Represas en Santa Cruz: diez años de demoras y más caras
Se deben analizar los repetidos incumplimientos contractuales, que tuvieron gravosas consecuencias económicas, y las diferencias entre los desembolsos realizados y el avance de la obra.
En 2013 se adjudicó a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz. El proyecto sería financiado principalmente mediante créditos otorgados por bancos de la República Popular China por un monto de 4.000 millones de dólares. El costo total previsto ascendía a 4.700 millones, por lo que el Estado argentino asumiría el financiamiento de los 700 millones restantes.
El contrato establecía un plazo de ejecución de siete años. De cumplirse ese cronograma, las represas deberían haber comenzado a generar energía en 2020, precisamente el año en que también estaba previsto iniciar el repago de los créditos otorgados por China. Los proyectos de infraestructura financiados por China suelen presentar una característica común: la participación de, al menos, una empresa de ese país en su ejecución.
Más que una excepción, constituye una práctica habitual en este tipo de financiamiento, ya que permite al país acreedor mantener una presencia directa en el desarrollo de la obra. La construcción de las represas sobre el río Santa Cruz no fue la excepción. La UTE adjudicataria quedó integrada por Gezhouba Group Company Limited, Electroingeniería S.A. e Hidrocuyo S.A. La empresa china pasó a tener la participación mayoritaria del consorcio, concentrando así el control y las principales decisiones vinculadas con la ejecución del proyecto. Sin embargo, el desarrollo de la obra comenzó a alejarse rápidamente de los plazos originalmente previstos.
Fuera de plazos
El 26 de mayo de 2022, cuando ya habían transcurrido dos años desde la fecha prevista para la finalización de las obras, se publicó en el Boletín Oficial el denominado Acuerdo de Enmienda y Restablecimiento al Contrato de Línea de Crédito. Ese instrumento incorporó costos adicionales por 300 millones de dólares, elevando el monto total de la construcción de las represas a 5.000 millones de dólares. En mayo de 2023 se produjo un nuevo desembolso de 500 millones de dólares.
Con ese aporte, los bancos chinos habían desembolsado aproximadamente el 45 % del crédito originalmente comprometido, sin considerar los fondos aportados por el Estado argentino. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida por las propias empresas constructoras y por ENARSA, en diciembre de 2023 el avance físico de las obras alcanzaba apenas el 25% en la represa Néstor Kirchner y el 40% en la represa Jorge Cepernic.
El 1.º de diciembre de 2023, la UTE encabezada por Gezhouba acordó con la UOCRA una suspensión transitoria de las obras hasta fines de febrero de 2024. Lo que inicialmente fue presentado como una medida de carácter transitorio terminó convirtiéndose en una paralización que se prolongó durante aproximadamente dos años y medio.
Recién este año, como resultado de las gestiones impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y por las nuevas autoridades de ENARSA, fue posible alcanzar un acuerdo entre las partes y reactivar los trabajos. Para ello, la UTE solicitó una nueva redeterminación de precios correspondiente al período 2013-2023. Como consecuencia de esa negociación, ENARSA aceptó reconocer mayores costos y otros conceptos conexos por aproximadamente 700 millones de dólares, condición necesaria para reanudar la ejecución de la obra.
El costo de la demora
Resulta difícil imaginar que una obra de esta magnitud en China pudiera concluir diez años después del plazo originalmente previsto. Sin embargo, eso es precisamente lo que ocurre con las represas sobre el río Santa Cruz: la finalización, prevista inicialmente para 2020, ahora se proyecta para 2030. De esta situación surgen dos hechos objetivos que merecen ser analizados.
El primero es el incumplimiento del plazo contractual, con todas las consecuencias económicas que ello implica. El segundo es la marcada diferencia entre el porcentaje de avance físico de las obras a diciembre de 2023 y el porcentaje de los recursos financieros que ya habían sido desembolsados. Beneficios perdidos y una obra pública mucho más cara. Las consecuencias del atraso no son menores. Los mayores costos derivados de la extensión del plazo de obra terminarán siendo afrontados, una vez más, por el Estado argentino.
A ello debe sumarse el costo de oportunidad: entre 2020-2030 el país dejará de disponer de la energía que las represas debían aportar y seguirá afrontando intereses y nuevas redeterminaciones de precios .
Respecto de la diferencia entre los fondos desembolsados y el grado de avance físico alcanzado a fines de 2023, corresponde que las empresas integrantes de la UTE —Gezhouba, Hidrocuyo y Electroingeniería—, junto con los organismos públicos responsables del seguimiento del proyecto, expliquen con claridad cuáles fueron las razones que llevaron a esa situación.
Finalmente, cabe preguntarse si la adhesión de la Argentina al “Memorándum de Entendimiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta” suscripta durante la gestión del entonces canciller Santiago Cafiero, contribuyó a sostener la continuidad del financiamiento chino. Es un interrogante que merece ser analizado, porque forma parte del contexto político y financiero en el que se desarrolló uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la Argentina.
* Exconvencional Constituyente, exsenador, exdiputado nacional y provincial.
En 2013 se adjudicó a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz. El proyecto sería financiado principalmente mediante créditos otorgados por bancos de la República Popular China por un monto de 4.000 millones de dólares. El costo total previsto ascendía a 4.700 millones, por lo que el Estado argentino asumiría el financiamiento de los 700 millones restantes.
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