Pedirán juicio oral por desmanejos en la ayuda social

NEUQUEN (AN)- Una antigua y compleja investigación de supuestos hechos de corrupción cometidos en el área de Acción Social durante la anterior gestión del gobierno provincial está a punto de ser clausurada, y será ventilada en juicio oral. Los imputados son ex funcionarios y proveedores del Estado, a quienes se acusa de formar una asociación ilícita que habría provocado un fraude cercano a los tres millones de pesos, que equivalían a otros tantos dólares por la vigencia de la convertibilidad.

Entre los seis imputados figuran Alejandro Córdoba, ex subsecretario de Acción Social en la anterior gobernación de Felipe Sapag y actual operador de Jorge Sobisch, y el empresario Andrés Patricio Sarabia, quien hace tres años fue condenado como integrante de una banda que vendía autos mellizos.

La acusación alcanza además a los ex funcionarios de la subsecretaría Enrique Maffrand, director general de Administración; Alex Roberto Tarifeño, director de Administración; Domingo Saloniti, director de Delegaciones Zonales, y Enrique Venturini, jefe del departamento Compras.

Según trascendió de fuentes judiciales, el voluminoso expediente en el que se investigan hechos cometidos entre 1996 y 1998 estuvo trabado por una compleja pericia contable cuyos resultados finales llegaron hace poco al despacho del juez Daniel Geloni.

Ahora el magistrado debe resolver algunos pedidos adicionales de la defensa, y en los próximos días remitirá las actuaciones a la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública para que elabore el dictamen que abrirá el camino hacia el juicio oral.

La media docena de imputados están acusados de «asociación ilícita, en concurso real con administración fraudulenta calificada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, cometido por los funcionarios públicos a título de autor y por Sarabia como partícipe necesario».

De acuerdo con la información a la que accedió «Río Negro», la causa comenzó por un artículo periodístico que mencionaba posibles irregularidades en las contrataciones concretadas por la subsecretaria de Acción Social con Sarabia, que por aquel entonces estaba involucrado en el escándalo de los autos mellizos. En esa investigación terminó condenado a cinco años de prisión en febrero de 2000.

«A partir de la información brindada por el Contador General de la Provincia pudo comprobarse que las contrataciones efectuadas por Sarabia con el Estado provincial y efectivamente cobradas alcanzaron 3.715.330,68 pesos, de los cuales 3.635.065,78 corresponden a contrataciones con la subsecretaría», dice el expediente.

Los investigadores secuestraron numerosos expedientes administrativos relacionados con las contrataciones entre la subsecretaría que comandaba Córdoba, a quien apodan «Mago», y Sarabia.

«Con su cotejo quedaron al descubierto diversas irregularidades que permiten asegurar que medió connivencia entre los funcionarios encargados de llevarlas adelante y el contratista. Estas irregularidades son de diverso tipo y se presentan en un número verdaderamente importante», señaló la fiscalía en sus conclusiones La «connivencia» entre funcionarios y proveedores, «encaminada a la concreción de distintas maniobras delictivas indeterminadas, con permanencia en el tiempo y con una relativa organización, permiten sostener que los imputados conformaron a la época de los hechos una asociación ilícita que tuvo por objeto la realización de maniobras irregulares en el manejo de las contrataciones de la subsecretaría de Acción Social, y que de ese modo lograron que el Estado abonara a Sarabia sumas dinerarias injustificadas», dice el trabajo de la fiscalía.

NEUQUEN (AN)- La investigación de supuestas irregularidades en la subsecretaría de Acción Social encontró detalles curiosos, como por ejemplo una costosa compra de latas de sardinas.

Se trató de una licitación para adquirir 8.064 bolsones de comida que fue ganada por la firma del proveedor Andrés Sarabia, aunque «no están los remitos correspondientes que acrediten de manera fehaciente la entrega de la mercadería facturada», señala la fiscalía.

«A ello se suma una nota de Rolando González, del programa Asoma, diciendo que sería necesario agregar una lata de sardinas a cada bolsón», añade. Los investigadores encontraron la factura por la cual se pagaron las sardinas, «rubro no licitado y que no se sabe de dónde surge el precio facturado».

«El tema de las sardinas es francamente llamativo -señaló la fiscalía- pues la necesidad de completar el valor nutricional de los bolsones con una lata de ese producto no está avalada por el dictamen de ningún médico, nutricionista o profesional de la salud. El señor González lo creyó conveniente y ahí salió la administración a comprar 8.064 latas de sardinas, que sugestivamente proveyó Sarabia».

Por otra parte, la investigación detectó valuaciones excesivas de los productos que se facturan. En una licitación del año 97 la subsecretaría le compró a su proveedor favorito «sémola y fécula de maíz (esta última no cotizada por Sarabia). La excusa es que el ganador pide no entregar por un error de interpretación, que no es tal. Lo cierto es que se le adquiere a Sarabia paquetes de un kilo a 1,69 peso, cuando el precio cotizado por 500 gramos era de 0,59 peso. En el peor de los casos, multiplicando por dos, el precio sería de 1,18 peso y no el que cobró el proveedor, sobrevaluando en un 43,22% más».

En otra licitación «se advierte en los distintos alcances sobrevaluación en rubros ganados por Sarabia, en rubros adjudicados a otros proveedores y en rubros que se declararon desiertos o no fueron licitados». Como ejemplo, menciona «una sobrevaluación de la lavandina y el detergente, que se cotizaron en bidones de 5 litros, pero al momento de pedirlo la Administración lo hace por litros manteniendo el precio de los bidones (provocando un aumento del 400%)».