País de tránsito…

Tal vez lo más alarmante del caso de los 944,5 kilos de cocaína que llegaron al aeropuerto El Prat, de Barcelona, a bordo de un avión de la empresa argentina Medical Jet, haya sido que el vicepresidente del gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, no vacilara en dar a entender que no confía en las autoridades de nuestro país, razón por la que no participaron activamente en el operativo que culminó con la detención de quienes habían transportado la droga. A sabiendas de que aquí no suelen funcionar los controles en los aeropuertos internacionales, los españoles prefirieron esperar a que el avión tripulado por los hijos de quienes habían sido altos oficiales de la Fuerza Aérea, Gustavo y Eduardo Juliá, y Matías Miret, terminara cruzando el Atlántico antes de detenerlos, dando por descontado así que les sería inútil tratar de aprehenderlos en la Argentina. Parecería que comparte las sospechas de los españoles en tal sentido el fiscal en lo Penal Económico, Miguel Schamun, quien está procurando averiguar lo que hicieron la Aduana, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para mantenerse al tanto de los movimientos de los involucrados en el asunto. Asimismo, si bien hasta ahora no hay evidencia de que funcionarios del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hayan actuado como cómplices de los narcotraficantes, tanto en el país como en el exterior se ha difundido la impresión de que, por desidia o por corrupción, ha asumido una postura peligrosamente permisiva frente a lo que es la manifestación más siniestra del crimen organizado internacional. Huelga decir que la imagen resultante no nos beneficia en absoluto. Tampoco sirve para tranquilizar a los muchos que temen que a la Argentina le aguarde un destino como el de México, donde pandillas de narcotraficantes están luchando contra el ejército en una virtual guerra civil en que los muertos se cuentan por decenas de miles. Ya es tradicional que los voceros oficiales de turno intenten minimizar el riesgo planteado por los carteles de la droga insistiendo en que la Argentina es meramente “un país de tránsito”, lo que es una forma de hacer pensar que, una vez más, somos víctimas de la maldad ajena, pero desde el punto de vista de quienes están tratando de combatir el flagelo, tolerar “el tránsito” de cantidades enormes de estupefacientes equivale a colaborar con los traficantes aunque sólo fuera por omisión. De todos modos, a esta altura no sirve para mucho fingir creer que la droga no es un problema nuestro. Con frecuencia creciente, alusiones, es de esperar maliciosas y sin fundamento alguno, a la supuesta participación en el negocio sumamente lucrativo inciden en el debate político, salpicando a figuras como el ex presidente interino Eduardo Duhalde y a la mismísima presidenta Cristina, en su caso por los presuntos aportes de sujetos vinculados con el narcotráfico a la campaña proselitista del 2007. Puede que tales acusaciones se basen en nada más que los rumores denigrantes que suelen circular en una sociedad tan proclive como la nuestra a pensar lo peor de los dirigentes, pero no cabe duda de que han contribuido a envenenar el clima político. La corrupción que, según entidades como Transparencia Internacional, ha hecho de la Argentina uno de los países más venales de la tierra, nos ha privado de una línea de defensa contra la delincuencia organizada, mientras que el escaso interés de la clase política por la eficiencia administrativa nos ha privado de otra. No extraña, pues, que de acuerdo común los narcotraficantes más ambiciosos hayan encontrado aquí un ámbito propicio para sus actividades. Cuando la corrupción se generaliza, los funcionarios y policías honestos se ven sistemáticamente marginados por los comprometidos con códigos de conducta que podrían calificarse de mafiosos. Para que purgas como las emprendidas por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, en la Policía Federal brindaran los resultados previstos, tendrían que estar acompañadas por reformas destinadas a poner no sólo la Federal sino otras instituciones bajo el control de funcionarios que no han sido viciados por la corrupción que, por desgracia, es típica de una parte sustancial de la clase política nacional, incluyendo a los cuadros de las distintas fracciones del movimiento peronista.