Pobreza, la herencia más pesada que dejará la crisis

“Pecamos de optimismo”. Es lo que desde hace tiempo reconocen por lo bajo varios funcionarios de segunda línea del gobierno nacional. Refieren a lo que sinceramente esperaban que suceda a esta altura del camino, y finalmente no se verificó.
Es que no solo la economía parece inmersa en un tobogán sin fin de números negativos. Existen principalmente dos objetivos que el gobierno de Cambiemos enarboló como bandera: reducir la inflación y lograr “pobreza cero”. Los resultados son paupérrimos en ambos casos, en los cuales a los registros que heredó la actual gestión, hay que sumar un cúmulo de errores propios de la actual gestión, que en solo tres años, no hizo más que agravar la situación.
Así lo demuestran los datos publicados esta semana, tanto por la Universidad Católica Argentina (UCA) como por el Indec, que dan cuenta de cómo en Argentina hay un tercio de la población que no puede acceder a condiciones de vida mínimas, y de que al menos 2.700.000 personas, no logran reunir los recursos necesarios para poder comer. Es precisamente allí donde los dos objetivos de máxima autoimpuestos por la gestión Macri, pobreza e inflación, se combinan de la forma más cruel: en el mes de febrero, mientras el nivel general de precios avanzó un 3,8%, la inflación del rubro alimentos creció un 5,8%. Si se contabiliza el agregado anual, el costo de los alimentos avanzó un 58% en los últimos doce meses. Escenario difícil si lo que se espera es lograr que los más postergados puedan superar sus carencias de forma permanente.

Las diferentes dimensiones de la pobreza
Tradicionalmente, la forma en que se cuantifica la pobreza de un país, es midiendo la capacidad de la población para adquirir una cierta canasta de bienes y servicios que garantiza el acceso a un bienestar mínimo. Si alguien no reune los ingresos

necesarios para “adquirir” la canasta, es catalogado como pobre.
Quien establece como se compone la canasta y releva el precio de la misma en Argentina, es el Indec. Según el último informe del organismo, el costo de la Canasta Básica Total (CBT), es de $8.922,47 para una persona adulta. Tal es la cantidad de dinero necesaria al mes para no ser considerado pobre. A su vez, indica que el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), es de $3.527,97. Tal es la suma necesaria al mes para no caer en la indigencia. Significa además, que según el organismo oficial, una persona puede comer en Argentina con $118 pesos al día.
En el caso de la CBT, el incremento en el costo de la canasta fue del 57,2% durante los últimos doce meses, mientras que para la CBA, la evolución interanual marca un aumento del 59,1%. Ambos datos se hallan muy por encima de la inflación promedio estimada por el propio Indec. Implica que el peso de la aceleración de precios, es mucho más gravoso sobre el bolsillo de los más vulnerables.

Con tales parámetros, no es de extrañar el dato dado a conocer el último jueves por el organismo, que revela un incremento de la pobreza en el segundo semestre del año pasado, hasta un registro del 32%, y de la indigencia hasta el 6,7%. El dato, significa que la realidad del sector más postergado es hoy más grave que la de 2015, pero se da además en el marco de una economía que lejos de encontrar las respuestas necesarias para alcanzar el crecimiento a largo plazo, parece encaminada a un sendero de recesión cada vez más profunda combinada con una espiralización de la inflación.
El primer gráfico que acompaña la nota, muestra la evolución de la pobreza medida por ingresos desde el año 2003, combinando la serie correspondiente al Indec en los periodos (2003-2006 y 2016-2019), y la de UCA en el periodo (2007-2015). Se evita así el sesgo en los datos producto de la intervención que atravesó el Indec en el último tramo de la gestión kirchnerista. El infograma revela que desde 2006 la pobreza se estacionó en valores que oscilaron entre el 24% y el 30%, y que el ratio actual es un 4,8% más alto que el 29,9% que dejó la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Al ver la serie completa, el mínimo alcanzado en 2011, se asemeja a un piso difícil de perforar. De ser cierto, equivale a decir que en país que produce millones de toneladas de alimentos al año y los envía al mundo, existe un cuarto de la población que estructuralmente no logra satisfacer sus necesidades básicas.

Ese es el foco de una nueva modalidad para medir la pobreza, que desde hace al menos una década se extiende por todo el mundo, de la mano de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (2015-2030), establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se trata de la mirada “multidimensional” de las carencias, la cual lejos de hacer foco en la capacidad de reunir ingresos, prioriza otros aspectos que hacen a la vida en sociedad, a la calidad de vida y a la satisfacción de las necesidades básicas.
La UCA utiliza este método desde el año 2010, y acaba de publicar el informe titulado “Pobreza Multidimensional fundada en derechos económicos y sociales – Argentina urbana: 2010-2018”. El escrito especifica que “la consideración de múltiples dimensiones no solamente permite hacer visibles aspectos puntuales que marcan distintas situaciones y experiencias de privación, sino también dar cuenta de situaciones de pobreza de mayor intensidad en la que distintas privaciones se presentan de manera simultánea reforzándose entre sí y constituyendo situaciones de pobreza estructural”.
El relevamiento considera seis dimensiones, las cuales configuran la integralidad de la situación social de quienes padecen carencias. Las mismas son alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, educación, empleo y seguridad social.

La medición que acaba de publicarse, corresponde al año 2018 y muestra la evolución desde el año 2010, la cual se presenta en el segundo gráfico que acompaña la nota. Allí queda en evidencia que la pobreza multidimensional llegó al 31,3% el año pasado. El dato representa el punto más alto de la serie desde que UCA realiza el relevamiento, e implica que la situación de carencia de millones de argentinos, se ha agravado en los últimos nueve años.
Al analizar cada dimensión en particular, los resultados muestran que en el periodo 2010-2018 existió avance en la mitad de los ejes, y retroceso en los otros tres.
En cuanto a las mejoras, la población que no cuenta con acceso a los servicios básicos, que incluyen agua, cloacas y energía, pasó del 43,4% en 2010 al 34% en 2018. Asimismo, la situación de carencia referida a la precariedad de la vivienda y condiciones de hacinamiento, pasó del 34,9% en 2010 al 27,1% el año pasado. De igual forma, las condiciones ambientales en las que se considera la recolección de residuos y la contaminación, pasó de afectar al 28,4% de la población en 2010, a solo el 22% en 2018.
Respecto a los retrocesos, la carencia en cuanto a la alimentación y la salud, es sin dudas el punto más crítico. Las privaciones en tal sentido afectaban al 24,2% de la población en 2010 y en 2018 alcanzaron al 28,2%. Algo similar sucede en cuanto al empleo y la seguridad social, donde la población con carencias pasó del 32,9% en 2010 al 34,3% el año pasado. Por último, en relación a la educación la población con privaciones pasó del 11% en 2010 al 12,3% en 2018.

Sin embargo, el punto llamativo es que si el corte de la serie se realiza en el año 2015, resulta que las carencias respecto a la alimentación y la salud afectaban ese año solo al 23,2%, y en cuanto al empleo y la seguridad social, al 28,8%. Significa en primer lugar que en tales dimensiones hubo una notoria mejora entre 2010 y 2015, y en segundo lugar que tal mejora se perdió por completo entre 2015 y 2018 hasta llegar a los registros actuales, que muestran un deterioro respecto al año de partida (2010).
Es a la luz de estos datos, que la pesadumbre de los funcionarios encuentra sustento. Al deterioro que revelan los datos, se suma la manifiesta dificultad de la gestión económica para torcer el rumbo y lograr que al menos los números de la macroeconomía encuentren estabilidad.