Los costos de la transición

Las medidas económicas del gobierno de Omar Gutiérrez, desde que el MPN azul perdió la gobernación el 16 de abril, fueron tomadas con un grado de acuerdo con la del próximo gobernador, desde el 10 de diciembre, Rolando Figueroa. Si no hubiese mediado la reconciliación de ambos, las decisiones antipáticas tendrían costo político unilateral.

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“Lo hacen porque ambos están convencidos que uno debe terminar bien su gestión y el otro debe tener la plataforma para que le vaya mucho mejor”. La explicación de un allegado tiene color a lo políticamente correcto, que efectivamente lo es.

De todas formas hay una conveniencia mutua que soluciona problemas de corto plazo para la gestión actual y de mediano para la futura. El tema es el costo político que no estuvo escrito con todas las letras en el acuerdo de reconciliación, y ahora presenta resquicios incómodos.

Se entiende porqué bajó la temperatura del calor del debate en torno al pedido de endeudamiento que salió por ley con un toque de desprolijidad al aumentar el monto original. Ni hablar del mecanismo que permitió echar mano al fondo anticrisis que había urdido, como en un telar mapuche, el vicegobernador Marcos Koopmann. Con ello es silenciar un problema que, al menos, no explotará en el mediano plazo: el financiamiento de las jubilaciones del ISSN.

Ahora, en medio de la preparación del presupuesto para el año que viene -es claro que debe tener el visto bueno de quien lo va a ejecutar- apareció el problema del financiamiento al Poder Judicial. Se abastece con un porcentaje de la coparticipación federal como lo establece la ley de 1992, cuando Jorge Sobisch coqueteaba con el progresismo. Durante un par de años tuvo ahorros que, según se dijo, fueron invertidos, en parte, en el edificio de la ciudad judicial, pero claro, los cambios y las necesidades de un grupo específico de la sociedad que podría ser identificado como minoría intensa generaron más demanda de fondos. Entonces se pedía al cuerno de la abundancia cuya llave la tiene el Poder Ejecutivo.

El acuerdo de reconciliación incluyó la ley del fondo de compensación presupuestario integrado por el 3% de la coparticipación nacional de impuestos, uno y medio proviene de la coparticipación de la Legislatura, que estaba en 7,5 y quedó en 6, y el otro punto y medio viene del Tesoro de la Provincia.

Está pensado para que su administración quede en manos de (vaya, vaya) el Poder Ejecutivo (futuro) para compensar el presupuesto judicial. Hay que ver ahora si la ley de presupuesto del Poder Judicial tiene un artículo que establece cómo echar mano a ese fondo o, como se hace siempre, se le pasa la factura al Ejecutivo y se mira para el costado cuando se le achaca que no es “un poder independiente”.

Por el revuelo que se armó con el gremio legislativo se “acordó” que si llega a haber un desfase de plata se volvería al 7,5% original y que, ojo, tampoco se toque el porcentaje que se destina a los municipios. “La Legislatura anda muy bien con el 6%, dado que se va a calcular un superávit para el año que viene de alrededor de 3 a 5.000 millones”, se indicó.

Los cálculos preliminares indican que el fondo se va a constituir en unos 10.000 millones, y el déficit del presupuesto judicial es de 25.000 millones, por sobre el 18% que recibe de la coparticipación.

Esta suerte de paz en la Legislatura permitirá nombrar una decena de cargos nuevos antes de fin de año. Indicaron que se trata de funcionarios judiciales que van a ir al interior de la provincia, a Rincón de los Sauces, San Martín, a Chos Malal, a Zapala, a Cutral Co. Es precisamente el interior donde abreva el caldo en el que se cocinó el ganador del concurso de abril, el frente neuquinizate Comunidad.

Pero el tema de los costos a veces se esconde o se tapa. La vicegobernadora electa Gloria Ruiz mantiene un curioso silencio, postura que no está en el ADN sobre el que construyó su figura, con el recorte anticipado.