Tren del Valle: una oportunidad que no podemos malograr
El verdadero derecho que hay que garantizar es el de tener un servicio que exista y funcione bien dentro de veinte años, no el de pagar poco por él hoy y quedarse sin nada mañana.
La posibilidad de reactivar el Tren del Valle vuelve a instalarse en la agenda del Alto Valle, y con razón. Un servicio ferroviario que una a Neuquén, Cipolletti, General Roca y Chichinales, con todas las localidades intermedias, no es solo un proyecto de transporte: es una pieza de infraestructura que puede reorganizar la movilidad de todo el corredor, aliviar una Ruta 22 saturada, achicar tiempos de viaje para miles de trabajadores y estudiantes, y dar previsibilidad a un área metropolitana que hace décadas funciona de manera integrada sin tener la infraestructura que esa integración exige.
Dicho esto, la experiencia argentina con este tipo de proyectos obliga a ser muy cuidadosos con cómo se lo discute y cómo se lo implementa, porque tenemos un historial extenso de buenas ideas arruinadas por el atajo populista.
El error que ya vimos repetirse en trenes, colectivos y otros servicios subsidiados en el país es siempre el mismo: se anuncia la reactivación como una conquista, se fija una tarifa política pensada para la foto y el rédito electoral inmediato, y se posterga para “más adelante” la pregunta incómoda de quién paga el funcionamiento real del servicio.
El resultado, una y otra vez, es previsible: subsidios que crecen sin techo, mantenimiento que se posterga porque no hay partida asignada, material rodante que se deteriora sin reposición, y un servicio que arranca con entusiasmo y termina degradado, discontinuado o convertido en un pasivo político que nadie quiere sostener cuando cambia el signo político de turno.
No hace falta ir muy lejos para encontrar ejemplos de ramales, líneas y sistemas de transporte reactivados a fuerza de anuncio y sin sustento financiero, que terminaron peor que antes de la reactivación. Esa es la vara con la que hay que medir cualquier anuncio sobre el Tren del Valle: no si suena bien hoy, sino si va a seguir funcionando en diez años.
Lo que no puede saltearse
Reactivar el tren tiene que ser, antes que nada, un ejercicio de planificación económica y no solamente de ingeniería o de relato. Eso implica un plan de financiamiento explícito, que diga con claridad de dónde sale la plata para la inversión inicial y, más importante todavía, de dónde sale la plata para sostener la operación año tras año: aportes de Nación, Provincia y municipios en proporciones definidas, eventual participación privada, ingresos propios por tarifa, y mecanismos de actualización que no dependan de la voluntad política del momento.
Implica también un esquema de mantenimiento presupuestado desde el día uno, con metas de calidad de servicio verificables —frecuencia, puntualidad, estado del material rodante— y no una simple promesa de “vamos a mantenerlo como se pueda”. Y tiene que incluir una proyección de mejora: un servicio que hoy arranca modesto pero que tiene un camino trazado hacia mayor frecuencia, mayor cobertura horaria y eventual electrificación o renovación de flota, en lugar de un servicio que se declara “provisorio” y así se queda para siempre.
Ahí aparece el punto que más cuesta discutir sin caer en la demagogia: el subsidio a la tarifa no puede ser universal ni indefinido. Un sistema de transporte público moderno diferencia tarifas según la capacidad de pago del usuario, y eso no es una crueldad sino una condición de sostenibilidad. Tiene sentido pleno subsidiar fuerte a estudiantes, jubilados, trabajadores de sectores de bajos ingresos y personas con discapacidad, con mecanismos de acreditación que eviten el uso indebido del beneficio.
Pero pretender que el mismo subsidio alcance por igual al que viaja por necesidad y al que puede perfectamente pagar una tarifa que cubra el costo del servicio es regalarle plata pública a quien no la necesita, a costa de vaciar la caja que debería sostener el servicio para quien sí la necesita. El resto de los usuarios —la mayoría, probablemente— debe pagar una tarifa que se acerque al costo real, quizás con algún esquema de abono o descuento por uso frecuente, pero sin la ficción de que todo el corredor puede viajar gratis o casi gratis a perpetuidad porque “el tren es un derecho”.
Nada de esto quiere decir que haya que enfriar el proyecto ni desconfiar de la iniciativa. Al contrario: la reactivación del Tren del Valle es una de las mejores oportunidades de infraestructura que se le presentaron al corredor en mucho tiempo, y dejarla pasar por miedo a la letra chica sería un error igual de grave que el opuesto.
El verdadero derecho que hay que garantizar es el de tener un servicio que exista y funcione bien dentro de veinte años, no el de pagar poco por él hoy y quedarse sin nada mañana.
Lo que hace falta es que la discusión pública —entre intendentes, legisladores, el sector empresario y la comunidad— se dé con la madurez de poner los números arriba de la mesa desde el principio: cuánto cuesta, quién lo paga, cómo se sostiene, y a quién se subsidia y por qué. Argentina tiene sobrada experiencia de proyectos que nacieron bien y murieron de populismo tarifario; el Alto Valle tiene ahora la chance de hacer las cosas distinto, mostrando que se puede reactivar un servicio de calidad sin regalar el discurso fácil del “todo gratis para todos”. Esa disciplina, más que cualquier anuncio, es la que va a decidir si dentro de una década seguimos teniendo tren, o si volvemos a lamentarnos por otra oportunidad perdida.
* Empresario farmacéutico, dirigente de LLA en General Roca
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