Pactar contra la inflación
A través de los años, funcionarios del gobierno de turno y los presuntos representantes de los empresarios y de los trabajadores han firmado un sinnúmero de “pactos sociales” y “grandes acuerdos nacionales” tripartitos que a lo sumo han ayudado a tranquilizar los ánimos por algunos meses además, claro está, de brindar a personajes como el jefe de la CGT, Hugo Moyano, y el titular de la UIA, Héctor Méndez, una oportunidad para desempeñar papeles protagónicos. Sea como fuere, a juzgar por la larga experiencia nacional en la materia, se trata de una modalidad corporativista cuyas deficiencias son evidentes. Lo son porque las economías modernas son tan dinámicas y tan diversas que es inútil procurar manejarlas como si fuera cuestión de una sola empresa, ya que un acuerdo que conviene a un sector determinado podría resultar desastroso para otros. Con todo, parecería que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner realmente cree en los méritos del esquema así supuesto por estar convencida de que le corresponde al Estado nacional participar activamente de la incesante “puja distributiva” que, si bien no lo dijo, se ve impulsada por la inflación, a fin de darle un marco de “racionalidad, institucionalidad y legalidad”, pretensión que, por desgracia, está reñida con las tácticas favorecidas por su aliado sindical más poderoso, Moyano, que se ha acostumbrado a subrayar sus reclamos con bloqueos y cortes de rutas. Fue sin duda por eso que los voceros del lobby industrial tomaron la voluntad de Cristina de promover un “diálogo tripartito” por un intento de frenar al camionero. El propio Moyano dice compartir con la presidenta la convicción de que un “diálogo” bajo la tutela del gobierno tendría un impacto muy positivo, pero lo más probable es que la eventual tregua resultante sea breve. Puesto que la tasa de inflación ya se ha aproximado al 30% anual, cualquier acuerdo salarial perderá vigencia luego de un par de meses, obligando a los empresarios y sindicalistas que operan en la parte “blanca” de la economía a reanudar sus negociaciones. De todas formas, es una ilusión escapista suponer que el problema planteado por la inflación desaparecería si los sindicalistas se conformaran con los salarios actuales y los empresarios dejaran de aumentar los precios. Por desgracia, como a esta altura debería ser evidente, una estrategia antiinflacionaria basada en la noción de que el fenómeno es consecuencia de la codicia de unos y otros, de suerte que la solución consistiría en una especie de ajuste voluntario, no podrá sino fracasar. Según algunos empresarios, el intervencionismo excesivo del gobierno está “ahogando” la economía. Pocos prestarán atención a tales afirmaciones mientras el crecimiento macroeconómico siga a “tasas chinas”, pero para que la fase de expansión que estamos disfrutando se prolongue mucho más será necesario que el gobierno haga lo que sí le incumbe tomando medidas para impedir que la inflación continúe acelerándose. Puesto que Cristina ha señalado con cierta frecuencia que no tiene ningún deseo de hacer uso del poder del Estado para restaurar la estabilidad monetaria, es de prever que el gobierno siga tratando de ocultar los síntomas del mal, dibujando las estadísticas y dando a entender que los únicos responsables de lo que está ocurriendo son los empresarios, con la esperanza de que el año electoral que se avecina no se vea dominado por un aumento de precios generalizado aún mayor que el ya registrado. El gobierno, pues, se encuentra ante una situación muy parecida a las que, tarde o temprano, enfrentaron todos sus antecesores a partir de mediados del siglo pasado cuando el encabezado por el presidente Juan Domingo Perón optó por convivir con la inflación por entender que combatirla frontalmente le sería políticamente costoso. Por lo demás, ha reaccionado de la misma forma que otros gobiernos anteriores, minimizando los riesgos de un estallido, echando la culpa a los empresarios, pidiendo moderación a los sindicalistas y, desde luego, anunciando el inicio de una serie de negociaciones destinadas a dar pie a un pacto social en que, imagina, quede armonizada una multitud de aspiraciones incompatibles. ¿Servirá está vez la resistencia pasiva, por decirlo así, para que la inflación se bata en retirada? Mal que nos pese, no hay motivo alguno para creerlo.
