Partidos y democracia interna

El peronismo no se ha caracterizado por su democracia interna. Surgió como partido verticalista, de líder -y líder militar, para más dato-. En contraposición, el radicalismo surgió con la bandera de la democracia civil. Por eso, lo que sucede en Río Negro es -también en eso- una verdadera paradoja, que se suma a otras no menos llamativas, tales como ser una provincia rica en recursos y empobrecida en gran medida por tener un Estado ineficiente.

Pero, volviendo al tema de los partidos políticos mayoritarios y su conducta en Río Negro, hay que decirlo: frente al manejo nada participativo que el radicalismo está teniendo en la definición de sus candidatos, el peronismo está dando cátedra aquí, sin ni siquiera el asomo de escándalos como el protagonizado en Catamarca por Luis Barrionuevo y que -también hay que decirlo- el senador rionegrino Miguel Pichetto intentó justificar con las palabras y convalidó en los hechos.

Es que, mientras el partido de gobierno se negó a convocar a elecciones internas abiertas y prefirió que las candidaturas fueran definidas por un grupo ínfimo de dirigentes y homologadas por los apenas algo más numerosos votos de la Convención provincial partidaria, el peronismo definió en internas abiertas su candidato a gobernador y hoy mismo da la posibilidad (a sus afiliados y a todos aquellos rionegrinos que no están afiliados a otro partido) a participar de la selección de sus candidatos a diputados provinciales y, en algunas ciudades, a cargos municipales.

En este marco, resultó más que llamativo el fallo que el pasado 19 de marzo emitió el Tribunal Electoral Provincial pretendiendo anular las listas presentadas en el tiempo en que rigió la prórroga de cuatro horas dispuesta por la Junta Electoral del Partido Justicialista entre las 20 y la medianoche del día en que vencía la presentación de listas. Afortunadamente, el Superior Tribunal de Justicia anuló esa resolución que desconocía el criterio propio del derecho electoral, cual es el de asegurar la participación más amplia posible y garantizar, a quienes no estén incursos en inhibiciones, el derecho a elegir y ser elegido.

Hubiera tenido mucho más asidero, en cambio, que el Tribunal Electoral eludiera cumplir el estricto criterio del STJ cuando resolvió, también esta semana, la situación planteada en el radicalismo y le exigiera a ese partido realizar internas.

En fin…

El peronismo vota hoy y, si la pretensión de Carlos Soria fue hasta ahora fortalecer su candidatura a gobernador intentando listas de unidad, la realidad le devuelve una situación muy distinta: la multiplicidad de listas en los diversos circuitos evidencia una dispersión llamativa, y que pudo haber sido mayor aún si no se hubiese suspendido la definición de algunas candidaturas municipales.

Enfrentado a una fórmula radical de instalación más que precaria, el peronismo tiene este año excelentes perspectivas de romper su prolongadísima mala racha en Río Negro. Salvo, que varios de sus dirigentes no parecen haber cortado el círculo vicioso de la sumisión perversa que los une con el aparato de poder radical. Así lo sugieren los contactos que algunos de ellos han mantenido en estos días con el «ministro sin cartera» Daniel Sartor, para pedirle esos favores de asistencia social clientelista que tanta fama le han dado pero que dudosamente sean brindados sin un compromiso de reciprocidad que no puede significar más que, en las elecciones generales, otra vez votos peronistas vuelvan a caer en el saco siempre ávido del oficialismo. Es que las rencillas internas en el justicialismo se han caracterizado por restar y dividir, mientras que el radicalismo sigue dando muestras de que su operación preferida es la suma. El acuerdo nada programático sino, en cambio, muy pragmático, que firmó esta semana con el intendente de Bariloche, el «mupista» Alberto Icare, es prueba de ello.

Desdén por la Justicia

La investigación de la escandalosa trama que rodeó las concesiones de los casinos rionegrinos no deja de dar sorpresas: uno tras otro, los imputados en la causa penal se negaron a declarar en indagatoria -eludiendo ejercer así su primer y principal acto de defensa- y ahora quieren hacerlo, después de conocer las evidencias que pesan sobre ellos.

Y casi todos -salvo Carlos Ferrari y los dos directivos de Tecno Acción- se negaron a nombrar abogado particular, pidiendo a la Justicia que les asigne un defensor oficial.

Si bien está dentro de lo permitido, lo usual es que los defensores oficiales sólo patrocinen a las personas sin recursos económicos para designar a un abogado. Irigoyen, Santamaría y Ranucci tienen el dinero suficiente para hacerlo.

Lo que parece indicar su decisión es cierto desdén por el accionar de la Justicia. Algo así como decir: «No tengo miedo de lo que ustedes -señores jueces o fiscales- puedan hacerme, y por eso no necesito quien me defienda».

Y, extrañamente, esa estrategia defensiva coincidente aumenta las presunciones de que funcionarios, empresarios y terceros actuaron en conjunto y con un fin común.

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar