Neuquén y la corrupción: ¿hay tolerancia cero?

En los últimos días se ha difundido la existencia de presuntos hechos de corrupción que vincularían a la actual vicegobernadora, lo que motivó fuertes y grandilocuentes manifestaciones de una parte significativa del arco político respecto de un posicionamiento de “tolerancia cero” frente a hechos de corrupción.

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Constituye un acierto que en nuestra provincia se investigue, se prevenga y se sancione la corrupción, máxime cuando la corrupción no ha sido objeto de escrutinio por parte del poder político ni por parte del poder judicial durante muchísimos años.

Lo que no resultaría tan celebrable es que estas cuestiones, socialmente tan sensibles, sean utilizadas de manera retórica con la finalidad de dirimir disputas políticas, perseguir disidencias o practicar Lawfare.

Las actuales declamaciones de “tolerancia cero” se ponen en tela de juicio cuando las propias estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio Público Fiscal dan cuenta que los casos de corrupción no son denunciados por el poder político, como así tampoco investigados de oficio por el Ministerio Publico Fiscal.

A esta no menor circunstancia se le suma el hecho de que la mayoría de los/la funcionarios/as públicos/as no presenta sus declaraciones juradas patrimoniales, pese a ser una obligación legal inexcusable y una circunstancia públicamente conocida.

Incumplimiento de funcionarios con las declaraciones

Diversos artículos periodísticos dieron cuenta de los incumplimientos y la omisión de los funcionarios y legisladores/as de presentar la declaración jurada patrimonial conforme lo regula la Ley N° 5 y nadie se escandalizó. Por otra parte, el poder Legislativo, el poder Ejecutivo y/o el Ministerio Público Fiscal no parecieron interesados en exigir el cumplimiento de dicha ley o hacer algo al respecto.

La omisión de presentar la declaración jurada de bienes se trata de una infracción grave a la ley, conocida por todos los órganos estatales, presumiblemente constitutiva del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público respecto de una regulación cuyo objeto principal es controlar hechos de corrupción y que, sin embargo, es tolerada de manera deliberada. Sería -a la inversa de la retórica política vigente- un caso de cien por ciento de tolerancia frente a hechos graves de corrupción.

Concretamente, y conforme lo define el MESICIC (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción) los sistemas que prevén la declaración de intereses, ingresos, activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas constituyen una herramienta indispensable para la construcción de una cultura de integridad y transparencia y en particular instrumentos indispensables tanto para la prevención de conflictos de intereses como para la detección e investigación de ciertos delitos asociados a la corrupción pública, especialmente el enriquecimiento ilícito de funcionario público.

Teniendo en cuenta esta definición y la obligatoriedad legal de presentar declaraciones juradas resulta cuando menos extraño que quienes dicen practicar tolerancia cero respecto de la corrupción consientan o cometan este tipo de incumplimientos.

La situación se vuelve aún mas paradójica y poco creíble si se tiene en cuenta que muchos de los/las legisladores/as que se han abanderado bajo la proclama de “tolerancia cero” no han presentado sus declaraciones juradas y tampoco lo han hecho algunos de los fiscales que intervienen en la investigación de los delitos de corrupción.

No se actualizan los estándares anti corrupción

Además, la Legislatura tampoco ha dado tratamiento al proyecto de ley tendiente a actualizar los estándares contra la corrupción de la Ley 5, sumado a que el Tribunal Superior de Justicia tiene desde hace meses una acción de inconstitucionalidad en la que se plantea la necesidad de abrogar el texto de la norma que impone que las declaraciones juradas sean secretas.

No resulta ocioso preguntar cuántos casos más de corrupción se podrían conocer si las declaraciones juradas de los funcionarios fueran públicas. Sin embargo, la legislatura que proclama “tolerancia cero” parece muy interesada en que continúen siendo secretas.

Tampoco resulta ocioso preguntarse cuántos casos más de corrupción se conocería y evitarían si los funcionarios fueran obligados a cumplir la ley y en consecuencia a presentar, como corresponde, sus declaraciones juradas.

Mas allá de las declaraciones mediáticas y de las grandilocuentes expresiones políticas, en los hechos no parece haber una gran vocación en relación a prevenir, investigar y sancionar la corrupción, sino más bien todo lo contrario.

Como diría la frase atribuida a Don Juan Tenorio, “Los muertos que vos matáis, gozan de buena salud”, pero a diferencia de Tenorio, no se trata aquí de una lucha imaginada, sino de la puesta en escena ficcionada de una lucha que en los hechos parece no existir.

* Abogados especializados en Derecho Administrativo y quienes presentaron la inconstitucionalidad de la Ley 5.