Subsidios al transporte: el cambio necesario y posible

Desde diciembre de 2023, el gobierno nacional inició una transformación profunda en la política de subsidios al transporte urbano de pasajeros. Se eliminó el Fondo Compensador del Interior y se priorizó el subsidio a la demanda (descuentos directos a usuarios vulnerables) en lugar de transferencias a las empresas. Paralelamente, se habilitó el pago con tarjetas de débito, crédito y billeteras digitales, rompiendo parcialmente el monopolio de SUBE. Aunque la transición está incompleta, marca un rumbo más racional, transparente y centrado en el usuario.

Subsidiar la demanda

Al subsidiar al pasajero y no a la empresa, se alinean correctamente los incentivos: tanto operadores como Estado se enfocan en mejorar el servicio, optimizar recorridos, ajustar frecuencias y atraer más usuarios. El transporte público deja de ser un servicio “garantizado por subsidio” y compite de verdad con otras formas de movilidad (motos, autos y aplicaciones). Esto genera presión natural por eficiencia, innovación y calidad.

El viejo modelo de subsidio a la oferta perpetuaba ineficiencias: las compensaciones se calculaban sobre costos declarados y kilómetros recorridos, por lo que cambiar recorridos significaba perder subsidios automáticamente. El resultado era rigidez extrema, sobreoferta en zonas poco usadas, suboferta en otras y un deterioro progresivo del sistema. Hoy, los datos sistematizados de pasajeros y viajes realizados permiten vincular la compensación del Estado al uso real.

Una transición incompleta

El gobierno acertó al eliminar los subsidios a la oferta en el interior del país desde 2024. Sin embargo, mantiene ese esquema obsoleto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde concentra la gran mayoría de los recursos nacionales en subsidiar empresas en vez de usuarios. Esta asimetría es injusta y regresiva: destina fondos a la región más privilegiada y preserva ineficiencias intolerables para el resto del país. Esos subsidios deberían eliminarse por completo.

Además, es necesario completar la desregulación del sistema de pagos. SUBE (operada en exclusividad por Nación Servicios) mantiene un monopolio sobre los subsidios nacionales, lo que le permite cobrar comisiones reguladas más altas y limita la innovación. Habilitar plena competencia para que tarjetas de débito/crédito, billeteras digitales y otros sistemas de pago puedan también validar y aplicar estos subsidios bajaría costos, mejoraría la experiencia del usuario y aceleraría la modernización.

Bariloche, ejemplo exitoso

San Carlos de Bariloche demuestra que el cambio es viable y genera mejoras concretas. Tras la quita del subsidio nacional a la oferta el gobierno municipal y el provincial readecuaron sus políticas de subsidios; el sistema se sostuvo con una tarifa más transparente que cubre gran parte de los costos, combinada con subsidios focalizados a la demanda según viajes reales:

• El Municipio cubre el 25% de descuento para residentes registrados.

• La Provincia sostiene el boleto estudiantil secundario y terciario.

• La Nación mantiene la tarifa social federal (55% de descuento para jubilados y beneficiarios de planes sociales, entre otros).

Este esquema tripartito permitió renovar la flota con colectivos cero kilómetro, mejorar notablemente la calidad del servicio y optimizar recorridos. En febrero de 2026, la empresa presentó un nuevo esquema de líneas acordado con el municipio, respondiendo a la demanda real de los vecinos. Los cambios responden directamente a los usuarios, algo que el antiguo modelo desincentivaba.

Conclusión

Subsidiar la demanda no implica retirar al Estado, sino redirigir su intervención de forma inteligente: protege a quienes más lo necesitan sin blindar ineficiencias ni distorsionar la competencia. Es más equitativo porque premia el servicio realmente utilizado.

El camino iniciado en 2023 es correcto, pero incompleto. Eliminar definitivamente los subsidios a la oferta en el AMBA, extender la lógica de la demanda a todo el sistema y abrir la competencia en los pagos permitiría un transporte urbano más sostenible y orientado al usuario. Bariloche ya lo demuestra: con incentivos alineados, es posible renovar flota, rediseñar recorridos y mejorar el servicio incluso en contexto de ajuste fiscal. El resto del país —y especialmente el AMBA— debería seguir ese ejemplo.

* Asesor del Municipi o d e Bariloche, ex diputado nacional (JSRN)