Pedidos vanos
Aunque es de suponer que sus consejeros técnicos entienden muy bien que la deuda externa plantea un sinfín de problemas sumamente complejos, casi todos los políticos, encabezados, cuando no, por la mayoría de los «precandidatos» a la presidencia de la Nación, prefieren tratar el tema como si fuera un asunto sencillo que podría resolverse a través de negociaciones con el FMI o el gobierno estadounidense, de ahí el pedido del canciller Carlos Ruckauf de que Washington le encuentre una «solución política» o las afirmaciones de personas como Adolfo Rodríguez Saá y José Manuel de la Sota de que los acreedores tendrán que aceptar una quita importante. Pero, bien que mal, el tema no es sencillo en absoluto y los que están reclamando una postura más nacionalista, más viril, no parecen comprender muy bien cómo funciona el mundo actual. Es que los acreedores no conforman un bloque monolítico con el cual sería posible hablar porque se cuentan por centenares de miles, de suerte que un acuerdo con unos no comprometería a los demás. Asimismo, entre los acreedores hay muchos especialistas en aprovechar las variantes supuestas por distintos códigos legales. Huelga decirlo que querrán cobrar lo más posible, de suerte que si el gobierno tratara de neutralizar a algunos ofreciéndoles ventajas, otros no vacilarían en reclamar un trato todavía mejor.
Si las autoridades lograran convencer a los gobiernos extranjeros más poderosos de que les convendría pactar una «solución política» global para el embrollo que se ha creado, podría aligerarse un poco el peso de la deuda, pero una decisión de este tipo no sería suficiente como para conmover al enjambre de individuos y grupos privados, entre ellos muchos argentinos, que no tendrían por qué dejarse impresionar. Asimismo, aun cuando por razones estratégicas el FMI, Estados Unidos y la Unión Europea decidieran ayudar a la Argentina, a menos que estuvieran preparados para modificar de manera draconiana sus propias leyes, no tendrían disponibles los recursos financieros que les permitirían satisfacer a los acreedores no oficiales a los que, claro está, no querrían privilegiar por temor a que otros países optaran por intentar atenuar sus propias dificultades financieras siguiendo el camino abierto por Adolfo Rodríguez Saá. Por lo tanto, buena parte de la retórica política en torno de la deuda es meramente fantasiosa por basarse en la ilusión de que puedan sentarse juntos alrededor de una mesa a los acreedores y a los representantes nacionales para que lleguen a un acuerdo que todos juzguen aceptable, lo cual pudo hacerse en otras épocas pero no en ésta. Por mucho que hablen de una salida política del laberinto en el que el país se ha internado, no existen razones para suponer que construir una sea factible.
Al endeudarse de forma irresponsable para después proclamarse orgullosamente resuelta a no respetar sus compromisos, la clase política dio comienzo a un proceso extraordinariamente complicado que con toda seguridad se prolongará por muchos años. Hasta nuevo aviso, la defensa de los intereses del país estará en manos de integrantes de un ejército de abogados, muchos de ellos extranjeros, que tendrán que intentar mantener a raya a acreedores persuadiendo a jueces de docenas de países diferentes de la justicia de las causas reivindicadas por nuestros líderes políticos. Es posible que los abogados bien remunerados que cumplan su papel en este conflicto de intereses consigan ganar algunas batallas, pero también es más que probable que pierdan muchas.
Mal que les pese a los políticos y a «la gente», en última instancia todo dependerá del «mercado». De difundirse la seguridad de que la Argentina ha encontrado el camino y de que en adelante invertir en ella sería ventajoso, capitales suficientes podrían entrar como para permitirle reanudar el pago de sus obligaciones y de este modo ponerse a restaurar sus relaciones con la llamada comunidad financiera internacional. En cambio, de persistir la situación actual, tendremos que acostumbrarnos al aislamiento, perspectiva ésta que no puede atraer a muchos porque significaría vivir con sólo una fracción de las inversiones necesarias para que la economía se recupere de los golpes feroces que la están pulverizando desde mediados del año pasado.
Aunque es de suponer que sus consejeros técnicos entienden muy bien que la deuda externa plantea un sinfín de problemas sumamente complejos, casi todos los políticos, encabezados, cuando no, por la mayoría de los "precandidatos" a la presidencia de la Nación, prefieren tratar el tema como si fuera un asunto sencillo que podría resolverse a través de negociaciones con el FMI o el gobierno estadounidense, de ahí el pedido del canciller Carlos Ruckauf de que Washington le encuentre una "solución política" o las afirmaciones de personas como Adolfo Rodríguez Saá y José Manuel de la Sota de que los acreedores tendrán que aceptar una quita importante. Pero, bien que mal, el tema no es sencillo en absoluto y los que están reclamando una postura más nacionalista, más viril, no parecen comprender muy bien cómo funciona el mundo actual. Es que los acreedores no conforman un bloque monolítico con el cual sería posible hablar porque se cuentan por centenares de miles, de suerte que un acuerdo con unos no comprometería a los demás. Asimismo, entre los acreedores hay muchos especialistas en aprovechar las variantes supuestas por distintos códigos legales. Huelga decirlo que querrán cobrar lo más posible, de suerte que si el gobierno tratara de neutralizar a algunos ofreciéndoles ventajas, otros no vacilarían en reclamar un trato todavía mejor.
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