La supremacía del Poder Judicial sobre la política democrática
Una Corte que pactó sus silencios, solicitó y aceptó designaciones ilegales, ahora obedece a pedidos externos para acelerar decisiones extremas. Una decisión peligrosa.
“Los jueces de los expedientes de Abril”, Honoré Daumier, 1835.
Momento complejo y de máxima tensión.
1. Una decisión judicial muy apurada y muy peligrosa
El Juez Maqueda fue enfático al afirmar en diversos ámbitos que la Corte no iba a decidir la causa Vialidad en un año electoral. Parecía no haber apuro. Esa predicción respetaba el precedente de una institución suprema cuyos silencios favorecen al Gobierno actual en todas sus medidas inconstitucionales.
Algo sucedió para que eso cambiara. Parece que a pedido de factores extrainstitucionales poco claros y que nada tienen que ver con el juego republicano algo se aceleró. Así, de manera frenética y repentina, la Corte confirmó la pena de 6 años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Cristina Fernández de Kirchner. La decisión de la Corte invita a repetir errores históricos, a una tragedia política. La clase política debe actuar, sí. Pero con responsabilidad y templanza.
El peligro que implica esta decisión para todo el sistema político federal, para todos los representantes políticos, económicos, sindicales y sociales, no se dimensiona todavía. Resulta una pésima señal para actores económicos y financieros en una economía en proceso de rediseño y concentración.
La destrucción del Estado, su privatización, se facilita cuando se puede utilizar silencios supremos para habilitar ese proceso y decisiones expeditas para incidir en procesos electorales como ya hizo la Corte en 2023 y como se reitera hoy. Sin frenos ni contrapesos.
Todos los errores acumulados del kirchnerismo en materia constitucional y judicial los hemos estudiado y criticado públicamente durante más de veinte años. La reforma judicial del 2006, la ley que desregula decretos (ley 26122) que está usando Milei, la “democratización de la justicia” del 2013, el Código Civil de Lorenzetti, la nueva ley de Ministerio Público que usará el Gobierno, el último proyecto de reforma judicial del 2020 y el juicio político inviable e inconducente contra la Corte en el 2023. Muchos de ellos siguen siendo defendidos incluso cuando son evidentes sus peligros y resultados negativos.
Proponer en este contexto la “elección popular de jueces” es otro error propio de una disonancia cognitiva mayúscula.
Las guerras judiciales deben ser rechazadas más allá del color político. Usar al poder judicial como arma de persecución política con parcialidad y selectividad evidente es propio del autoritarismo que crece en el escenario internacional cada vez más oscuro. La persecución a líderes sociales que se manifiestan pacíficamente, que protestan, se multiplica y se diversifica en sus formas.
Todos los errores del kirchnerismo, algunos declarados inconstitucionales, otros usados y abusados tanto por el macrismo como el mileísmo y por la propia Corte actual, demuestran que las instituciones importan y mucho. Las garantías constitucionales importan y mucho.
El costo de esa lección ya presente en la historia de Argentina en el Siglo 20 será duro a nivel de los liderazgos personales pero especialmente para toda la sociedad que está a merced de un ciclo destructivo sin defensa. Las provincias y sus gobernadores deberían estar preocupados por el vacío institucional, por esa costosa lección institucional.
2. El error político de la Corte Suprema
Un error de política judicial es un error político. Como el subsanado error de designar a Rosenkrantz y Rosatti por decreto, como el fallo 2×1 (Muiña), como la decisión de impulsar decretos en comisión y tomarle juramento a García Mansilla, rechazar a Lijo, para después que el Senado rechace ambos pliegos. Esos son errores de política judicial que fueron errores políticos. Ayer la Corte cometió otro gravísimo error político.
Un error que invita a errores de las fuerzas políticas, especialmente al propio kirchnerismo. No estaríamos en este 2025 con perspectivas tan oscuras sin un sistema político roto y autodestructivo, que acumuló guerras fratricidas. Los narcisismos de muchos actores políticos y empresariales fomentaron la antipolítica y la polarización que nos trajeron a estos tiempos crueles, a una actualidad repleta de desafíos existenciales.
Todos los partidos mayoritarios, el radicalismo tanto antes como después del golpe de 1930, el peronismo tanto antes como después del golpe de 1955, cometieron errores. En todo el proceso político autofrustrante y violento entre 1955-1983, se cometieron errores gravísimos y delitos atroces. En estos cuarenta años se cometieron otros tantos. Es clave tenerlos presentes.
La decisión de la Corte es una pésima decisión para todos. Tanto para el Gobierno como para su oposición. Incluso para toda la estructura que está debajo de los tres Jueces de la Corte Suprema que la firmaron a pesar de estar en guerra abierta entre ellos porque pertenecen a dos tribus diferentes.
Las condenas de corrupción podrían ser una señal republicana en una situación normal, con respeto de garantías constitucionales e imparcialidad. Las persecuciones selectivas y la conexión entre sectores judiciales y empresariales son manifiestas y una amenaza para una república imperfecta pero verdadera, real.
El daño que hizo la Corte en menos de diez años es inmenso. Aceleró la crisis que nos trajo a Milei, a estos tiempos de descomposición institucional, de anomia constitucional y de más pobreza.
La supremacía del poder judicial sobre la política fue un error de la política democrática. Otro error de estos cuarenta años de democracia. Esa supremacía judicial está cada día más mutando a una supremacía económica de factores extra-políticos y anti-republicanos. La paz, la no-violencia y la responsabilidad son vitales para no empeorar una encrucijada ya oscura.
* Abogado y profesor de Derecho Constitucional
Comentarios