El cuadro sanitario de Río Negro y su trabada revisión

La imprevisibilidad limita y hasta paraliza al gobierno rionegrino. El presente crac de recursos reduce la faena estatal a la contención de los servicios públicos mínimos. El gobernador acapara esa misión, desde el seguimiento, la definición de la pauta salarial y hasta su difusión pública.

Cada comunicación oficial se concentra en las cargas de responsabilidad del presidente de Javier Milei. Enumera las innegables culpas de Nación mientras aprovecha para excusar al oficialismo de las suyas.

La atención se sostiene en el aquejado cuadro de la Salud, ventilado por las acciones del personal por sus bajos haberes. Por la última oferta, las alzas de noviembre-abril promediarán del 40% al 50% (subas generales más las del sector).

Los quebrantos sanitarios van más allá, con múltiples limitaciones.

Weretilneck ejecuta la estrategia, con alta valoración por la ministra Ana Senesi. Tanto que revalida críticas a la gestión de Fabian Zgaib por el desorden detectado. Difícil entender ese hallazgo actual por sus históricas vinculaciones y, menos aún, de parte de los hoy funcionarios ministeriales que vienen de las direcciones de los hospitales.

Los quebrantos en Salud van más allá que los caídos salarios del personal del sistema. La última oferta gubernamental será aplicada, con pagos en abril.

El asumido desbarajuste funcional y administrativo hospitalario -de eso se trata- muestra patrones en las asignaciones de guardias o horas extras al personal. El sistema aplicado entremezcló pagos por esos servicios con forzadas o raras concesiones por los exiguos haberes o compensaciones discrecionales.

Por noviembre, el ministerio abonó 2.222 millones por esos conceptos, lo cual, representó un 35% de la totalidad de la masa salarial. Gran parte de esos haberes se componen mayormente con esas liquidaciones, cuya habitualidad complica sus revisiones. Por eso, las correcciones de Senesi vienen trabadas.

El objetivo -explican en el círculo del mandatario- es control y “sinceramiento”. ¿Esas extrañas asignaciones institucionalizadas explican los nombramientos ad honoren de un secretario y una subsecretaria de Salud -José Pacayut y Laura Arslanian- que llegaron del hospital Zatti? Posiblemente.

Así, el ordenamiento no será sencillo, maxime con las inorgánicas acciones y medidas en los hospitales. Por eso, más allá de toda evaluación, Weretilneck sabe que no habrá aceptación gremial del reciente ofrecimiento entonces anunciaría su liquidación para abril, con próximos depósitos por los retroactivos de marzo.

Restará la reposición de la normalidad hospitalaria y, tal vez, existan salidas en ciertas direcciones (¿Bariloche? ¿Roca?). En ese propósito, el Gobierno no abre -por ahora- opciones a los sumarios de una quincena de trabajadores de Bariloche, que Asspur y ATE piden detener.

El déficit de Salud permanecerá y, por eso, el oficialismo clausura ámbitos ajenos. El bloque del ARI advirtió que su pretendida declaración de la Emergencia no tendrá tratamiento legislativo, a pesar de sus garantías y sus crecientes coincidencias con Weretilneck.

Restará la reposición de la normalidad en los hospitales y, tal vez, con cambios. El déficit en el sector permanecerá y, por eso, el oficialismo clausura ámbitos ajenos de análisis.

Ya la situación quebró la alianza de Martín Doñate con el líder de JSRN cuando el senador cuestionó su política sanitaria y ahondó que «la privatización indirecta» del servicio «nunca es la salida». El peronista, que luego difundió su «plan de Salud», siempre fue consciente del nivel de colisión política que aquella acusación privatizadora tendría en el gobernador. Esa ponderación -seguramente- motivó que los intendentes aliados y miembros del PJ se negaran al pedido de Doñate que ese posicionamiento fuera un documento partidario.

Los jefes comunales prefirieron evitar tal arremetida. No tienen margen para romper sus lazos (pocos o muchos) con la Provincia. Llegan tiempos difíciles para sus administraciones. Los recortes por los derrumbes de los envíos nacionales y provinciales empezarán con abril, con bajas reales (la inflación descontada) estimadas de un 25% al 35%.

Ellos, tampoco, conocen aún cuáles serán sus desventuras.


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