Unter y un silencio cómplice

Cuando se firman acuerdos salariales que evitan aportes durante años, existe una responsabilidad política, sindical y moral que no puede seguir siendo omitida.

Desde hace más de una década, en la Argentina se tolera, y en algunos casos se administra, un esquema salarial incompatible con cualquier sistema previsional serio: el pago sistemático de sumas no remunerativas en el empleo público, aun sabiendo que esas sumas no realizan aportes al régimen que luego debe pagar las jubilaciones.

En la provincia de Río Negro, este mecanismo comenzó en 2014, durante el primer gobierno de Alberto Weretilneck, y se consolidó con el tiempo como una práctica habitual, casi naturalizada.
Mucho se ha dicho, y con razón, sobre la responsabilidad del Estado provincial. Sin embargo, hay un actor cuya participación resulta indispensable y cuyo silencio ya no puede interpretarse como ingenuidad: el sindicato docente.

La Unión de los Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) no es un observador externo del proceso paritario. Firma los acuerdos salariales, aprueba los conceptos que los integran y convalida, año tras año, el uso de sumas no remunerativas. Sin esa firma, el esquema no existiría.
No se trata de un actor marginal ni pasivo, sino de una pieza necesaria del sistema.

Pero lo más grave no es solo lo que firma, sino lo que sabe y convalida. Desde hace años, la propia estructura sindical instruye a los docentes a informar con antelación su intención de jubilarse, para que esas sumas no remunerativas pasen a ser remunerativas en el tramo final de la carrera. Esa práctica implica un reconocimiento implícito pero inequívoco: dichas sumas tienen naturaleza salarial, aunque se las oculte como tales durante gran parte de la vida laboral.
Ese dato lo cambia todo.

Porque ya no estamos frente a un error técnico, ni a una urgencia coyuntural, ni a una simple estrategia de negociación. Estamos frente a un esquema conscientemente irregular, que administra excepciones y produce un daño que excede largamente al sector docente.

El docente que logra “avisar a tiempo” puede jubilarse con un haber pleno.
Ahora bien, ¿quién paga esa diferencia si no lo hace la provincia?
La paga el sistema previsional nacional.
La pagan los trabajadores del sector privado que aportan sin excepción durante toda su vida laboral.
La pagan los jubilados actuales, cuyos haberes se ajustan permanentemente para sostener un sistema tensionado.

No se trata de la defensa de derechos laborales. Se trata de la administración de un privilegio corporativo, financiado por el conjunto de la sociedad. Unter no puede alegar desconocimiento.
Si una suma debe ser remunerativa al final de la carrera, debió serlo desde el principio.
Cuando aun así, se firman acuerdos que evitan aportes durante años, existe una responsabilidad política, sindical y moral que no puede seguir siendo omitida del debate público.
El daño no es solo previsional. Es institucional. Porque se instala la idea de que las reglas pueden torcerse cuando hay acuerdos entre partes con poder, mientras el resto de los ciudadanos cumple sin este privilegio.

Esta nota no busca estigmatizaciones.
Busca algo más elemental y urgente: que esta práctica se termine hacia adelante.
Que el sindicato docente asuma su rol y rechace de manera explícita cualquier futuro acuerdo que incluya sumas no remunerativas.

Que deje de ser un cómplice silencioso de un esquema que erosiona la sostenibilidad del sistema previsional y la confianza social. Todavía hay tiempo para corregir el rumbo.
Lo que ya no hay es margen para el silencio y la complicidad.

* Contador público de General Roca.


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