Oposición interna

Por Redacción

Con escasas excepciones, nuestros dirigentes políticos son opositores por instinto y por formación, expertos en organizar protestas ruidosas contra el statu quo que se sienten muy incómodos cuando les toca intentar gobernar. Antes del colapso del poder militar esta actitud tan infantil no les ocasionaba demasiados inconvenientes: si bien el país tuvo que pagar un precio muy elevado por su resistencia a asumir responsabilidades, ellos mismos pudieron ufanarse de su compromiso con principios presuntamente nobles. Incluso después de 1983 el presidente Raúl Alfonsín se las arregló para asumir una postura opositora, colocando primero a los militares y más tarde al FMI, «la usura internacional», el Reino Unido y el imperialismo estadounidense en el lugar de enemigo necesario. Aunque el presidente Carlos Menem rompió con esta tradición enervante para esforzarse a actuar como un jefe de Estado auténtico, no como el líder de un movimiento opositor, la mayoría de los peronistas se negó a emularlo, de ahí los conflictos constantes que andando el tiempo se darían entre el «ala política» de su gobierno y los funcionarios del Ministerio de Economía que estaban obligados a tomar en cuenta la realidad del país.

¿Y el presidente Fernando de la Rúa? A juzgar por los acontecimientos de los días que precedieron a Semana Santa, su situación está destinada a parecerse mucho a aquélla de Menem. En el gobierno, en el Congreso nacional y en las distintas jurisdicciones del país abundan los «oficialistas» que son reacios a privarse de los placeres fáciles del oposicionismo «principista». Hasta ahora, han aceptado desempeñar el papel que les confió el electorado en octubre pasado, pero para muchos les está resultando tan ingrato tener que respaldar al gobierno que no tardarán en retomar el papel opositor al cual están habituados.

En un país relativamente pobre, de instituciones raquíticas y costumbres políticas corruptas, como la Argentina, gobernar es una tarea sumamente ardua mientras que cualquiera puede granjearse la reputación de ser un referente moral criticando con ferocidad los intentos oficiales de «administrar la escasez». Asimismo, es siempre tentador atribuir los males existentes -la miseria omnipresente, la corrupción, el estado calamitoso de la Justicia, el déficit educativo- a entidades que no forman parte de la familia política nacional, a abstracciones o a tendencias que afectan a todos los países, trátese de militares, «especuladores», países extranjeros, el «neoliberalismo» o «la globalización». Sin embargo, ningún gobierno democrático puede cumplir adecuadamente sus funciones a menos que disfrute del respaldo decidido de una proporción significante de la clase política, y por emocionantes que resulten las diatribas destinadas a fustigar los tiempos que corren, raramente contribuyen a solucionar ningún problema concreto.

Muchos aliancistas, entre ellos ciertos integrantes del mismísimo gobierno, parecen estar buscando pretextos para romper con el presidente De la Rúa. Algunos ya lo han hecho a causa, dicen, de la «reforma laboral». Otros no vacilaron en exteriorizar su disgusto por la decisión de condenar a la dictadura castrista por su desprecio manifiesto por los derechos humanos de los cubanos: a estos «idealistas» encabezados por Alfonsín les sería más digno solidarizarse con asesinos y torturadores de lo que fue alinearse coyunturalmente con los Estados Unidos, la Unión Europea y Menem. Del mismo modo, el incidente brutal que protagonizaron policías antidisturbios y camioneros ha servido para convencer a muchos de que De la Rúa es un «conservador» o, peor aún, un «neoliberal», de suerte que les correspondería alejarse de él cuanto antes. Consciente de que su base de sustentación corre peligro de agrietarse, De la Rúa ya está preparándose para gobernar por decreto gracias a una «ley de emergencia», instrumento que muchos políticos estarán encantados de facilitarle porque les permitiría dejar toda la responsabilidad en manos del presidente, librándolos así de la necesidad de apoyar medidas que, en su condición de opositores natos, les parecerían inaceptablemente «reaccionarias».