Otra mancha a la tigresa
Hasta que el fiscal Alberto Nisman denunciara lo que ha calificado de “un plan de impunidad” destinado a mejorar la relación del gobierno de nuestro país con los teócratas de Irán, los sorprendidos por aquel fantasioso memorándum, en el que se proponía la formación de una “comisión de la verdad” bilateral, lo atribuían a nada más grave que la ingenuidad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la que presuntamente imaginaba que los ayatolás la ayudarían a investigar a los compatriotas acusados de haber estado detrás del atentado contra la sede de la AMIA en que murieron más de ochenta personas y fueron heridas 300, para entonces, en el caso de encontrar pruebas fehacientes en su contra, entregarlos a la Justicia argentina, lo que le hubiera permitido anotarse lo que tomaría por un triunfo jurídico y político asombroso. Asimismo, se suponía que el canciller Héctor Timerman quería hacer gala de sus extraordinarias dotes diplomáticas. Sin embargo, de estar en lo cierto Nisman, hubo algo mucho más siniestro en juego que las ilusiones de una presidenta que nunca había manifestado interés en temas internacionales o las aspiraciones exageradas de un canciller inexperto. Según el jurista encargado de intentar aclarar la atrocidad que se cometió hace más de veinte años, lo que hicieron Cristina y Timerman, con la colaboración de personajes tan cuestionables como el piquetero oficialista Luis D’Elía, el cabecilla de la banda de matones que se llama Quebracho, Fernando Esteche, y un cuadro notorio de La Cámpora, Andrés Larroque, fue “fabricar la inocencia de Irán” por motivos netamente comerciales, lo que, huelga decirlo, plantea la posibilidad de que se haya tratado no sólo de otro ejemplo de cinismo diplomático sino también de un caso de corrupción más. A diferencia de otros países que pueden permitirse cierta flexibilidad en la relación con Irán, la Argentina tiene forzosamente que mantener una postura intransigente porque entre los integrantes de la elite gobernante de la República Islámica están sujetos que se han visto acusados de asesinar a más de ochenta ciudadanos. Aunque no estamos en condiciones de hacer mucho más que protestar y recabar la colaboración de las potencias occidentales y organizaciones internacionales, no podemos darnos el lujo de minimizar la importancia de lo que sucedió aquel 18 de julio de 1994. Consciente de que sectores de la opinión pública no tolerarían una decisión de perdonar a los iraníes a cambio de dinero, el gobierno kirchnerista no se animó a afirmar que había llegado a la conclusión de que los eventuales beneficios que le supondría impulsar el comercio con Irán serían más que suficientes como para justificar la firma de un pacto con los presuntos responsables del peor atentado terrorista de la historia del país. Para no tener que confesar que estaba dispuesto a vender la justicia que tantos reclamaban, intentó hacer creer que, a su juicio, los iraníes estaban tan interesados como el que más en identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales de la destrucción de la sede de la AMIA. Es de prever que, como ya es rutinario, Cristina, Timerman y los demás se defiendan contra las acusaciones de Nisman politizándolas. Las imputarán a la perversidad opositora, el rencor de espías prematuramente jubilados, las maquinaciones de “los buitres” y la malignidad de los medios. Mientras tanto, algunos de los presuntos colaboradores nombrados por el fiscal esgrimirán argumentos antisemitas. Puesto que a los legisladores oficialistas no se les ocurriría desobedecer las órdenes “de arriba”, podrían frustrar a quienes quisieran obligarlos a rendir cuentas ante la Justicia local o, al menos, ante el Congreso. Lo que no les sería dado hacer es impedir que el escándalo perjudique todavía más al gobierno argentino a ojos de los gobernantes de virtualmente todos los países del mundo democrático que, a raíz de los asesinatos que conmocionaron Francia, han endurecido su actitud frente al terrorismo de origen islamista. Desde su punto de vista, Cristina es una mandataria peligrosa no sólo por su incapacidad manifiesta para manejar la economía de su país sino también por su voluntad de pactar con un régimen, cuyos líderes no han ocultado sus intenciones genocidas, por razones que, sería de esperar, sólo eran comerciales.
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