Piden hasta 25 años por el homicidio del concejal
Esta semana, en Chubut, los jueces definen la pena.
ESQUEL (AEB).- Este viernes los jueces Anabel Rodríguez, Ricardo Rolón y Alejandro Rosales definirán la pena a imponer a Ruperto Salvador Jaramillo, condenado por el asesinato de Julián Millanahuel, quien fue concejal del FpV en El Maitén hasta su muerte. La fiscalía pidió una condena de 22 años y la querella solicitó el máximo, 25, mientras que el defensor pidió el mínimo de la escala. La lectura de la resolución sería el lunes 2 de diciembre. Durante el debate por el monto de la pena, tanto el fiscal Fernando Rivarola como el querellante Santiago González entendieron que en el desarrollo de los votos del tribunal “quedó debidamente retratada la gravedad del hecho, la decisión del autor y el estado de indefensión de la víctima”. La edad de Millanahuel (39), su rol dentro de su estructura familiar, su buena consideración social, su participación en la comunidad en el ámbito del deporte y la política y su responsabilidad como concejal de su pueblo fueron algunos de los parámetros llevados por Rivarola para graduar la extensión del daño. También la actitud decidida del autor, “evidenciada en el número de puñaladas, en sus dichos al momento del hecho, en su decisión de poner fin a un conflicto de tierras de la peor manera posible, en su determinación de llevar a cabo el crimen por sí mismo sin involucrar a su hermano –que ya se encontraba comprometido en un proceso judicial–, fueron tomados como agravantes. El fiscal graficó que “la falta de intervención y respuesta de parte de los organismos estatales al problema de tierras (que enfrentaba a víctima y victimario), no puede considerarse como un atenuante ante un delito como el homicidio, que requiere de una clara decisión personal”. También señaló que Jaramillo “debió hacer un gran esfuerzo para apartarse de lo que manda una prohibición por todos conocida: no matar”. A su turno Daniel Sandoval, defensor del imputado, se mostró sorprendido por los elevados pedidos de pena. Recalcó “en la finalidad resocializadora de la pena”, indicando que los acusadores “pretenden utilizar la prisión para el castigo de modo desmedido”. Igualmente se preguntó “cuánto tiempo de tratamiento penitenciario” necesita su pupilo para resocializarse. Resaltó asimismo su “falta de antecedentes penales, la formación rudimentaria del imputado y sus hábitos de trabajo” como aspectos ineludibles a la hora de mensurar la pena, solicitando la aplicación del mínimo legal.
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