Pili y exfuncionaria del IPPV, más complicados

Viviendas de Viales en Roca

ROCA.- El exinterventor del IPPV, Vicente Pili, y la exjefa del área de adjudicaciones de ese organismo, Aurora Isla, quedaron más comprometidos ante la Justicia por las irregularidades detectadas en el plan de las 20 viviendas del Sindicato de Trabajadores Viales entregado en Roca en 2006. La Cámara Criminal Tercera de esta ciudad confirmó el procesamiento de ambos, aunque redujo la imputación a la figura de “omisión de deberes del oficio”, y abrió las puertas para que eventualmente sean imputados y procesados como presuntos “partícipes necesarios” de las estafas que se atribuyen a Carlos Sansuerro y a Carlos Iturburu, quienes actualmente están procesados, detenidos y siendo juzgados por los dos planes de casas que impulsó el sindicato en Roca. En su voto, además, uno de los jueces de la Cámara, Fernando Sánchez Freytes, observó que debería avanzarse en la investigación contra los 15 adjudicatarios presuntamente irregulares de las 20 viviendas, quienes actualmente están imputados y con falta de mérito como supuestos partícipes de una maniobra defraudatoria. Se trata de personas que no eran trabajadores de Vialidad y que, presuntamente por sus “vinculaciones con políticos o influencias” –dice el expediente– habrían sido beneficiados con las casas, en desmedro de los derechos de los reales destinatarios del plan, que eran los empleados de Viarse. Como resultado de la “omisión de deberes” por la inobservancia de los reglamentos del IPPV, Pili e Isla fueron acusados de permitir que “15 adjudicaciones irregulares no cumplieran con el fin social con que se gestó el Plan 20 Viviendas, surgiendo, contrariamente (...) que las casas habrían sido entregadas a personas que no reunían los requisitos, presuntamente vinculadas con políticos y/o influencias”, sostiene el voto de Sánchez Freytes. En adhesión, el juez Carlos Gauna Kroeger opinó que si bien, vistas individualmente, las violaciones reglamentarias podrían parecer “de poca monta”, las conductas de Pili e Isla “adquieren otro cariz y resultan altamente sospechosas” cuando se advierte que “esas omisiones aparentemente poco importantes han servido para facilitar el tránsito de los legajos y que se adjudiquen viviendas a quienes no tenían condición previa de empleados viales”, y porque “no se trató de uno o dos legajos que pudieron pasar inadvertidos, sino de 15 adjudicatarios sobre un plan de 20 viviendas”. (Redacción central)


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