$35.000: la ínfima ayuda a las víctimas de violencia de género para alquilar en Neuquén
Es el monto máximo que entrega el ministerio de Desarrollo Social, según contaron las trabajadoras del Servicio de Prevención de Violencia Familiar en la Legislatura. "Le estamos dando el vuelto de los caramelos a las mujeres", remarcaron.
En lo que va del año hubo cuatro femicidios en Neuquén: el de Norma Morales, Luz de los Milagros Prieto, Cristina González y Karen Ibarra. Foto Marcelo Martínez.
¿Para qué alcanzan $35.000? Son alrededor de 152 dólares, al cambio de hoy. Con ese dinero se podrían costear apenas cinco afiches (si se considera el precio más bajo) de los que se usaron para la campaña a gobernador de Neuquén. Ni siquiera llenan el bolsillo de un juez del Tribunal Superior de Justicia, cuyo viático diario, si viaja más de 50 kilómetros, es de $49.023 (cubre alojamiento y comida, pasajes aparte). Las que se las tienen que rebuscar con esa plata son las víctimas de violencia de género, a quienes el gobierno de la provincia que late al ritmo de Vaca Muerta, les entrega como máximo para que puedan alquilar.
El dato lo aportaron María del Carmen Leonetti y Cecilia Medina, trabajadoras del Servicio de Prevención de Violencia Familiar. Fue durante la reunión de esta semana de la comisión de Desarrollo Humano y Social de la Legislatura, en la que se discute el proyecto para crear un plan provincial de emergencia contra la violencia hacia las mujeres.
El valor mínimo mensual del alquiler de un departamento de una habitación ronda los $100.000 en Neuquén capital (sin contar el resto de los requisitos para ingresar como depósito, adelantos, honorarios y la posibilidad de que una persona salga de garantía). Más lejos del centro puede abaratarse el costo, pero hay que sumar movilidad. El pasaje de colectivo sale $130. Sólo en abril la inflación fue de 8,9%, con una acumulada anual del 33,9%.
Este es el escenario al que se asoma una mujer, sin hijos o hijas a cargo. Sí los tiene, el monto se eleva. Si atraviesa violencia de género, la situación se complejiza.
Ya de por sí las chances de que cuente con un trabajo no son las mismas que las de un varón: la tasa de empleo de las mujeres en 2022 en la provincia era de 37,5%. Hay una dimensión más: si sale medio tiempo o tiempo completo fuera de su casa, ¿quién gestiona el cuidado de niños, la comida sobre el plato y el pantalón lavado?
El Servicio de Prevención es el único dispositivo especializado de atención. Fue creado hace 36 años y depende del ministerio de Desarrollo Social. Su rol es de acompañamiento a las víctimas, tanto al momento de la denuncia como en lo que se denomina «ruta crítica», el camino que emprenden las mujeres para pedir ayuda. Tiene 200 casos activos.
Tanto Leonetti como Medina explicaron en la comisión que el aporte máximo que el Estado, en este caso el ministerio, otorga a una mujer que logra separarse y debe alquilar es de $35.000 durante seis meses. Se puede prorrogar siempre que haya una justificación.
¿Qué condiciones de precariedad y hacinamiento hay que soportar para que esta plata colabore en cubrir una necesidad básica como es la vivienda?, ¿Dónde deberían vivir?, ¿En una pieza, en una casilla?
Las profesionales subrayaron que por lo general las mujeres a las que acompañan sufren violencia económica, esto significa que dependen de los ingresos de quienes son sus agresores para sostener a su familia. Plantearon que desde 2020 no se aplican aumentos a estos aportes.
Afirmaron que una vez que la ayuda cae es muy difícil que las mujeres no piensen en retomar el vínculo si no han podido construir un horizonte, que incluya un trabajo registrado y estable.
Más allá de que pueden recibir otro tipo de ayudas (módulos alimentarios o bonos de gas), la cifra está completamente desfasada. «Le estamos dando el vuelto de los caramelos a las mujeres», remarcaron.
En qué consiste el proyecto
La iniciativa de un plan de emergencia que está en discusión actualmente fue presentada por el diputado de izquierda, Andrés Blanco (PTS-FIT). Entre las propuestas que incluye está la creación de un régimen de asistencia económica, que consistirá en una suma de dinero no retributiva mensual equivalente al valor de la canasta familiar.
Será percibida por las solicitantes durante todo el tiempo en que se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto consigan insertarse o reinsertarse laboralmente.
También prevé una prioridad en el acceso a viviendas del IPVU y el fortalecimientos de los equipos interdisciplinarios de atención.
La falta de acceso a la vivienda «aumenta el riesgo de femicidio»
La referente del Servicio de Prevención de Violencia Familiar, Cecilia Medina, dialogó con RÍO NEGRO RADIO y observó que el mayor problema para las víctimas de violencia de género suele ser la imposibilidad de pagar un alquiler o acceder a una casa. «Como las mujeres no pueden garantizar la vivienda para ellas y sus hijes termina volviendo con quien la agredió gravemente», señaló e indicó que eso «termina aumentando el riesgo de femicidio».
Claramente, la asistencia de $35.000 no alcanza para cubrir los gastos de alquiler. Medina remarcó que «es sumamente importante que se haga realidad» la ley de declaración de emergencia contra la violencia hacia las mujeres, ya que implicaría una mayor partida presupuetaria para políticas de fondo: «Cuando hablamos de fortalecer hablamos de plata. Somos unas de las provincias más ricas a nivel petróleo y no estamos destinando presupuesto».
Escuchá a la referente del Servicio de Prevención de Violencia Familiar, Cecilia Medina, en RÍO NEGRO RADIO:
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