La policía de Cipolletti no recibe capacitación en el programa de cannabis medicinal

Tras la violenta detención a tres personas por tenencia de marihuana, se confirmó que los efectivos no cuentan con la información necesaria para actuar. Hay malestar en la Senaf por la actuación de los efectivos-

La violenta detención de una joven madre que sufre epilepsia dejó en evidencia la falta de capacitación policial de Cipolletti . El comisario de la Comisaría 24 sostuvo que la intervención “en principio fue por la sustancia” y porque “no exhibió el permiso”. Luego señaló que se la llevaron en un patrullero por una contravención, explicó. Hay malestar entre los operadores de la Secretaría de Niñez porque nunca los convocaron para intervenir por la pequeña niña que quedó al desamparo.


Néstor Montero, comisario de la unidad 24 que tiene jurisdicción en la plaza del Tango donde el martes ocurrieron los hechos, esbozó algunas explicaciones en una entrevista concedida a la emisora estatal LU19. El funcionario no terminó de dejar en claro si la detención de las tres personas fue por una contravención, por la sustancia (como se refirió al cannabis medicinal) o por no exhibir el permiso del programa nacional que habilita su consumo para trastornos de epilepsia.


Río Negro confirmó que en Cipolletti el personal policial no recibió capacitación en la ley nacional 27.350 del año 2017. En consecuencia, los efectivos no conocen los alcances ni las limitaciones que tienen para intervenir en este tipo de casos.

Sin embargo, basan su actuación en el código contravencional de Río Negro, sancionado en el año 1968 durante el gobierno de facto del militar Juan Carlos Ongania. Los artículos 38 y 48 son los más frecuentes entre los uniformados, ya que habilitan a la Policía a detener personas por escándalo en la vía pública y por negarse a dar su identidad, entre otras.

Justamente esos artículos utilizó la Policía el martes para subir al patrullero, con extrema violencia, tanto a la madre como al padre de la niña de cinco años y a un testigo que quiso ayudar y filmó la secuencia con su teléfono móvil.

De hecho por esa última intervención, la justicia confirmó que hubo en la casa de la pareja del hombre un allanamiento ilegal, sin ninguna orden. Los policías de la 24 ingresaron al inmueble luego de romper la puerta a patadas y, según la denuncia, utilizaron los caños de una pileta de lona para golpear al detenido. “El procedimiento estuvo bien, solo hubo una persona mordida por un can”, relativizó el comisario en la radio.


La mujer fue ubicada en una plaza en posición de cuclillas, por eso el personal la detiene y la identifica. Ella empieza a insultar al personal cuando le piden los datos y manifiesta su descontento, empieza a gritar y generar desorden en la vía pública. Nosotros actuamos de acuerdo a las reglamentaciones que nos habilitan para realizar este tipo de trabajo. Un desorden en la vía pública está sancionado por el artículo 38 de la Ley 532, y es aplicable para todo ciudadano”, defendió el jefe de la regional Daniel Uribe.

El comisario debe ser uno de los pocos jefes policiales que consiguió mantenerse en Cipolletti durante años, a pesar de la política de traslados rotativos que aplica la Policía de Río Negro.


De hecho, Uribe ya estaba al frente de la regional cuando efectivos de la comisaria Cuarta detuvieron a Santiago Sagredo por manejar alcoholizado en 2016. En ese entonces también se aplicó el código contravencional. El joven murió en el calabozo, sin recibir asistencia médica, consecuencia de un aneurisma.


La Policía tiene un triste historial en Cipolletti por distintos procedimientos que terminaron con víctimas. Hace algunos años, en las 1.200 Viviendas, un adolescente de 15 años perdió un ojo por un disparo de bala de goma. Anteriormente un cabo le quitó la vida otro joven, Nicolas Scorolli, luego de un furiosa persecución en la ruta 151. Por todos esos hechos, la Justicia condenó a los responsables.

A nivel provincial, también se juzgaron las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco el 17 de junio del 2010 en Bariloche. Y todavía siguen sin esclarecerse casos resonantes como los del cabo Lucas Múñoz y el joven Gabriel Mandagaray, hijo de dos jefes de regional.


Pese a ello, nadie del gobierno por encima de la cúpula policial ofreció explicaciones respecto del procedimiento de Cipolletti. En el video, que se compartió muchísimas veces en la redes sociales, se observa la violencia con la actuaron los efectivos, a pesar de los desesperados pedidos de la mujer, quien gritaba que padecía epilepsia y que tenia los permisos nacionales para el cannabis medicinal.


¿Recibieron alguna capacitación respecto al uso medicinal del cannabis para estar preparados si aparece un nuevo caso?, preguntó dos veces la periodista de LU19 al comisario Montero. El jefe policial evadió la respuesta.

En un primer momento explicó que la detención fue porque había una “señorita armando algo”. “En principio fue por la sustancia y porque no exhibió el permiso, eso no le permite de hacer uso en la vía publica. Por lo que tengo entendido en la vía publica no se puede consumir”, insistió.


A medida que el reportaje avanzaba, el comisario se desdijo, y ubicó el accionar en la contravención “por la agresión e insultos”. Después cerró diciendo que todo se hubiese evitado si la joven exhibía el certificado. Montero también afirmó que la madre se encontraba sola, a pesar de que en la grabación aparece su pequeña hija de cinco años.

La menor fue contenida por una mujer desconocida que después se contactó la familia. Nunca convocaron a la Secretaria de la Niñez (Senaf)). Los operadores del área, dejaron trascender su malestar. Aseguraron que aún no tuvieron respuesta sobre el pedido de reunión con los responsables de la unidad.


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