Otro muerto y ni un atisbo de solución
El conflicto mapuche ha escalado lo suficiente en violencia como para seguir mirando para cualquier otro lado. La situación exige un abordaje urgente desde el Estado.
Mientras el Estado mantenga ese papel de espectador de lujo del conflicto mapuche en la cordillera rionegrina, no habría que esperar más que un aumento de los litigios, a una velocidad mayor que hasta ahora incluso. Esta semana otra persona murió como consecuencia de los avances territoriales de comunidades de pueblos originarios y la resistencia que encuentran en los gobiernos y en los particulares que tienen títulos de propiedad de esas tierras.
El crimen de Elías Garay es lo último que necesitaba un conflicto que ya de por sí estaba en pleno crecimiento.
Río Negro nunca tuvo ni tiene ahora una política definida para enfrentar la demanda territorial mapuche, sus expresiones violentas y los anhelos separatistas. No todos los conflictos tienen estos tres reclamos, pero la combinación existe y hay pruebas de sobra.
El primer episodio violento registrado en la cordillera es de 2014, con el incendio del refugio Neumeyer.
Cuando los ataques incendiarios, las ocupaciones territoriales y los cortes de ruta fueron enfrentados por el Estado mediante el uso de la fuerza, hubo muertos, como Santiago Maldonado en Cushamen, Chubut, y Rafael Nahuel en Villa Mascardi, Río Negro.
Ni los gobiernos radicales que se sucedieron entre 1983 y 2011 ni los de Alberto Weretilneck y Arabela Carreras tuvieron en claro cómo enfrentar la realidad de este conflicto. Y eso que, cuando se lo han propuesto, cada administración tuvo la mirada puesta en algún desarrollo profundo, como ahora con el hidrógeno verde.
Weretilneck, notable negociador y estratega, no encaró el asunto. Y Carreras demostró que, cuando quiere, como con el hidrógeno, se puede sumar masa crítica para avanzar.
A Weretilneck le sobran habilidades de negociador y en general sus estrategias políticas resultan exitosas. Sin embargo, no quiso volcar esa experiencia para abordar el asunto; tal vez porque creyó que no iría in crescendo.
Carreras estuvo meses enfocada con el hidrógeno verde. Creó una mesa específica interdisciplinaria que se reúne semanalmente. Un abordaje similar del conflicto mapuche podría haber ayudado a encontrar una solución, una propuesta, un camino.
En Bariloche, la Universidad Nacional de Río Negro dicta la carrera de Antropología, cuyos investigadores bien podrían hacer su aporte.
Los discursos de odio que festejan la muerte de una persona son más tristes que injustos. Hay una realidad que ya no puede seguir poniendo debajo de la alfombra: tierras fiscales ocupadas, propiedades privadas vandalizadas, agresiones a la prensa, a los turistas y a los transeúntes, tres personas muertas y un reclamo que nada indica que se vaya a apagar porque hasta ahora no ha hecho más que crecer.
En el caso de Garay, no hubo intervención de las fuerzas de seguridad en el crimen, no al menos de manera directa (los miembros de esa comunidad asentada en Cuesta del Ternero hablan de complicidad). La fiscala Betiana Cendón acusó a dos personas, Martín Failberg y Diego Ravasio, que explotaban ese terreno fiscal gracias a una concesión del Estado rionegrino a su socio Rolando Rocco. El móvil sería la reacción frente al avance sobre lo que ellos consideran su trabajo.
En cuestión de horas fueron identificados y cuatro días más tarde los detuvieron. El viernes les hicieron la acusación formal en una audiencia que, si no existiera la pandemia, habría sido pública, y esperarán en la cárcel el juicio.
La prensa pudo escuchar de manera remota esa audiencia y se convirtió en la garantía de publicidad del acto.
La ventaja de tener testigos (el sobreviviente Gonzalo Cabrera y la pareja de Garay, Nadia Silvera Núñez) fue clave, pero el proceso penal oral, sin papeles, le otorga a la causa una transparencia que no da pie a interpretaciones ni a conjeturas.
Es la contracara de lo que ocurre en la vetusta Justicia Federal, donde no sólo las decisiones se toman dentro de un despacho sino que además los argumentos se ponen por escrito, con decenas de caminos que permiten que los casos lleguen a juicio con años de demora. O, lo que es peor, prescriban sin que se haga justicia.
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