Opinión publicada

Los invitamos a leer los artículos “Las inquietudes del diputado Rossi”, “La madurez del pueblo venezolano”, “El mayor retroceso desde la restauración democrática” y “Poder absoluto a las mayorías”.



En su editorial, La Nación se refiere a las declaraciones del diputado Agustín Rossi caracterizando como “fascistas” la convocatoria a concentrarse frente al Congreso. Afirma que “la sanción de las leyes que la Presidenta ha procurado presentar como tendientes a “democratizar” la Justicia conduce, contrariamente a lo que supone el mencionado líder parlamentario, a vaciar de contenido el régimen institucional recuperado en 1983. El “vamos por todo, propio de las concepciones totalitarias de gobierno, está presente de cuerpo entero en ese paquete de leyes que la Cámara de Diputados tratará hoy. ¿Cómo calificar, por lo tanto, de actitud “fascista y antidemocrática” una movilización popular que se oponga a una pretensión que tal vez sea la más osada de las que haya hecho el fascismo de izquierda instaurado en el poder? ¿Cómo admitir en silencio que una mayoría circunstancial pueda asestar el golpe inminente que se propinará desde el Poder Ejecutivo, y con la complicidad de la mayoría legislativa sumisa, contra el corazón de la República, sin hacer nada en lo inmediato para atajarlo?. El jefe del bloque mayoritario en Diputados debería saber -y explicárselo a sus colegas de bancada y aliados- que si el Congreso concede al Poder Ejecutivo la suma del poder público, ese acto llevará consigo (artículo 29 de la Constitución de la Nación) una nulidad insanable y sujetará a los que lo formulen, consientan o firmen a “la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. Para leer el artículo completo, hacé clic.

Enrique Krauze, en La Nación, opina que “algún día, por fortuna no muy lejano, los venezolanos que apoyaron a Chávez tomarán conciencia del enorme costo que tuvo la reiterada decisión de mantenerlo en el poder. Costo, para empezar, económico. ¿Cómo fue posible -se preguntarán, se preguntan ya- que los más de 800.000 millones de dólares de ingresos petroleros -infinitamente superiores a los que nunca soñó la Cuarta República- se esfumaran hasta dejar un país hundido en la escasez y la inflación? ¿Cómo explicar que Venezuela tenga las reservas petroleras más altas del mundo y viva emergencias similares a las de Cuba? Y la explicación la encontrarán precisamente ahí, en Cuba, en la insensata voluntad de emular en Venezuela el modelo cubano, en la infantil dependencia que Chávez desarrolló frente a su astuto padre, Fidel Castro.Pero si el daño económico ha sido inmenso, más grande ha sido el daño político (la concentración absoluta de poder en manos del endiosado presidente, el acoso a las libertades) y mayor aún el perjuicio moral: la inimaginable corrupción, así como la discordia plantada desde el poder en el seno de los hogares venezolanos”. Para leer el artículo completo, hacé clic.

El jurista y diputado Ricardo Gil Lavedra expone en La Nación los fundamentos de su crítica a la reforma judicial que propicia el Gobierno. Afirma que “la reforma constitucional de 1994 quiso reducir el componente político en la selección y remoción de jueces, para que se combinara con criterios de idoneidad. El Consejo de la Magistratura es el resultado de esa voluntad. Ahora se lo pretende partidizar de la forma más cruda, mediante elecciones populares en las que los candidatos deberán integrar las boletas de partidos políticos. Se alega que las mayorías deben conducir los tres poderes y que los jueces deben acompañar los deseos de esas mayorías. Llevar al extremo ese argumento implicaría negar nada menos que el control de constitucionalidad. Cuando una ley es declarada inconstitucional, esa decisión judicial es “contramayoritaria”, es decir, se opone a lo resuelto por los representantes del pueblo. Si los magistrados se hallan impedidos de hacerlo, porque deben alinearse a las diversas mayorías circunstanciales, se abre paso al absolutismo. Fue contra ese sistema que nacieron las constituciones. Que el absolutismo sea de origen hereditario o popular no cambia su perversidad y el peligro que representa para la vigencia de los derechos de los ciudadanos”. Para leer el artículo completo, hacé clic.

Carlos Pagni analiza en La Nación, la repercusión política de las leyes aprobadas por el Congreso. Señala que “el servicio que Cristina Kirchner necesita de la Corte es muy concreto: que no se declare la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo antes del 13 de mayo. Ese día ella debe convocar a las primarias (PASO) y pretende incluir la elección de consejeros. Para lograrlo cuenta con más de un instrumento. En principio, promulgará la limitación a las cautelares que espera ver aprobada para hoy. Esa ley establece que cuando el Estado apela una cautelar ésta pierde su carácter suspensivo. Es decir, la medida objetada mantiene sus efectos. Además, está el per saltum. Por lo tanto, si alguien pretendiera bloquear la elección de consejeros con un recurso de amparo, el Gobierno iría a la Corte sin escalas, mientras el proceso electoral sigue su curso. Sólo haría falta que Lorenzetti y sus colegas demoren en resolver el conflicto. No es algo a lo que no estén habituados. En 2006, la Asociación de Abogados de Buenos Aires y el abogado Ricardo Monner Sans pidieron que se declare inconstitucional la remodelación del Consejo de la Magistratura sancionada aquel año, bajo el liderazgo de la entonces senadora Kirchner. El expediente duerme en la Corte. La semana pasada la Asociación pidió un irónico “pronto despacho”. Para leer el artículo completo, hacé click.-


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