“Paracaídas” de la política

La revelación sobre la forma en que miles de agentes serán incorporados a la planta permanente del Estado rionegrino, que incluyó a una docena de cargos políticos y el blanqueo “exprés” de cientos de puestos en la Legislatura provincial, volvió a poner en debate las deficiencias que sigue teniendo el ingreso a la administración pública y el impacto que ello tiene tanto en las arcas estatales como en la transparencia de la carrera administrativa.

Durante la gran crisis económica mundial de 2008, una de las controversias en EE. UU. tuvo que ver con lo que se llamó los “golden parachute” (paracaídas dorados): millonarias indemnizaciones que se autoadjudicaban ejecutivos de corporaciones que eran rescatadas por el Estado y les permitieron cómodos retiros a pesar de la debacle. De forma similar, funcionarios y asesores de confianza buscan blindar su permanencia en el Estado más allá de su nombramiento.

La Constitución rionegrina establece claramente en su artículo 51 que “la idoneidad y eficiencia son condiciones para el ingreso, ascenso y permanencia de los agentes públicos. A estos efectos, la ley instrumenta el régimen de concurso de oposición y antecedentes”. Las posteriores leyes 1844 y 3487 definieron regímenes generales de los concursos y la carrera administrativa. Sin embargo, especialmente en los 28 años de administraciones radicales, el ingreso al Estado rionegrino fue a menudo por la vía de la excepción: contratos temporales, locaciones de servicio, becas y otros mecanismos. Así, se desnaturalizó el sistema, se desprofesionalizó la administración pública y se dejó a miles de agentes precarizados sin estabilidad y dependientes del caudillo político de turno. Hubo periódicamente “blanqueos” o pases masivos a planta.

En los últimos años, la administración de Alberto Weretilneck realizó intentos por revertir la situación, a través del fortalecimiento del Instituto Provincial de la Administración Pública, encargado de la formación de agentes y la negociación con los gremios para terminar con los mecanismos informales para designar agentes. De hecho, en el Poder Judicial, el ingreso a la carrera administrativa y los ascensos se definen hace años por concursos. Hace poco se instrumentó el sistema de postulación a cargos estatales mediante la web.

En marzo se aprobó la ley 5354, que estableció concursos para el pase a planta de los contratados hasta febrero de 2019. Sin embargo, como informó este diario, se contradijo una histórica premisa institucional, que es la exclusión de los funcionarios políticos del proceso. De hecho, entre los 2.923 habilitados figura al menos una decena de directores y subsecretarios. Incluso el secretario legal y técnico de la gobernación aparece “en los dos lados del mostrador”, realizando su examen mientras ultimaba proyectos del Ejecutivo a la Legislatura.

Mientras tanto, en este poder del Estado se aprobaba incorporar a 154 contratados a su planta permanente de 380 agentes, aumentando de manera exprés un 40% su estructura fija, que pasará de ocho a doce empleados por cada legislador. El corte permite ingresar empleados con menos de un mes de antigüedad y son insistentes las versiones de ingresos de familiares y “pases” de agentes del Ejecutivo que buscan mejor sueldo.

El sistema de contratación, selección y promoción en el Estado debe basarse en criterios objetivos y trasparentes, evitando los favoritismos, el nepotismo y las interferencias partidarias. En materia de concursos para acceder a un puesto laboral, no hay nada que impida suponer que lo aplicable individualmente, lo sea también colectivamente.

La profesionalización del sector público es vital para mejorar los servicios, controlar la corrupción y mejorar la confianza ciudadana en el gobierno. Aunque hay avances, no dejan de ser parches, sin una mirada estratégica para una transformación integral del servicio público. Y, como se ve, con antiguos vicios que las administraciones de turno se resisten a erradicar.