Una Constitución con “VAR” para un Gobierno abierto


Hay que entender que el gobierno abierto no es una variable más para tener en cuenta dentro de las políticas de un Estado, es una nueva forma de gestión pública.


Qué pasa cuando Ud. ingresa a cualquier parte del Estado? ¿No le parece que vuelve al pasado y donde nadie es responsable? Hoy el sistema no es capaz de gestionar la creciente complejidad de la actualidad.

En parte es debido a que transitamos una civilización del conocimiento. Como símbolo en la mano de ésta evolución constante, tenemos el gran acceso a la telefonía móvil, que puede ser una oportunidad para avanzar a un Gobierno electrónico (eG), siendo una herramienta para un gobierno abierto, el cual tiene como premisas: 1) más transparencia y acceso a la información para ejercer el control social del gobierno y demandar rendición de cuentas 2) facilitar la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas y 3) favorecer la generación de espacios de colaboración e innovación entre administración pública, la sociedad civil y sector privado, para codiseñar y coproducir valor público, social y civil. Con estas tres acciones la población actuaría como el VAR en el futbol, o el “ojo de halcón’ en el tenis y también sería un activo actor, no solo un votante que terceriza sus ideas en los políticos profesionales.

Pero hay que entender que el gobierno abierto no es una variable más para tener en cuenta dentro de las políticas de un Estado, es una nueva forma de gestión pública, por eso no puede ser un programa de gobierno, una ley, y menos de un candidato. Se debería avanzar a una reforma constitucional de la provincia con este espíritu, ya que permite adecuar el Estado a una cultura social de la comunicación y el conocimiento, teniendo la oportunidad que dan los grandes avances tecnológicos.

Algunos puntos que se podrían considerar en el debate de reforma de la constitución provincial:

Armar una agencia pública profesional de Gobierno Digital y Transparencia Pública que se ingrese por capacidades y competencia pública y su permanencia en cada cargo sea por resultados.

• Se podría bajar a la mitad el número de representantes en la legislatura y concejos deliberantes con un mínimo de tres en estos últimos.

• Se podría pensar en una legislatura bicameral donde el senado sea cubierto por Intendentes y su primer concejal, por la mayoría. El primer concejal de la segunda lista más votada por la minoría. Este cuerpo podría cumplir la función de cubrir los temas que hoy requieren de segunda vuelta en la legislatura. La mayoría de sus participaciones deberían ser por videoconferencia y su estructura la misma del municipio. Para darle eficiencia social a los gasto en la política.

• Determinar temáticas que requieran de referéndum por m-participación (participación desde celulares) para agenda y diseño de algunas políticas públicas a implementar, sin lo cual no podrían ser tratadas en la legislatura o aplicada por el ejecutivo.

• El número de empleados públicos permanentes o contratados limitados por constitución.

• Todo ingreso al Estado debe ser por concurso público (contratado o permanente) donde cada cargo pueda tener la oportunidad de competencia para que cualquier ciudadano acceda a intentar realizarla también. No cumplir con este requisito invalida todo ingreso al Estado, con posibilidades de remoción del funcionario que autorizo y del ingresante, por pedido de cualquier ciudadano ante la justicia.

• Crear Fiscalía Especial para Transparencia Pública y lucha contra la corrupción donde el Fiscal sea designado por voto popular con mandato por 6 años.

• Crear Tribunal ciudadano para hechos de corrupción o de falta de transparencia pública. También para Juzgar a los jueces/fiscales por mal desempeño, ya que no pueden ser juzgado por los mismos políticos y colegas que los designan. Para muestra, miremos lo que pasó en estos días en Entre Ríos.

Seguro que muchos temas pueden agregarse o sacarse, pero solo la deliberación participativa lo va a determinar, ya que la diversidad supera a la capacidad.

Hoy los ciudadanos pueden, quieren y deben ser parte de la solución sin tener que afiliarse a un partido o ser candidato a un cargo de representación para que su voz pueda ser puesta en acción, no solamente escuchada.

El poder político tiene sus dos pilares de origen en la legalidad y la legitimidad que es dinámica. La participación, que da legitimidad a las políticas públicas, es cada vez más necesaria para salir de la crisis de gobernabilidad y gobernanza que la democracia transita, y así evitar el atajo populista que solo es un camino de deterioro al autoritarismo sin retorno.

La salida no puede ser aguantar o rendirse y tampoco el consenso en todo. La salida es institucionalizar los compromisos y eso podría ser una Constitución con el VAR de la participación ciudadana instalada en ‘la cocina” de la política, pasando del voto y participación de carácter esporádica a la implicación activa en los asuntos de la comunidad.

No es fácil salir de la cultura corporativa de los privilegios. Pero con un diseño institucional que promueva la transparencia con acceso a la información y la participación activa de muchas personas con diferentes ideologías, se constituye un espacio para una triada virtuosa entre Estado-sociedad civil y mercado, que tendrá el poder de cambio necesario para iniciarlo y sostenerlo.

* Ex diputado nacional Río Negro


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