La utilidad de una Corte inútil

La debilidad institucional se profundiza y el sistema judicial quedará totalmente descabezado. La oposición a Milei le garantiza su precaria fortaleza.

Imagen: “La gente de la justicia” Honoré Daumier, 1845.

Un nuevo desorden mundial.

1. Las instituciones no frenan la concentración de poder.


El nuevo orden mundial trae cambios a todo nivel. Especialmente afectará a nuestros frágiles sistemas constitucionales pero también a la vida íntima, social y familiar.

Los discursos en Davos de Trump y Mark Carney, primer ministro de Canadá, marcaron el espectro de lo que se espera. Los dichos de pasillo del Gobernador de California Newsom también. Todos graficaron la tormenta que asoma.

Nuestro escenario local no es menos tormentoso. La oposición está naufragando en cumplir su rol de forma digna y el Gobierno no tiene garantizada una pacífica llegada a buen puerto. Los desafíos son múltiples y cada actor parece su peor enemigo. Seguramente, aprovechando la colaboración de las fuerzas opositoras, desorientadas pero interesadas, el Gobierno piense en su reelección y mantenga el horizonte de otro cambio monetario o constitucional. Suya es la iniciativa.

Silencios supremos



Los silencios supremos y de los tribunales federales contrastan con la gravedad que denuncia la oposición. Muchos de esos líderes de la oposición trabajan -ejercen liberalmente su profesión de abogadas/os- representando intereses privados -que esperamos no contradigan su rol público- en la misma Corte y en los mismos tribunales federales que no abren la feria judicial para analizar inconstitucionalidades manifiestas. La gravedad es real pero la reacción es teatral.

El Ejecutivo, en efecto, dictó un decreto reformando el sistema de inteligencia. Una reforma peligrosa. La cuestión es simple y puede declararse inconstitucional si hubiese coraje judicial en lugar de magistral pasividad. Si hubiese más voluntad de cambio real, en lugar de reacciones mediáticas que son cada vez menos creíbles.

Esa parece ser la apuesta del Gobierno. Hacer que la oposición sature con indignación republicana impostada todo y canse, hasta generar rechazo. Le fue bien el año pasado con la censura de audios por un Juez que ya nadie recuerda. La oposición tuvo un 3% de efectividad y perdió la elección.


Olvidado está el Artículo 82 de la Constitución que establece la regla sobre el silencio legislativo. Aunque sea negado por una amnesia selectiva de la misma oposición y más allá de la pésima Ley 26.122 dictada por el Congreso y presentada por el kirchnerismo en 2006. Hace ya veinte años que esa Ley es inconstitucional pero sigue firme. El sistema es frágil e inestable. Las inconstitucionalidades, sólidas y estables.

Hace dos años la oposición legislativa está a punto de derogar el Decreto 70 de Diciembre del 2023. El Congreso acumula un descrédito peligroso. No es difícil imaginar una crisis parlamentaria ante tanto autócrata creciendo.

2. Una sociedad sin instituciones que la defiendan


Una Corte incompleta es una Corte parcialmente descabezada. No es la Corte de la Constitución. Una Corte que pide decretos de designación y recibe miembros irregulares por un mes, que firman sentencias pero son posteriormente expulsados por el Senado. Irregular es decir poco.

Esa Corte desprestigiada por internas feroces tiene una utilidad increíble para un Gobierno que siempre tuvo la iniciativa y una oposición que ni siquiera quiere criticarla porque trabaja con ella para completar sus ingresos y porque controla el Consejo de la Magistratura, y así, las ternas, el presupuesto judicial y las designaciones de cargos (para familiares y socios).

A la utilidad de una Corte inútil se le suma la utilidad de una oposición pavloviana que vive reaccionando sin proyecto de Nación. Hasta ahora el único freno real que transformó la realidad fue el rechazo en el Senado a la designación de García Mansilla. Pronto veremos si el Gobierno y la propia Corte llegaron a un nuevo y silencioso acuerdo político.

En Febrero quedará descabezada la Defensoría General de la Nación. La irrelevancia institucional, el populismo punitivo con agendas lesivas que violan garantías y trastocan roles constitucionales y la estructural debilidad de los defensores en una sociedad seducida por la cultura del castigo directo es su legado más notable. Sus silencios cuando Macri amenazaba remover por decreto a su par Procuradora y su inacción frente a la violación procesal masiva del principio de inocencia y garantías constitucionales, sus aportes a la degradación colectiva.

Un Ejecutivo sin control, un Congreso vaciado, un poder judicial que ignora la Constitución, una Procuración y una Defensoría descabezadas, un defensor del pueblo inexistente, una federalismo cada vez más precario y un plan económico que sacrifica la industria nacional sin bajar la inflación. Toda esa fragilidad tiene su utilidad.

*Abogado y profesor de Derecho Constitucional.


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