Ordenan reincorporar a beneficiarios de planes caídos

«Ahora le pedimos a la gente que tenga paciencia», dijo ayer el secretario de Gobierno, Marcelo Inaudi, en una conferencia de prensa. NEUQUEN (AN).- La Justicia Federal le tendió ayer una mano al municipio local para descomprimir la tensión social que se vivió en los últimos días. La jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el Consejo Consultivo Municipal (CCM) para reincorporar a los 2.447 beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar que fueron dados baja semanas atrás por el ministerio de Trabajo de la Nación, y le ordenó a la cartera laboral que gire los fondos para cancelar los subsidios caídos.

Una vez concedido el amparo, se levantó la protesta en la comuna neuquina. El corte de la ruta 7 se levantó por la tarde, cuando el gobierno provincial difundió su propuesta de incorporar desocupados beneficiarios de programas sociales a empleos en empresas privadas y en proyectos oficiales. Por lo tanto, iniciará esta mañana un relevamiento social de 103 vecinos de Parque Industrial incluidos en los listados entregados ayer. Según los resultados de la encuesta, el lunes y martes comenzará la incorporación de esos desocupados en el mercado laboral, se ofrecerán hasta siete empleos para estudiantes que egresen del nivel medio en diciembre próximo y, para los que no haya solución se buscará la «incorporación a los programas provinciales» que organizará la unidad de empleo la semana próxima.

Aunque la jueza Gudiño no estableció en el fallo un plazo para que el las autoridades nacionales realicen el pago, la cartera laboral deberá prever el envío de los 150 Lecop per cápita para los casi 2.500 desocupados. Vicente José Díaz, presidente del CCM dijo que se notificará al ministerio de Trabajo la decisión judicial «y seguramente el próximo miércoles tendremos la fecha de pago definida».

El CCM, que impulsó la presentación de la medida, y las autoridades municipales, que la respaldaron, mostraron su conformidad con la resolución judicial. La jueza entendió que de prolongarse la espera de los beneficiarios para cobrar el subsidio, «los derechos elementales se verían seriamente comprometidos (derecho a la vida, de salud e integridad física, entre otros) debido a la indisponibilidad de los medios mínimos para satisfacer necesidades básicas del beneficiario y del grupo familiar…».

La cuestión de fondo que deberá resolver la justicia es la decisión tomada por el ministerio de dar de baja de los planes a las personas que no tienen carga familiar. Hasta tanto lo haga, la medida cautelar estableció que los desocupados deben cobrar el subsidio. El secretario de Gobierno del municipio, Marcelo Inaudi, afirmó que «la decisión del ministerio de Trabajo fue totalmente arbitraria». Según el funcionario «la gente fue incorporada a los listados porque reunían todos los requisitos y se les pagaron cuatro meses sin ningún inconveniente; obviamente no los pueden borrar de los padrones de un plumazo», precisó.

«Ahora le pedimos a la gente que tenga paciencia», dijo Inaudi en una conferencia de prensa brindada en horas de la mañana. «Sin dudas esperamos que con esta decisión de la justicia se descomprima la tensión que se vivió en los últimos días», agregó.

En horas de la tarde la protesta del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) culminó. Pero se produjeron incidentes con el presidente del CCM, José Díaz, quien denunció haber sido agredido por Claudio Jeria y Heriberto Chureo, ambos dirigentes de los desocupados.

Según dijo ante el fiscal de turno, donde radicó la denuncia, al salir del palacio municipal los dirigentes de los desocupados lo insultaron y posteriormente lo agredieron con golpes de puño y patadas.