Ordenanzas cajoneadas en Neuquén: fiscalía no quiere a concejales en la querella

Hoy habrá una audiencia en la que Marcelo Zúñiga y Ana Servidio le pedirán a un juez que les permita intervenir en la investigación.

Las ordenanzas fueron publicadas en el Boletín Oficial en julio de 2020 y recién ahí entraron en vigencia. (Archivo)

Las ordenanzas fueron publicadas en el Boletín Oficial en julio de 2020 y recién ahí entraron en vigencia. (Archivo)

El concejal Marcelo Zúñiga y la concejala Ana Servidio pedirán hoy en una audiencia judicial que se los acepte como querellantes en el escándalo de las ordenanzas cajoneadas en Neuquén.

Entre 2016 y 2019, el Ejecutivo municipal de ese entonces no publicó al menos 52 ordenanzas según se descubrió en julio pasado. Tampoco lo hizo con algunas que fueron vetadas y ratificadas por el Concejo Deliberante con las dos terceras partes de los votos.

El escándalo descubierto por la gestión municipal actual dio lugar a denuncias penales, presentadas por los concejales del Frente de Todos Zúñiga y Servidio, y por el sindicalista municipal Santiago Baudino.

Los concejales además se presentaron como querellantes en la causa, pero el fiscal del caso Diego Azcárate no los aceptó. Por eso hoy a las 12 tendrán una audiencia ante el juez Mauricio Zabala para insistir con su pedido.


Razones del rechazo


Azcárate dijo que los concejales no demostraron en qué los afectó la no publicación de las ordenanzas.

"Para ser afectado por un delito se requiere más que el interés simple o común de cualquier ciudadano, exigiéndose un plus que consiste en acreditar un derecho subjetivo afectado o al menos un interés concreto y diferenciado del interés general", escribió el fiscal.

Agregó: "El interés público es defendido en el proceso por el Ministerio Público Fiscal en el proceso a través de la promoción y ejercicio de la acción penal pública y su experticia en dicho ámbito".

Una vez más queda expuesto que, en los delitos contra la administración pública, el Código Procesal Penal de Neuquén deja una puerta sumamente estrecha para que ingresen los querellantes. Y si el Ministerio Público Fiscal decide no acusar, y la causa no tiene una querella que la impulse, se extingue.

En el caso del escándalo de las ordenanzas, el fiscal Azcárate sí aceptó como querellante a un funcionario municipal: al director de Asuntos Jurídicos, Ángel Adrián Quirinali.

Entendió el fiscal que el único perjudicado por la falta de publicación de las ordenanzas es el Estado, en este caso el municipal. Valoró además la experticia del funcionario para impulsar el proceso, como si fuera requisito para ser querellante tener habilidades vinculadas con el delito que se investiga.


Las no publicadas


Entre las ordenanzas cajoneadas figura el aumento del presupuesto participativo. La ordenanza 13.077, que llevó al 20% del presupuesto municipal el monto que se pone bajo evaluación de los barrios para que opinen qué obras se deben hacer en cada sector, no fue publicada.

Otra fue el presupuesto 2017 del Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS), la autorización de venta de la chacra de Centenario del IMPS para lograr recursos y paliar el déficit, ordenanzas de género como el programa de capacitación mensual en distintas áreas de la comuna sobre la violencia machista.

La denuncia presentada por el secretario general del gremio municipal Sitramune, Santiago Baudino, que apunta al cobro de multas a privados por anexar tierras fiscales y cuyo principal involucrado es el consorcio que administra el barrio cerrado Rincón Club de Campo.

Entre las “omitidas” se encontró la ordenanza que creó el banco de tierras de la ciudad, la condonación de deudas para las cooperativas de viviendas que integran el foro de la meseta y la eximición del pago al foro de la meseta de los terrenos municipales donde realizó la urbanización.

Otras ordenanzas que quedaron sin publicacón, fue el cupo regional de obras literarias y discográficas que están obligados de tener en venta los comerciantes de Neuquén que se dediquen al rubro (2016).


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