Otro revés por la estatización de YPF en una corte de Estados Unidos

Una tribunal de Apelaciones confirmó un fallo contra la petrolera por “incumplimiento” de obligaciones con sus accionistas durante la expropiación del 2012. Es a raíz de un demanda de un estudio de abogados que obtuvo los derechos sobre el patrimonio de la familia Eskenazi. Alcanzaría a los u$s 3.000 millones.



Podría tratarse de otro caso de exceso de optimismo. El gobierno mostró ayer “sorpresa” ante la decisión de una Corte de Apelaciones de los Estados Unidos que confirmó un juicio contra YPF en una causa por incumplimiento de sus responsabilidades con sus accionistas en el proceso de estatización de la compañía, en 2012 durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Se trata de una demanda estimada en unos $3.000 millones de dólares.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó firme un fallo de primera instancia contra YPF y el Estado argentino dictado por Loretta Preska, jueza de primera instancia de la jueza federal del distrito sur de Nueva York. El destino quiso que Preska reemplazara en ese juzgado al fallecido Thomas Griesa, el hombre que llevó el juicio de los holdouts por el default de la Argentina.
La causa se inició en 2015 a raíz de una demanda de estudio Burford Capital , un bufete de abogados con sede en Londres especializado en comprar litigios. Un sucedáneo de los “fondos buitres”.
Burford adquirió los derechos sobre las acciones en la compañía de la familia Eskenazi después de haber comprado la quiebra de sus controladas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, después de la expropiación.
Los demandantes sostienen que la estatización de la petrolera violó derechos de los accionistas minoritarios, que no recibieron una oferta para vender su participación. Y reclama la que el proceso debe ser llevado adelante en tribunales de Nueva York, donde cotizan las acciones de la compañía.
El año pasado, los abogados del gobierno, encabezados por el Procurador de Tesoro Bernardo Saravia Frías, pidieron la suspensión del juicio en primera instancia y solicitaron a la Corte Suprema de EE.UU. que defina cuál es la jurisdicción donde debe sustanciarse la demanda.
Aunque no accedió al pedido de la Argentina, en enero último, la Corte Suprema de Justicia decidió consultar la opinión del gobierno de Donald de Trump. El gobierno lo consideró una muy buena señal. La respuesta de gobierno federal está en trámite por la vía del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado.
En Buenos Aires la expectativa era favorable, dado el buen vínculo del gobierno nacional con el gobierno del magnate republicano. Anoche, fuentes de la Procuración del Tesoro se mostraron ante este diario confiadas en que el mes que viene se pronunciará el gobierno estadounidense. Y la Corte decidirá.

Qué se discute en Nueva York

El caso contra YPF se inicio en 2015. Lo impulsa Burford Capital, un gestor de litigios global. Ese estudio reclama que se reconozcan los derechos de accionistas minoritarios en el proceso de estatización de YPF.
La causa ya tuvo dos fallos negativos para el país en tribunales inferiores y se estima que podría costarle al Estado nacional hasta u$s 3.000 millones.
Una corte de apelaciones dicidió el jueves mantener firme un fallo de primera instancia contra la petrolera. El gobierno reclama que el caso se lleve en la Argentina.

Para el gobierno, es una decisión “llamativa”

El gobierno nacional presentó el jueves un recurso ante la Corte de Apelaciones de Nueva York en el que reclama que reconsidere su fallo sobre el avance del juicio contra YPF, una decisión a la que calificaron como “llamativa”.
Fuentes de la Procuración del Tesoro que dirige Bernardo Saravi Frías dijeron anoche a “Río Negro” que se aguardan para el mes que viene una respuesta del gobierno de EE.UU. al pedido de consulta enviado por la Corte Suprema de Justicia en la controversia por la jurisdicción de la demanda contra la Argentina por la estatización de la petrolera.
“Nosotros pedimos originalmente a la Cámara que suspenda el juicio de primera instancia, que no se ha iniciado y está en una etapa previa hasta que se determine si es corresponde o no a la justicia de EE.UU. tratar el caso”, explicaron las fuentes.
Los abogados del gobierno consideran que la misma Cámara había dado por “suspendido” el juicio hasta entonces.
“Esta (nueva) decisión es una sorpresa procesal, que nos llama mucho la atención. Hicimos una presentación ante la Cámara y lo vamos a dar vuelta, sin ninguna duda”, dijeron. “No tenemos preocupación, es una cuestión procesal. Pero queremos evitar que el juicio avance, sobre todo por una cuestión de costos”, aseguraron las fuentes.


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