta ocasión hay sólidos argumentos para sostener que la politización y la partidización del Consejo de la Magistratura –producto de esta reforma– van a conducir inevitablemente al Poder Judicial a su sujeción al poder político, con la consiguiente pérdida de independencia y el peligro de afectación de los derechos y las garantías de los ciudadanos. Pero, además, otro efecto no menos peligroso de la modificación del Consejo de la Magistratura en lo que hace a la elección de un sector de sus miembros a través del voto popular y modificando las mayorías especiales para la remoción de jueces –contradiciendo la letra y el espíritu del artículo 114 de la Constitución nacional– es que a través de ella se va configurando un método de reforma constitucional “de facto”, totalmente reñido y contrario al mecanismo establecido a ese fin en el artículo 30 de la propia carta magna. Y esto es un serio y negativo precedente a tener en cuenta por la ciudadanía, por su factible aplicación por parte de los legisladores del oficialismo para consumar la pretensión de la re-reelección de la actual presidenta –impedida por la Constitución vigente–, atento a la evidente dificultad de lograr en el Congreso los dos tercios que se requieren para modificarla, una mayoría especial que bien podría ser cambiada a mayoría simple mediante alguna jugarreta de esas a las que el kirchnerismo nos tiene acostumbrados y en las que ha demostrado ser sumamente experto. Podrá decirse que ésta es una apreciación aventurada; sin embargo, el gobierno lo resumió con su “vamos por todo”, propósito que paso a paso va concretando, sin pausa ni límite que se le oponga, en su objetivo de mantenerse en el poder, para lo cual no vacila en degradar las instituciones, sobrepasar los límites legales o llevarse puesto al propio Montesquieu y su doctrina de la división de poderes del Estado. En este sentido, y abonando tal presunción, hay un detalle histórico que no puede dejar de tenerse en cuenta: la vocación hegemónica del peronismo. Toda una tradición que está en su génesis política y de la cual el peronismo ha hecho gala en cada una de sus etapas en el poder: en la de Perón, en la del menemismo y en su actual versión kirchnerista. Carlos A. Segovia, LE 7.304.065 Cipolletti

Carlos A. Segovia, LE 7.304.065 Cipolletti