“¿Política petrolera o puja por la renta?”

Hoy las provincias productoras de hidrocarburos y la nación están en una pulseada que no termina por tomar una dirección y una definición cierta en relación a cómo administrar el manejo de la política petrolera. Lo que se tiene en relación a esta materia es una Constitución, una ley y un decreto que están en franca controversia generando disparidad de criterios, por no decir posturas disparatadas. Aquí la sociedad participa poco o más bien nada en la disputa por el manejo de este recurso y de la renta que genera. Sincerando la cuestión planteada, poco podría hacer en tal sentido, por la razón de que se trata de un tema sumamente complejo y la sociedad sólo puede ser depositaria de confianza en sus representantes para que hagan lo que todos esperan en beneficio del interés general. Sin lo que podemos entender de cómo hacerlo sin advertir de dónde procede, cometeríamos un acto de imprudencia y poco inteligente. Digo esto porque si bien la Constitución Nacional del 94 consagra la federalización de los hidrocarburos, transfiriendo a las provincias el dominio y su posterior manejo, ejerciendo también el poder de policía, la realidad de ese hecho es que se terminaba de consagrar con esa normativa la total destrucción de YPF con una vergonzosa transferencia del negocio petrolero en manos de multinacionales a las que se le dio la potestad de la libre disponibilidad de crudo y divisas para que hicieran lo que quisieran. Esa fue la política petrolera de un gobierno peronista que en la década del 90, con Menem presidente, puso en marcha la fenomenal entrega de los activos sociales de los argentinos transfiriéndolos a manos de corporaciones multinacionales. Ese fue el plan de privatizaciones salvajes y a YPF se le aplicó el plan Tupac Amaru de descuartizamiento. Ahora bien, ¿quiénes son los que encarnan una negociación en materia de hidrocarburos? Son los gobernadores de las provincias petroleras y el gobierno nacional dentro del marco de las presentes normas que rigen en la materia. Ahora el tema es qué dirección se toma, porque la Nación dice que somos los dueños, las provincias tienen la soberanía y que la ley corta el decreto reglamentario y la ley de expropiación; es decir, un desconcierto fenomenal. Del otro lado están las empresas que tienen que producir, mantener y aumentar la producción, hacer las inversiones con costos que chocan con una realidad económica nacional. Ni hablemos de estrategias en materia de un proyecto energético nacional, y a lo que habría que sumarle el poder de seducción a potenciales inversionistas para sumarse a recuperar el perdido autoabastecimiento energético. Sería impensado imaginar que este cuadro, más que seducir, espanta. Los gobernadores de las provincias petroleras, ¿a qué se encuentran abocados? A la renegociación de los contratos petroleros. Cualquiera podría preguntarse: esta renegociación, ¿qué tiene de política petrolera y qué de puja por la renta distributiva? Se encontrarán con la novedad de que se prioriza el financiamiento de los déficit de las arcas del Estado y no otra cosa. Muy tibiamente se toca el tema de los pasivos ambientales como para convencer. La realidad es otra, mal que nos pese. Otra cosa que bien se podrían preguntar es: ¿por qué tanto apuro si hay un contrato que tiene una periodicidad y no está en término para su finalización, que está sujeto a su cumplimiento y que si se transgrede le cabe las generales de la ley? En una palabra, el más común de los mortales se encontraría desconcertado en medio de este embrollo, claro que las explicaciones desde los gobiernos serán tan convincentes que terminará por creer. Total, para cuando se dé cuenta habrá pasado un tiempo y entenderá que una vez más hay embarazo en puerta. (Perdón, quise decir, “se encontrarán ante una situación embarazosa”). Agustín Ricardo Molina DNI 8.635.983 – Catriel

Agustín Ricardo Molina DNI 8.635.983 – Catriel


Hoy las provincias productoras de hidrocarburos y la nación están en una pulseada que no termina por tomar una dirección y una definición cierta en relación a cómo administrar el manejo de la política petrolera. Lo que se tiene en relación a esta materia es una Constitución, una ley y un decreto que están en franca controversia generando disparidad de criterios, por no decir posturas disparatadas. Aquí la sociedad participa poco o más bien nada en la disputa por el manejo de este recurso y de la renta que genera. Sincerando la cuestión planteada, poco podría hacer en tal sentido, por la razón de que se trata de un tema sumamente complejo y la sociedad sólo puede ser depositaria de confianza en sus representantes para que hagan lo que todos esperan en beneficio del interés general. Sin lo que podemos entender de cómo hacerlo sin advertir de dónde procede, cometeríamos un acto de imprudencia y poco inteligente. Digo esto porque si bien la Constitución Nacional del 94 consagra la federalización de los hidrocarburos, transfiriendo a las provincias el dominio y su posterior manejo, ejerciendo también el poder de policía, la realidad de ese hecho es que se terminaba de consagrar con esa normativa la total destrucción de YPF con una vergonzosa transferencia del negocio petrolero en manos de multinacionales a las que se le dio la potestad de la libre disponibilidad de crudo y divisas para que hicieran lo que quisieran. Esa fue la política petrolera de un gobierno peronista que en la década del 90, con Menem presidente, puso en marcha la fenomenal entrega de los activos sociales de los argentinos transfiriéndolos a manos de corporaciones multinacionales. Ese fue el plan de privatizaciones salvajes y a YPF se le aplicó el plan Tupac Amaru de descuartizamiento. Ahora bien, ¿quiénes son los que encarnan una negociación en materia de hidrocarburos? Son los gobernadores de las provincias petroleras y el gobierno nacional dentro del marco de las presentes normas que rigen en la materia. Ahora el tema es qué dirección se toma, porque la Nación dice que somos los dueños, las provincias tienen la soberanía y que la ley corta el decreto reglamentario y la ley de expropiación; es decir, un desconcierto fenomenal. Del otro lado están las empresas que tienen que producir, mantener y aumentar la producción, hacer las inversiones con costos que chocan con una realidad económica nacional. Ni hablemos de estrategias en materia de un proyecto energético nacional, y a lo que habría que sumarle el poder de seducción a potenciales inversionistas para sumarse a recuperar el perdido autoabastecimiento energético. Sería impensado imaginar que este cuadro, más que seducir, espanta. Los gobernadores de las provincias petroleras, ¿a qué se encuentran abocados? A la renegociación de los contratos petroleros. Cualquiera podría preguntarse: esta renegociación, ¿qué tiene de política petrolera y qué de puja por la renta distributiva? Se encontrarán con la novedad de que se prioriza el financiamiento de los déficit de las arcas del Estado y no otra cosa. Muy tibiamente se toca el tema de los pasivos ambientales como para convencer. La realidad es otra, mal que nos pese. Otra cosa que bien se podrían preguntar es: ¿por qué tanto apuro si hay un contrato que tiene una periodicidad y no está en término para su finalización, que está sujeto a su cumplimiento y que si se transgrede le cabe las generales de la ley? En una palabra, el más común de los mortales se encontraría desconcertado en medio de este embrollo, claro que las explicaciones desde los gobiernos serán tan convincentes que terminará por creer. Total, para cuando se dé cuenta habrá pasado un tiempo y entenderá que una vez más hay embarazo en puerta. (Perdón, quise decir, “se encontrarán ante una situación embarazosa”). Agustín Ricardo Molina DNI 8.635.983 - Catriel

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